Aceptadas a trámite por el Congreso tres proposiciones de ley socialistas

Tres proposiciones de ley socialistas fueron ayer aceptadas a trámite por el Pleno del Congreso. Dichas proposiciones hacen referencia a la asistencia de letrado al detenido desde el momento de la detención, modificación de la ley de Peligrosidad Social y modificación de los artículos del Código Penal relativos a la tortura. Fue rechazada, entre otras, la proposición sobre acción sindical en la empresa, y se aprobó el proyecto de ampliación de aguas jurisdiccionales a doscientas millas.

El presidente del Congreso de Diputados, Fernando Álvarez de Miranda, se hizo ayer eco, al iniciarte el Pleno de la Cámara, de las valoraciones críticas al anteproyecto de Constitución aparecidas últimamente en algunos medios informativos. El señor Alvarez de Miranda, con energía y convencimiento, anunció que la Cámara estudiará el anteproyecto de Constitución tal y como ha sido elaborado por la ponencia. «No lo vamos a tirar por la borda -dijo-, aunque haremos las reformas necesarias.»Tras esta intervención, fuera del orden del día, del presidente del Congreso, se inició la sesión plenaria para abordar la toma en consideración de varias proposiciones de ley presentadas por el grupo parlamentario Socialista.

Por primera vez, fueron acepta das por el Pleno del Congreso algunas de ellas.

Asistencia letrada al detenido

El grupo Socialista planteó la inclusión de la asistencia letrada al detenido desde el momento de su detención mediante una proposición de ley sobre la reforma de ciertos artículos (333 y 501 bis) de la ley de Enjuiciamiento Criminal. Joaquín Ruiz Mendoza (PSOE). Manifestó que la proposición presentada por su grupo tiene su base en la declaración de los Derechos Humanos y en el Pacto de los Derechos Civiles de Nueva York, aparte de que el tema está recogido en el anteproyecto de Constitución.

Emilio Attard (UCD). Declaró que el Gobierno tiene preparado un proyecto de ley sobre el tema, según lo establecido en los pactos de la Moncloa. El proyecto guberdamental tiene más rigor técnico y mayor coherencia que el socialista, por lo que la toma en consideración de este último puede efectuarse en el sentido de que se acumule al proyecto de ley del Gobierno.

Puesta a votación la proposición de ley, fue aceptada por 255 votos a favor, seis en contra y catorce abstenciones.

Peligrosidad social

Respecto a la proposición de ley presentada por el grupo Socialista sobre la modificación de la ley de Peligrosidad Social, el dictamen el Gobierno fue emitido en el sentido de que la proposición ha sido redactada apresuradamente y deja intactos los problemas de fondo. Las principales intervenciones en el Pleno fueron las siguientes:

José Albiñana (PSOE). Manifestó que los aspectos que su grupo intenta derogar fueron introducidos en los últimos momentos de la dictadura (1974); aludió a la persecución de ciertas actividades juveniles. de los enfermos mentales y a la agravante de habitualidad que se recogen en la ley de Peligrosidad Social.

Landelino Lavilla (ministro de Justicia). Declaró que el Gobierno ha decidido no hacer objeción a la toma en consideración de la proposición de ley socialista porque tiene intención de preparar una auténtica ley de protección social, en aplicación del pacto de la Moncloa. Manifestó que la proposición socialista era insuficiente para enfrentarse con los problemas derivados de la reforma de la ley de Peligrosidad Social.

La proposición de ley fue tomada en consideración por 261 votos a favor, quince en contra y nueve abstenciones.

Fueros personales

El grupo socialista pretendía, con la toma en consideración de la proposición de ley sobre supresión de fueros personales, que diversos grupos de funcionarios (personal del Movimiento, altos cargos de la Administración, policía, entre otros) están sometidos a la jurisdición ordinaria. El Gobierno dictaminó en su día que no procedía la toma en consideración de la proposición, porque ya tiene preparado un proyecto de ley sobre la supresión del fuero especial.

