El PNV plantea una enmienda a la totalidad del capítulo de las autonomías

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) plantea, entre sus enmiendas constitucionales, una a la totalidad del titulo VIll (autonomías). La principal finalidad de la misma es reducir la lista de competencias atribuidas al Estado y aumentar las correspondientes a los territorios autónomos. Asimismo, el PNV plantea la abolición de la pena de muerte, supresión de limitaciones al derecho de huelga y otros temas, según figura en sus enmiendas, cuyo texto íntegro fue hecho público ayer en Bilbao.

La primera enmienda surge ya en el artículo primero, apartado dos, en la que el PNV propone el siguiente texto: «Los poderes de todos los órganos del Estado emanan de los pueblos que lo forman, en los que reside la soberanía.»En la enmienda referida a la pena de muerte (artículo quince), el PNV pide la abolición de la misma, proponiendo se añada al texto la frase «no podrá imponerse como pena la privación de la vida».

En el mismo título de derechos y deberes fundamentales, el PNV propone una enmienda al artículo veintidós, en el sentido de que al hablar de asociaciones y fundaciones que atenten al ordenamiento constitucional sólo se considere delictiva su actuación en el caso de que se use la violencia («las asociaciones y fundaciones que atenten con violencia al ordenamiento constitucional o intenten fines...»).

La plena igualdad moral y jurídica para ambos cónyuges es el resumen de una enmienda hecha al artículo veintisiete del título dos. El PNV opina que la edad para contraer matrimonio no es materia de Constitución. Asimismo, consagra la igualdad jurídica del hombre y la mujer, modifica la fórmula de la «patria potestad», e incluye también como causas de divorcio o disolución matrimonial civil el mutuo disenso, y la petición de uno de ellos con causas justificadas.

Dentro también del segundo título, y al referirse al artículo 31, el PNV pide se reconozca el derecho de huelga de los trabajadores sin ningún tipo de condiciones. Es decir, el PNV se muestra contrario al veto que el proyecto pone a las huelgas como métodos de presión política.

En lo que hace referencia a la Corona, el PNV ha hecho muy pocas enmiendas. Los portavoces del partido señalan que han preferido hacerlo así porque, aun considerándose republicanos, un enfrentamiento total contra la Corona podría perjudicarles en la consecución de otras reivindicaciones más importantes para Euskadi. «Nos reservamos nuestra posición frente a la aceptación o no a la Monarquía a la espera de los acontecimientos. Es esta una actuación "estratégica" que puede variar, dependiendo de lo que tratemos en las comisiones y posteriormente en el Pleno.»

La misma reserva hace el PNV con respecto al apartado del carácter y constitución del Senado, a la espera de que «alguien nos informe a fondo». Los responsables del partido esperan los debates de las comisiones y la misma dinámica del Pleno para pronunciarse sobre el tema.

Quizá sea la enmienda al artículo 131 del título ocho, referida a los territorios autónomos, donde el PNV ha puesto más énfasis, modificando totalmente el procedimiento de iniciativa autonómica. Según la fórmula propugnada por el partido, tras la aprobación del proyecto de estatuto por la mayoría de la Asamblea de Parlamentarios, éste será remitido al Gobierno, que deberá convocar en el territorio correspondiente un referéndum en el plazo de tres meses, para ratificar o no en bloque el proyecto elaborado. Si el proyecto es aprobado por mayoría de votos será elevado a las Cortes Generales para su consideración y aprobación definitiva. Las Cámaras deben pronunciarse sobre la constitucionalidad o no del proyecto, aprobando o rechazando el mismo en su totalidad. Si aquél es aprobado, sólo quedará ya la promulgación real. En caso contrario, se apelar a al Tribunal Constitucional, y si éste se pronunciara negativamente, se obligaría a reiniciar todo el proceso desde la Asamblea de Parlamentarios.

La única enmienda a la totalidad del paquete presentado por el PNV corresponde al artículo 138, que hace referencia a las facultades o competencias del Estado.

Dentro de estas competencias que el PNV cree deben pasar a manos del territorio autónomo, destaca la de orden público. El partido propugna la supresión de la policía territorial y la de orden público, y únicamente prevé la cooperación del Estado y los territorios autónomos en materia de policía criminal y de defensa de la Constitución.