Crédito de ochocientos millones para el Metro

La comisión interministerial que estudia actualmente las formas económicas para solucionar el problema del Metro madrileño ha elaborado un primer informe en el que se señala la cifra de ochocientos millones como cantidad inicial para paliar los problemas financieros más urgentes, cifra que se conseguiría mediante la petición de un crédito al Banco de España.La comisión interministerial está formada por un representante del Ministerio de Economía, tres de Hacienda, tres de Transportes y Comunicaciones, dos representantes del crédito oficial y otros tres de la Administración Local, que comprende el Ayuntamiento, Gobierno Civil y Diputación Provincial.

La comisión se encarga, fundamentalmente, de estudiar tres grandes cuestiones: los problemas financieros que plantearía la desprivatización de la Compañía Metropolitano, la norma legal para proceder a esta operación y las líneas de la política de tarifas exigibles para compensar gastos e ingresos.

En cuanto a la política de tarifas, se ha propuesto una subida de precios escalonada, que comenzará el próximo 8 de enero, en que el billete costará ocho pesetas, y que culminaría hacia 1980, en que el precio del viaje se situará en las dieciocho pesetas.

En cuanto a la financiación, el informe señala la necesidad de conseguir un crédito- puente de 1.500 millones de pesetas del Banco de España, cantidad que luego rebajó hasta ochocientos millones, considerados como el mínimo para sacar al Metro del punto muerto en que se encuentra desde hace años.

A largo plazo, los planes respecto al Metro apuntaban la creación de un consorcio de transportes, en el que se englobarían otros medios de comunicación, como los autobuses de la EMT. El Ayuntamiento de Madrid se haría cargo del tema a través del consorcio. El problema de la financiación de la desprivatización podría hacerse de dos formas diferentes. O aplicando la ley de expropiaciones, lo que supondría unos 2.200 millones de pesetas, que se pagarían a los actuales accionistas mediante obligaciones, o mediante el canje de las acciones del Metro por acciones de la Telefónica, solución preferida por el Ayuntamiento, rechazada ya en la comisión, pero que podría volver a plantearse.