Política monetaria y control parlamentario

He de comenzar diciendo que no es mi intención polemizar con el señor Barón, y ello por dos razones. Primero, porque siendo yo funcionario del Banco de España, mi deber es ejecutar leal y eficazmente las directrices del Gobierno de la nación y las instrucciones de la administración del banco y no discutir las opiniones de un miembro del legislativo, representante, por tanto, del pueblo español; segundo, porque de antemano reconozco la superioridad dialéctica del diputado del PSOE. Sólo su amable referencia a una frase que pronuncié en diciembre de 1976 -la política monetaria empleada de cierta forma sería «una política de rentas metida por la puerta trasera»-, durante un coloquio presidido por el actual vicepresidente para Asuntos Económicos y el deseo de aclarar algunos puntos interesantes que toca en su artículo Política Monetaria y salida de la crisis (EL PAIS, 2-XII-77), me han impulsado a escribir estas líneas.Ante todo, quiero expresar mi acuerdo con las opiniones del señor Barón respecto a la conveniencia de crear una subcomisión de política monetaria dentro de la Comisión de Economía del Congreso, ante la cual el Banco de España compareciese regularmente, a fin de rendir cuentas de su gestión y exponer las opiniones del banco central respecto a la coyuntura económica, en general, y la evolución de la política monetaria, en particular. Dicho en forma más escueta, y ésta es una opinión personal, como todas las de este artículo, el Banco de España debe, al igual que el Gobierno, ser responsable ante el Congreso. Ahora bien, lo importante es cómo se instrumenta esa responsabilidad, ya que la plasmación apresurada de unas ideas poco meditádas podría acarrear consecuencias funestas, no sólo para el propio banco, sino también para una instrumentación adecuada de la política económica de éste o de cualquier Gobierno futuro.

En alguna parte de su artículo, el señor Barón hace referencia a la «capacidad política» del banco central. Pero como el diputado del PSOE sabe muy bien, y así lo denotan los ejemplos que cita, el caso del de España es el de un banco central sometido a los dictados del Gobierno, representado a lo largo de su historia por el Ministerio de Hacienda, hasta grados inverosímiles. Opino, por tanto, que la línea de reforma debería ir en el sentido diferente; es decir, en el de dotar de mayor independencia al banco central respecto al Gobierno. Quiero decir con esto que soy partidario de que el Banco de España sea independiente dentro del Gobierno, pero no independiente frente al Gobierno. En realidad, así es como sucede en Alemania Federal y en Estados Unidos.

Pienso que el mejor medio de conseguir ese importante objetivo consistiría en introducir un breve artículo en el texto de la Constitución definiendo los objetivos del banco central y regulando su grado de independencia en función de la consecución de los mismos. Imagino que no pocos entre quienes lean estas líneas sospecharán inmediatamente en ellas la tentación del «tecnócrata», miembro de una gran institución, para atrincherarse en un reducto de poder exento de toda crítica. Nada más lejos de la verdad. No soy, para empezar, un «tecnócrata», sino un simple funcionario que, además, durante doce años ha podido vivir de cerca el daño que a la política monetaria y crediticia del país ha originado la ausencia de una esfera bien definida de autonomía del Banco de España.

Esa misma experiencia me hace temer que se peque ahora en sentido contrario, pues sería una equivocación pretender reformar el Banco de España mediante un intento de despojarle de su carácter técnico y recortar su actual margen de independencia, nada excesivo por otra parte, buscando alterar la composición de sus órganos de gobierno para dar entrada a intereses o personas que, por definición, no son políticamente neutrales. Por otro lado, respecto a la «fiscalización por los partidos» que menciona el señor Barón, lo único que deseo decir es que la frase parece expresar una concepción de lo que debe ser la representación parlamentaria que personalmente no comparto. Siempre he creído que al ser elegido parlamentario el diputado deja de ser meramente miembro de un partido para convertirse en representante de los intereses de la nación, a la que debe su independencia de criterio respecto a cualquier tipo de objetivos particulares. De ahí mi extrañeza por la fórmula «fiscalización por los partidos», en lugar de «fiscalización por el Congreso».

Dentro de esa concepción, el banco central debe, ¡quién lo niega!, rendir cuentas y ser fiscalizado por los representantes de la nación; pero sería un grave error someterle a la presión de las distintas ideologías de partido o dejarle desarmado ante el fuego cruzado de qué debe hacerse en cada momento con el control del dinero y del crédito. Si así sucediera, me temo que nada se hubiera ganado respecto a la situación actual.