Obras Públicas puede sancionar con dos millones a la constructora Cerro de las Olivas

La Delegación Provincial de la Vivienda de Toledo ha propuesto al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo que se sancione a la promotora Cerro de las Olivas con dos millones de pesetas por incumplimiento de sus obligaciones en la urbanización Cala del Alberche. La empresa debía haber terminado las obras en 1974 sin que cumpliera los sucesivos plazos que se le otorgaron.

La urbanización Cala del Alberche abarca una gran extensión a las orillas del río del mismo nombre, asentada en terrenos propiedad de Alfonso Güell, marqués de Comillas, quien a partir del año 1968 parceló y vendió a precios que oscilaban entre las 300.000 y las 600.000 pesetas. La empresa Cerro de las Olivas, de la que es su mayor accionista, tiene como única administradora a su esposa, María Reyes Merry del Val.En la urbanización viven actualmente unas 10.000 personas, que en los últimos seis o siete años intentan disfrutar realmente del bienestar reflejado en la propaganda. La asociación de propietarios, en su mayoría personas madrileñas de clase media, consiguieron en primer lugar paralizar la construcción de una serie de bloques que comenzaron a levantarse en una de las zonas aún libres de chalets, aunque no antes de que se construyeran varios, en los que viven hoy 1.500 personas. La paralización se basó en el hecho de que no había existido una reordenación previa de los terrenos, calificados como de vivienda unifamiliar.

Las gestiones siguientes se relacionan con la urbanización. Básicamente denuncian la insuficiencia del alcantarillado, el mal funcionamiento de las depuradoras, la poca pavimentación y la falta de agua en una de las fases. En 1974 la urbanización tenía que estar completa, y la delegación provincial, a petición de la promotora, concede un nuevo plazo hasta junio del 1976. El plazo trascurre sin que se acometan las obras, y se abre expediente por incumplimiento de contrato, que ahora ha concluido con la propuesta de sanción mencionada. Los compradores de las parcelas no pueden contar con la ayuda del Ayuntamiento de Santa Cruz de Retamar, municipio en que se enclava la urbanización. Antes, al contrario, interpusieron querellas contra el secretario municipal del mismo, al que acusan de apropiación indebida. Parece ser que la empresa cedió los viales al Ayuntamiento mediante un documento privado, y a partir de ese momento se comenzó a pasar a los vecinos recibos por tasas urbanas. Dado que este tipo de cesiones debe hacerse mediante documento público, los compradores recurrieron, y el Ayuntamiento se desmintió argumentando que la cesión no estaba hecha.