Monarquía constitucional, como forma de gobierno, y defensa de la propiedad social

La máxima originalidad de las 197 enmiendas formuladas por el Partido Socialista Popular (PSP) consiste en la inserción de un preámbulo que antecede a la Constitución, en el que se fijan las motivaciones y finalidades últimas del acto constituyente ejercido por las Cortes. Asimismo, otra de las enmiendas propugna la propiedad social y la cooperativa, relegando a un último término la propiedad privada.El texto del preámbulo propuesto por el PSP es el siguiente: «El pueblo español, en ejercicio de su soberanía, después de un largo período sin régimen constitucional, denegación de las libertades públicas, de desconocimiento de los derechos de las nacionalidades y regiones que configuran la unidad de España, para garantizar la convivencia democrática, dentro de la Constitución y de las leyes, conforme a un orden económico justo; consolidar un Estado de Derecho que asegure la independencia y relaciones entre los poderes del Estado; proteger a todos los ciudadanos y pueblos de España en el ejercicio normal de los derechos humanos, de sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones; establecer una sociedad democrática avanzada, y colaborar en el establecimiento de unas relaciones pacíficas con todos los pueblos de la Tierra.

Los representantes del pueblo español, como expresión de la reconciliación nacional, reunidos en Cortes, aprueban la siguiente Constitución.»

Forma de gobierno

Respecto a la forma de gobierno una enmienda del PSP propone que «es la monarquía constitucional». Justifica el partido del profesor Tierno el adjetivo constitucional como más completo que el de monarquía parlamentaria que figura en el anteproyecto. Asimismo, estima que la expresión forma de gobierno es técnicamente más precisa que la de «forma política del Estado».

Una enmienda al artículo cuatro establece que los partidos políticos expresan el pluralismo democrático y concurren a la formación y a la manifestación popular ( ... ). El PSP justifica la enmienda en la conveniencia, siguiendo la doctrina comparada, de constitucionalizar la democracia interna de los partidos, su financiación estatal y el control por el Tribunal Constitucional.

Cierta originalidad ofrece la enmienda que establece la capital del Estado en la villa de Madrid, añadiendo que podrán establecerse, de acuerdo con la ley, órganos y servicios en otros municipios de España, con objeto de facilitar la descentralización.

Abolición de la pena de muerte

Las enmiendas del PSP pretenden la abolición de la pena de muerte; el control parlamentario de los medios de comunicación social; excluye el carácter retributivo de la pena y los efectos desfavorables que la misma implica en la familia del delincuente; establece la penalización de los delitos, fiscales; defiende el principio de educación permanente y restringe la financiación del Estado a centros privados; amplía el derecho a sin dedicarse libremente, y suprime las limitaciones al derecho de huelga; establece el principio de planificación económica y social y la igualdad tanto personal como territorial; fija la duración de las Cortes Generales en cuatro años prorrogables, y mantiene el cargo de presidente de las Cortes Generales, que recaerá en el presidente del Congreso.

También pide la supresión del artículo 72, por entender que la reserva de ley debe alcanzar todas las materias que las Cortes Generales entiendan por convenientes; atribuye la iniciativa popular al 10 % de los electores -el anteproyecto decía 500.000 electores-, y suprime las limitaciones a esta iniciativa; consagra el principio de gratuidad de la justicia sin excepciones; establece la institución del jurado y la incorporación de ciudadanos a los tribunales cuando el interés social lo requiera; introduce la participación de los trabajadores en distintos organismos públicos y en las empresas tanto públicas como privadas, y propone la regulación de las inversiones extranjeras.

Estado y territorios autónomos

Por lo que se refiere a las autonomías, el PSP admite que cada uno de los territorios autónomos adopte, en su estatuto, la denominación que mejor le corresponda; establece un procedimiento que evita posibles demoras en la elaboración de los estatutos autonómicos y permite que su contenido sea fiel reflejo de la voluntad popular de una nacionalidad o región.

Modifica la distribución de competencias entre el Estado y los territorios autónomos, contemplando la posibilidad de que tales territorios no asuman algunas de las competencias que se les atribuye.

En numerosos puntos de sus enmiendas, el PSP se suma a los criterios expuestos en los votos particulares de los grupos de izquierda, preferentemente PSOE y PCE.