"No habrá indulto para los presos sociales", reitera el ministro de Justicia

No habrá indulto para los presos sociales, aunque las medidas que pudieran derivarse de una revisión general del Código Penal podrían equivaler a un indulto, según informó a los periodistas el ministro de Justicia, Landelino Lavilla, al término de la sesión que mantuvo ayer, a puerta cerrada, con la comisión de establecimientos penitenciarios del Senado.

Según informaciones recogidas por la agencia Efe al término de la sesión, el ministro intervino ante la comisión durante casi una hora. Reconoció que actualmente hay doce cárceles inservibles, veinticuatro completamente destrozadas y treinta en las que son necesarias grandes reformas; y explicó que la Administración va a gastar 10.500 millones de pesetas para reparar los deterioros de los establecimientos penitenciarios, de los cuales un total de 2.900 corresponden a los gastos del presente año.Distintos senadores interrogaron al ministro, al término de su informe, por espacio de dos horas. El señor Bandrés, del grupo vasco, invitó al ministro a que visite las cárceles y examine por sí mismo la situación. El señor Xirinacs, del grupo Entesa deis Catalans, se refirió a que se está reprimiendo a los presos con más conciencia cívica, mientras, en cierta forma, se premia a los que muestran menos actitudes para la convivencia ciudadana, y también aportó al ministro un reglamento confeccionado por los presos de Barcelona para la convivencia en las cárceles.

Por su parte, el socialista Alonso del Real expresó los obstáculos encontrados por la ponencia que ha investigado los establecimientos penitenciarios, y el senador Pedro Portabella, de Entesa dels Catalans, preguntó al ministro por el indulto y le pidió que informase a la prensa sobre el mismo.

En su respuesta a las preguntas de los senadores, el señor Lavilla reconoció que existe en las cárceles censura de correspondencia, y que también podía haber existido censura de prensa.

Tras la intervención del ministro, figuraba en el orden del día de la reunión el informe de la ponencia sobre la situación de las cárceles españolas, y la elección de una segunda ponencia. La comisión acordó que el informe no podía darse por terminado mientras la ponencia no visite el penal del Dueso, donde están siendo concentrados los presos de la Copel.

No se respetan los derechos humanos

No obstante, y de forma oficiosa, la ponencia primera facilitó el informe que tenía preparado sobre la investigación llevada a cabo en los establecimientos penitenciarios En el mismo, la ponencia estima que actualmente «en la mayoría de los establecimientos penitenciarios, por razones diversas, no se cumplen las exigencias mínimas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos».El interno -añade el informe- se siente desasistido en su defensa judicial, y se ha comprobado la excesiva prolongación en el tiempo (en algún caso hasta cuatro años) de la situación de preventivos en espera de juicio. Se ha comprobado en amplios sectores de internos el deseo de poder ejercer el derecho de asociación, mientras los funcionarios desean que se les conceda el derecho de libre asociación sindical. También se constata la inexistencia de un sistema de enseñanza acorde con los derechos ciudadanos, y la carencia de medios y dedicación profesional en la asistencia sanitaria a los internos.