Más allá de los informes oficiales

La encuesta que se publica en estas páginas ha sido realizada entre los presos del centro penitenciario de Carabanchel a finales de 1977. Su realización ha sido efectuada por los propios presos, aunque con la orientación de un grupo de abogados, en lo que se refiere a los temas planteados en las preguntas. En éstas no se aborda un estudio global de la población reclusa encuestada, sino que se plantean temas que son desconocidos de la opinión pública y que no aparecen en los informes oficiales (memorias anuales) de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias y de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Su autenticidad está plenamente garantizada, ya que se ha exigido que cada respuesta entregada lleve la firma del encuestado.La encuesta, primera que se hace de esta naturaleza, se ha realizado sobre quinientos presos del centro de Carabanchel, prácticamente todos los que están sometidos al régimen común de la prisión. Se ha exceptuado a los que están en el reformatorio, aproximadamente 150, por la práctica imposibilidad de acceder a ellos, a los presos políticos y a los extranjeros, alrededor de un centenar. Un dato a tener en cuenta, por la especial dimensión que otorga a las respuestas, es que la mayoría de los encuestados son presos preventivos, cosa natural, por otra parte, si se tiene en cuenta que el centro penitenciario de Carabanchel es fundamentalmente para reclusos pendientes de juicio. De los quinientos presos encuestados han contestado 432, es decir, el 86,4 %, aunque en los resultados se incluye a los 68 que no contestaron por las razones que fuere.

En general, las respuestas a la encuesta se pueden englobar en cinco grandes apartados. El primero de ellos muestra la frecuencia de reincidentes relacionada con unos comienzos muy tempranos de delincuencia, que suele ir precedida de una permanencia inútil y seguramente nefasta en el reformatorio o el correcional.

El apartado segundo se refiere a la precaria relación entre el recluso (no hay que olvidar su condición de preventivo) y la Administración de Justicia, debido, seguramente, entre otras causas, a los problemas de orden personal y de escasez de personal que aquejan a esta última. La relación del recluso con el abogado y, en general, la asistencia jurídica que recibe se plantean en las respuestas nueve, doce, trece, catorce y quince. Se observa que son mayoría los presos que no tienen abogado, seguramente porque no pueden pagar sus servicios, y que, en cualquier caso, la intervención del abogado, cuando existe, es completamente tardía, pues la mayor parte de los reclusos ni conocen su petición fiscal ni han recurrido los autos de prisión y de procesamiento.

El apartado cuarto contempla el universo disciplinario del recluso (sanciones, celdas y traslados), cuyos caracteres de dureza parecen demostrar que el movimiento reivindicativo ha prendido entre los presos. Finalmente, las respuestas veintidós, veintitrés y veinticuatro muestran el origen social y el nivel educativo de los encuestados. Puede observarse que una amplia mayoría procede de las clases proletarias y que no logra sobrepasar la enseñanza básica.

La encuesta, que sin duda alguna constituye una consulta válida y representativa, puede aportar un material de primera mano a las comisiones investigadoras del Congreso y del Senado sobre la situación penitenciaria, a los organismos oficiales penitenciarios y a la Administración de Justicia. Sin olvidar, por supuesto, a los penalistas, sociólogos, psicólogos y criminólogos, que deben analizar los resultados, y a la propia sociedad española que, a través del conocimiento de esta encuesta, puede llegar a una comprensión más ajustada a la realidad del fenómeno penitenciario en nuestro país.