Un Ministerio para Europa

EL CONSEJO de Ministros acordó anteayer la creación de un Ministerio para las Relaciones con las Comunidades Europeas y nombró como titular del nuevo departamento al consejero del presidente Suárez y diputado de UCD. Leopoldo Calvo Sotelo. Justo la víspera de la llegada a Madrid del vicepresidente de la Comisión Europea encargado de la ampliación de la CEE, Lorenzo Natali, el Gobierno ha decantado, de manera salomónica y por elevación, la querella política administrativa que enfrentaba a los Ministerios de Economía, Hacienda y Comercio con el de Asuntos Exteriores, bajo cuya tutela se coloca al nuevo ministro, experto en temas económicos. El Ministerio para Europa supone todo un gesto de la Administración española, que confirma su política decisiva de integrarse en el seno de las Comunidades Europeas.Las Comunidades Europeas ya tienen un interlocutor válido para empezar la redacción del dictamen que sobre el ingreso de España en la CEE deberá redactar la Comisión Europea, en el curso de 1978 y principios de 1979, según encargo del propio Consejo de Ministros comunitario y de acuerdo con el procedimiento que establece el Tratado de Roma. La CEE tendrá, también, la oportunidad de globalizar ahora la mayoría de los temas que conforman en la actualidad las relaciones hispano-comunitarias (adaptación del Acuerdo de 1970, pesca, siderurgia, textiles, zapatos, etcétera) y que discurren en condiciones nada beneficiosas para los intereses españoles. Y cuando utilizamos el vocablo «globalizar» nos referimos, esencialmente, a la perspectiva política con la que debe de abordarse, desde el edificio Berlaymont de Bruselas, el conjunto de estas relaciones y no sólo la adaptación del Acuerdo de 1970, que es tema aparte y sobre cuyo futuro el Gobierno de Madrid no puede adoptar decisiones inciertas, y mucho menos cuando incierto aparece, en el horizonte comunitario, el calendario y proceso de la adhesión de España a la CEE.

Sobre esta incertidumbre bien vale insistir porque ello será primera labor del nuevo ministro para Europa y de sus partenaires de la Comisión Europea. Ante todo, y mientras se evalúan las dificultades técnicas y económicas de la ampliación comunitaria, lo que debe quedar bien claro es la voluntad política de los nueve de incluir en las fronteras del Tratado de Roma nuestro territorio sin condicionamientos de ningún tipo ni preadhesiones políticas o económicas como las que apuntaba hace dias en Madrid el presidente de la Asamblea francesa, Edgard Faure.

Esta clarificación de la voluntad política de los nueve constituye la clave del proceso integrador de España en el ámbito comunitario y debe marcar el ritmo de dicho proceso. Por encima del ballet de declaraciones que sobre esta cuestión realizan a diario los primeros políticos de los nueve se debe establecer un criterio claro y definitivo que permita a las naciones candidatas confirmar su opción europea, prepararse para la integración y, también, programar y planificar su propia economía para el período de negociación y de adaptaciones arancelarias.

Y es a la hora de intentar construir este criterio donde aparecen las máximas reticencias francesas, de las que no quedan lejanas las preocupaciones institucionales del Benelux, las laborales de la República Federal de Alemania y las agrícolas de Italia (aunque con menor intensidad). Unas reticencias que el actual Gobierno de París sitúa en los planos agrícola e institucional para España, mientras las sortea con habilidad en favor de la candidatura de Grecia, mientras, por ejemplo, se negocia en Madrid la costosa compra de 48 Mirage F-1, bajo el lema parisiense de «compre europeo». Y todo ello en contraste con la generosa postura del Reino Unido, padrino inequívoco de una Europa de los doce, aunque la llamada «Carta Callaghan» (en la que Gran Bretaña se muestra más favorable a una Europa de libre cambio que a una Europa política) explique, con facilidad, el ímpetu de Londres.