El "caso Lockheed" podrá verse en marzo próximo

Dos años después de que surgieran los primeros datos sobre el «caso Lockheed» en España, parece vislumbrarse ya la cuenta atrás para la iniciación del juicio correspondiente ante el Consejo Supremo de Justicia Militar. La causa, que entró en la fase de plenario en octubre pasado, acaba de ser calificada por José María Gil-Robles, abogado defensor del general Luis Rey, uno de los dos militares presuntamente implicados en el caso. Si se sigue el mismo ritmo que hasta ahora en el cumplimiento de los plazos procesales, la causa podrá ser vista en marzo próximo.Las conclusiones provisionales del señor Gil-Robles en lo que se refiere a la participación en el affaire de su defendido han sido remitidas a la Sala de Justicia del Consejo Supremo de Justicia Militar, que instruye la causa. El señor Gil-Robles ha pedido la traducción de determinados documentos remitidos por la compañía aeronáutica estadounidense Lockheed, a fin de que puedan servirle de prueba en su defensa. En su día, el señor Gil-Robles solicitó del Consejo Supremo de Justicia Militar la declaración como testigos de los ex ministros señores Cuadra Medina y Salvador Díaz-Benjumea, en relación, fundamentalmente, sobre las informaciones que se piden en los casos de ascenso o nombramiento para puestos de superior categoría, pero la petición fue denegada.

La primera información oficial sobre el «caso Lockheed» en España fue facilitada en el informe hecho público por la fiscalía del Tribunal Supremo, a requerimiento del Gobierno, en noviembre de 1976. Según dicho informe, no se comprobaron indicios de soborno para favorecer las operaciones de la Lockheed en España, aunque sí ciertas irregularidades en lo que se refiere a la administración de la compañía en nuestro país. El informe precisaba que un total de cinco personas -dos militares y tres civiles- percibieron en conjunto 73 millones de pesetas en comisiones de la compañía norteamericana. Cuatro meses después de la publicación de este informe, y una vez que el caso pasó a la jurisdicción militar, el Consejo Supremo de Justicia Militar dictó auto de procesamiento contra el general Rey y contra el coronel Carlos Grandal, ambos del Ejército del Aire, que desempeñaban hasta la fecha de sus ceses los cargos de director del Servicio de Control de Emisiones Radioeléctricas del antiguo Ministerio del Aire, el primero, y subdirector general de Transportes Aéreos, en el mismo departamento ministerial, el segundo. El auto de procesamiento se refería al «funcionario público que, prevaliéndose de su cargo, ejerciese alguna profesión directamente relacionada con la esfera de sus atribuciones oficiales o interviniese directa o indirectamente en empresas o asociaciones privadas con móvil de lucro».

La dimensión judicial del «caso Lockheed» en España no quedó reducida sólo al procesamiento de dos militares. El abogado Miguel Cid intentó ejercer la acción popular prevista en la ley para ahondar en lo que él mismo calificó de «punta del iceberg de un escándalo de corrupción que representa la de otros nomerosos casos que durante cuarenta años se han venido practicando en nuestro país de forma normal». En lo que se refiere al proceso iniciado por el Consejo Supremo de Justicia Militar, el sumario fue concluido en septiembre pasado y el fiscal militar evacuó el trámite de conclusiones provisionales en noviembre pasado. Una vez cumplido el mismo trámite por el defensor del general Rey, el sumario, que consta de unos 8.000 folios, pasará a la calificación del defensor del coronel Grandal, letrado Horacio Oliva.