Un millón de emigrantes tendrán que abandonar Francia

La patronal francesa CNPF ha provocado una nueva ola de protestas, de las centrales sindicales y de una parte de la opinión pública, al pedir que a lo largo de los siete años venideros, retornen a sus países de origen la mitad de los trabajadores inmigrados, es decir, un millón aproximadamente. Con esta medida, la patronal desearía acelerar la solución del desempleo, pero las estadísticas oficiales prueban que, en este aspecto, como en el económico, el resultado sería nulo o negativo incluso.

El vicepresidente de la patronal, Ambroise Roux, en la asamblea general de esta organización, celebrada hace dos días, fue quien pidió una «acción prudente y progresiva, pero constante» para reducir a un millón el número de inmigrados, de aquí a 1985, según cálculos de la central sindical CFDT, socialista autogestionaria, si se piensa en las familias «el número de expulsados anuales ascendería a 300.000», este mismo sindicato y otras organizaciones estimaron que el proyecto patronal equivale a «hacer de los trabajadores inmigrados los responsables de la solución del paro» y que el resultado último consistiría en aumentar «un cierto clima racista». Durante los últimos años, ochenta argelinos han sido asesinados en Francia; días pasados, en un baile popular de Saint Julien (Alta Saboya), cuando dos tunecinos intentaron entrar se les hizo saber que la divisa del establecimiento era la siguiente: «Se prohibe la entrada a los perros y a los norteafricanos.»

En realidad, la solución del desempleo por medio de la «expulsión» de los extranjeros ha sido defendida constantemente: cuando era primer ministro el líder gaullista, Jacques Chirac, ya hizo suya esta posibilidad.