La proposición de ley fue rechazada por 146 votos frente a 131 y una abstención.

También fue rechazada por 153 votos contra 130 y una abstención la proposición de ley sobre derogación de los aspectos todavía vigentes del decreto-ley antiterrorismo, de agosto de 1975, presentada por el grupo socialista, se basa en que, a juicio de este grupo, dicha disposición es un anacronismo. El Gobierno dictaminó que está de acuerdo con la derogación, pero no considera necesaria para ello la presentación de una proposición de ley, ya que en el proyecto de reforma de la ley de Orden Público se establece expresamente la derogación de todos los residuos del decreto-ley antiterrorista.

La tortura

La modificación de cinco artículos del Código Penal relativos a la tortu ra, objeto de una proposición de ley presentada en su momento a la Comisión de Justicia del Congreso, fue defendida por el grupo socialista. El Gobierno aceptó a trámite la proposición de ley, como ya había hecho en la citada Comisión, aunque anunciando unas profundas modificaciones técnicas. Sometida a votación la consideración a trámite fue aceptada por 259 votos a favor, seis negativos y cuatro abstenciones (aunque se desconocía anoche la procedencia de estos votos, se presume , que provienen de Alianza Popular).

Joaquín Ruiz Mendoza (PSOE). En nombre del grupo socialista defendió la proposición de ley en el sentido de que viene a poner coto legal al trato degradante, inhumano y cruel que se ha venido dando en nuestro país,a muchos presos, con el fundamento político de defender a la seguridad del Estado. Señaló que unas Cortes democráticas han de ser congruentes con el proyecto de Constitución y con la declaración de los Derechos Humanos. Ahondando en sus argumentaciones, aseguró que la tortura no resuelve nada, porque «la historia no se para».

Antonio Vázquez Guillén (UCD). En, nombre del Gobierno se refirió a los defectos técnicos de la proposición de ley socialista, pero añadió que UCD ni como partido ni como Gobierno asume conductas anteriores a su llegada al poder y reprobadas por todos. Citó a Jean Paul Sartre para declarar que el tormento o la tortura convierten al ser humano en un subhombre. Manifestó que aunque es muy difícil probar tales conductas, aceptaba que se han podido producir en determinadas fuerzas del orden o policiales, pero no genéricamente. Añadió que la proposición de ley dislocaba técnicamente la sistemática del Código Penal, pero que, en definitiva, venía a regular las conductas de los funcionarios públicos de un modo ya previsto en los pactos de la Mocloa.

Acción sindical en la empresa

Nicolás Redondo (UGT). Defendió la proposición de ley socialista sobre acción sindical en la empresa por estimar este grupo que el proyecto de ley presentado por el Gobierno adolece, además de sospechoso oportunismo, de una aúsencia notable: «No hace referencia a la acción sindical en la empresa.» Aludió al cúmulo de trabas legales y administrativas que vienen padeciendo las centrales sindicales democráticas para actuar en el seno de la empresa, a pesar de haber sido legalizadas el 28 de abril.

Ácusó al Gobierno de obstaculizar el desarrollo de las centrales, y consideró que era irresponsable su actitud.

Manuel Jiménez de Parga (ministro de Trabajo). Declaró que el Gobiemo es partidario, evidentemente, de la existencia de representantes de los trabajadores en las empresas. Afirmó que el proyecto del Gobierno contempla la acción sindical, aunque su regulación no sea la que solicita el grupo socialista. Dijo que existen en los países europeos dos formas de acción sindical en la empresa, igualmente democráticas. En algunos de ellos se ha admitido la actuación directa de los sindicatos en la empresa, mientras en otros intervienen directamente por su influencia sobre los órganos representativos elegidos por los trabajadores. El proyecto del Gobierno se sitúa a medio camino entre una y otra forma existentes en Europa.

El proyecto socialista fue rechazado por 125 votos a favor, 144 en contra y tres abstenciones.