La exclusión de los conciertos económicos fue el punto más negativo en las negociaciones

El régimen preautonómico vasco se parece tan poco en su redacción final al que elaboraron conjuntamente PNV y PSOE que algún parlamentario ha manifestado que no entendía muy bien los problemas de última hora surgidos en tomo a un decreto-ley que en realidad es obra del Gobierno. Lo cierto es que los partidos vascos han tenido que dejar en la cuneta de las negociaciones algunos temas muy vivamente sentidos, como los conciertos económicos -reducidos a una vaga formulación de respeto- y la democratización inmediata de ayuntamientos y diputaciones.

Los partidos vascos que apoyan el régimen preautonómico, que son todos menos cinco grupos que se han desmarcado por la izquierda al considerarlo poco satisfactorio, están de acuerdo en señalar que el principal logro del nuevo texto legal consiste en la delimitación del ámbito geográfico del País Vasco con la inclusión de Navarra.En el artículo primero del decreto se establece así que el Consejo General del País Vasco es el órgano común de los territorios históricos que pudiendo formar parte de él decidan libremente su incorporación al mismo. Esos territorios son Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. Por primera vez en un texto legal español la suerte de las cuatro provincias aparece ligada, de derecho, a un órgano común de gobierno que no ha existido, de hecho, a lo largo de la historia.

No quiere esto decir que Navarra vaya a entrar en el Consejo General desde el primer momento, y aún cabe la posibilidad de que no lo haga nunca. El procedimiento que se arbitra en el propio texto para ejercitar esa libertad de incorporación comprende dos etapas. En la primera, hasta las elecciones municipales, decidirán provisionalmente los parlamentarios de cada provincia. Después de las municipales la decisión definitiva recaerá en las juntas generales de Vizcaya, Guipúzcoa y Alava y en el organismo foral competente de Navarra.

A la vista de esta formulación está claro que hasta las elecciones municipales el Consejo General vasco se constituirá con representantes de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, dado que en el Consejo parlamentario navarro son mayoría los miembros de UCI) y es manifiesta su negativa a incorporarse al País Vasco.

A la vista del decreto-ley, la composición del Consejo General será la siguiente: seis miembros del PSOE; cinco del PNV, tres de UCD y uno de Euskadiko Ezkerra. Tanto socialistas como nacionalistas ya han anunciado públicamente que aspiran a la presidencia. Sus candidatos son Ramón Rubial (PSOE) y Juan Ajuriaguerra (PNV). El voto de UCD terminará por ser decisivo si los dos, partidos mayoritarios no se ponen de acuerdo para apoyar a un único candidato.

En opinión del los socialistas, el presidente tenía que haber sido el «lendakari» Leizaola, con la condición de que se autodisolviera el Gobierno vasco, pero éste ha decidido que continuará, al menos, hasta las elecciones municipales, y que después de ellas someterá el tema a las Juntas Generales, a las que considera como Asamblea vasca.

Este Consejo General deberá formarse en un plazo de diez días a partir de la publicación del decreto-ley en el BOE.

Capítulo importante constituyen las atribuciones que el propio decreto-ley reconoce al Consejo General vasco: elaborar sus normas reglamentarias; designar sus órganos ejecutivos y crear los servicios necesarios; resolver sobre las competencias que le hayan sido transferidas por la Administración; coordinar las actividades de las diputaciones que sean de interés general para el País Vasco; realizar la gestión de los servicios que le sean transferidos y proponer al Gobierno medidas que afecten al País Vasco.

En relación con el régimen preautonómico catalán, que es el único que puede servir de referencia, al Consejo General se le reconocen dos facultades que explícitamente no tiene la Generalitat: resolver sobre las materias que afecten exclusivamente al País Vasco y proponer medidas al Gobierno.

El punto más negativo de las negociaciones preautonómicas es, probablemente, el relativo a los conciertos económicos de Vizcaya y Guipúzcoa, tema que se relega a una disposición final mediante la cual se crean comisiones mixtas que propongan al Gobierno las medidas necesarias.