Las nacionalidades, primera piedra de toque para el debate de la Constitución

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) mantiene por ahora su voto particular al proyecto constitucional, en el sentido de que se suprima la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado y se introduzca la figura del presidente de la República. El PSOE, que hizo públicos ayer sus votos particulares, es el único partido que propone la fórmula republicana, ya que el Partido Comunista de España (PCE) ha renunciado a ella. Alianza Popular, por su parte, rechaza de plano todo el título VIII, sobre las nacionalidades.Cuatro grupos parlamentarios -socialistas, comunistas, Alianza Popular y minoría catalana- han hecho públicos sus votos particulares al definitivo borrador constitucional. Salvo que el PSOE mantenga hasta el final su voto republicano, la discusión a fondo se iniciará probablemente con el artículo dos, que alude a las nacionalidades y regiones, ya que Alianza Popular se niega a aceptar el término de nacionalidad.

Si se examinan los principales votos particulares presentados por el PSOE, se descubre una mayor preocupación por la especificación de los derechos fundamentales y por los planteamientos económicos. Así, los socialistas, proponen, además de la abolición de la pena de muerte, en lo que coinciden con comunistas y catalanes, el derecho al desarrollo de la sexualidad, que podría interpretarse como un reconocimiento de la homosexualidad.

El PSOE ha optado por eludir el tema del aborto, mientras que el PCE lo mantiene «en beneficio de una paternidad responsable», mientras que los dos coinciden en la necesidad del divorcio. Los socialistas y la minoría catalana proponen también el reconocimiento de la cláusula de conciencia para los periodistas, es decir, su derecho a abandonar, con previa indemnización, una empresa cuyos planteamientos ideológicos hayan variado sustancialmente.

La actividad empresarial

El artículo 32 será objeto de un importante debate, ya que, al menos, se han presentado tres votos particulares al mismo. Dice textualmente, en su apartado segundo « El empresario tiene derecho a establecer las condiciones de empleo, de acuerdo con criterios de productividad, y a adoptar medidas de conflicto colectivo, sin perjuicio de las limitaciones expresas que al ejercicio de estos derechos pueda establecer la ley» Alianza Popular propone que, además, se respete la fórmula que figuraba en el primer borrador, por la que se reconocía la libre economía de mercado. Por el contrarío, el PSOE y el PCE proponen que se suprima este apartado completamente.

Otro tema que, pese a su aparente aridez, puede ser objeto de enconado debate es la propuesta socialista de suprimir los artículos 72 y 79 en los que se establecen las materias que habrán de ser reguladas por ley y la potestas reglamentaria del Gobierno.

Igual importancia tiene la propuesta, anunciada en su día y que seguramente se mantendrá hasta el Pleno en que se debata la Constitución, de que para presentar una moción de censura contra el Gobierno no sea preciso proponer simultáneamente un nuevo candidato a la presidencia del Gobierno.

El título VIII, por el que se regulan los territorios autónomos, ha sido objeto, en su totalidad, de un voto particular de Alianza Popular, que propone alternativamente una nueva redacción en base a los siguientes supuestos: el territorio de España se divide en regiones, provincias y municipios... La región, la provincia y el municipio son a la vez entidades autónomas y base territorial de la acción administrativa del Estado... Cada provincia es regida por una diputación provincial elegida democráticamente... Las provincias limítrofes podrán constituirse en regiones, por acuerdo de las cuatro quintas partes de sus ayuntamientos y de la totalidad de sus diputaciones provinciales... Las regiones podrán optar por el régimen de mancomunidad o por el de región autónoma.

El planteamiento de Alianza Popular difiere sustancialmente del texto del borrador, y aún más de las modificaciones parciales que proponen, tanto los socialistas como la minoría catalana. El PSOE pretende que los territorios autónomos puedan recurrir al Tribunal Constitucional cuando las Cortes rechacen un estatuto, y los catalanes desean que el Gobierno no esté capacitado para reenviar, para un estudio más reposado, una ley elaborada por una Asamblea. Más importante aún, la minoría catalana propone que el Estado no actúe de mediador en los intercambios o colaboraciones financieras entre dos territorios autónomos.

El PCE, por su parte, desea subrayar el carácter constituyente de las actuales Cortes y propone, como disposición transitoria, que las dos Cámaras se disuelvan antes del 31 de diciembre de 1978, con la consiguiente convocatoria de nuevas elecciones generales.

Por último, Alianza Popular insiste en sus deseos de que la unidad de España quede absolutamente asegurada mediante la introducción de un artículo que impida modificar en futuras reformas constitucionales todo lo que afecte a la unidad del Estado.

Los votos particulares de Unión de centro Democrático van a ser objeto de alguna modificación por lo que los responsables del partido han decidido no hacerlos públicos por ahora. Se sabe, sin embargo, que UCD presentó en su día una reserva técnica general a todo el título VIII, que trata de las nacionalidades.