Hay medio centenar de presos políticos, según sus defensores

Cuarenta y nueve personas permanecen recluidas en distintas prisiones de España por delitos políticos, según pusieron de manifiesto abogados defensores de varios de estos presos en una rueda de prensa celebrada ayer en el despacho del letrado González Berzosa.De estos 49 presos y detenidos políticos, treinta son presuntos miembros de los GRAPO, seis del Partido Comunista reconstituido (PCE r), tres del Partido Comunista de España internacional (PCE i), nueve del MPAIAC y uno de ETA. Este último es José David Alvarez Penna, que resultó herido al participar en el ataque a la central nuclear de Lemóniz. Entre los 43 presos, ocho son mujeres; de ellas, siete presuntos miembros de los GRAPO y una del PCE i.

Según los abogados, la última persona detenida por delitos de intencionalidad política es Isabel Santamaría del Pino, quien se encontraba en libertad bajo fianza por su presunta participación en una refriega entre miembros de los GRAPO y policías en una estación de Metro de Barcelona, y cuyo ingreso en prisión fue ordenado por el juez que instruye el sumario, al estimar posible también su participación en el asalto a una sucursal bancaria.

A lo largo de la rueda de prensa se informó también sobre la situación en la cárcel de Carabanchel, en una de cuyas galerías no hay ni calefacción ni agua corriente.

Puestos al habla con el subsecretario de Justicia, Juan Antonio Ortega Díaz Ambrona, manifestó a EL PAIS que, según sus noticias, no existe un solo preso político en España en estos momentos. «El último preso político de ETA era Aldanondo, y fue puesto en libertad», añadió. Ortega Díaz Ambrona afirmó que, aunque no conocía con exactitud la lista proporcionada por los abogados, a su juicio está absolutamente claro que los presos a los que se alude en la misma lo están por haber cometido presuntamente delitos comunes. «Son delitos comunes con intencionalidades varias, entre ellas la política, pero en todos los pactos internacionales sobre estos temas se adjudica una tipificación de común a delitos de terrorismo o violencia.»

El subsecretario de Justicia estimó que estas confusiones son las que están perturbando la situación de los presos comunes. «Parece el cuento de nunca acabar», dijo. «El delito político está tipificado en el Código Penal en el ámbito de las libertades públicas, y ninguno de los delitos cometidos presuntamente por esos presos cae en ése ámbito, sino en el de atracos, atentados, etcétera», terminó.