El control parlamentario de la Seguridad Social no tiene precedentes en Europa

Pasada la medianoche de ayer concluyó la sesión de la Comisión de Sanidad y Seguridad Social del Congreso de Diputados, que se reunió ayer con el ministro homónimo, Enrique Sánchez de León, quien explicó durante dos horas y media la política de su departamento; escuchó después las preguntas de los diputados, y dedicó otra hora a contestarles. El señor Sánchez de León destacó que el control parlamentario al que se someterán los presupuestos de la Seguridad Social para 1978 no existe en los países democráticos de nuestra área. La intervención del ministro tuvo destellos de disertación y algunos diputados estimaron que, con su extensión, impidió un auténtico debate parlamentario.Presidió la sesión el titular de la Comisión, Alberto Jarabo Payá, diputado de Alianza Popular.

El señor Sánchez de León, en su larga intervención, se refirió a las limitaciones impuestas a los presupuestos de la Seguridad Social por los pactos de la Moncloa y que han llevado a un aumento para 1978, respecto a los del año actual, de sólo un 23%, inferior a la tasa de inflación.

El ministro de Sanidad y Seguridad Social se remitió a la documentación facilitada a los dictados, pero aludió concretamente, entre otras cifras comparativas con la situación europea, a que las prestaciones españolas con relación a la renta nacional son de un 3,5%, mientras que en el marco europeo la inferior cifra es la de Irlanda, con un 6% y la superior Holanda, con un 10,3%.

Entre los temas más acuciantes de su departamento, el señor Sánchez de León se refirió a la necesidad de aumentar el equipamiento hospitalario (el número actual de hospitales es de 1.283, y el de camas de 200.000, con un déficit de unas 70.000); a la revalorización de las pensiones, previstas en los acuerdos de la Moncloa, y a diferentes servicios sociales.

La última parte del discurso ministerial, una vez relatados los proyectos de actuación del departamento y las líneas de la nueva ley General de Sanidad -ya muy adelantada-, se introdujo en temas de filosofía sanitaria o se refirió a propósitos todavía muy verdes en el joven Ministerio. El señor Sánchez de León habló de la liberalización de la, asistencia, del control de la salud regido por asociaciones familiares y de consumidores y de sistemas de medicina preventiva e investigación epidemiológica que contrastaban con los recortes impuestos por los pactos de la Moncloa a los planes sanitarios del momento y a las prestaciones de la Seguridad Social, que resultarán sensiblemente mermadas en 1978.

Tras el discurso, se planteó la continuidad o suspensión de la sesión. Los portavoces y la Mesa decidieron preguntar en caliente al ministro, a pesar de lo avanzado de la hora.

A las preguntas socialistas (Guillermo Galeote, Ciriaco de Vicente y Esteban Granado) respondió, entre otras cosas, que el organigrama del Ministerio no dificulta su labor y que en el tema sanitario son precisos no sólo médicos, sino también administradores de salud. Rechazó la acusación de hospitalitis y manifestó que la Administración territorial esperará a lo que establezca la Constitución sobre autonomías. Reconoció el derecho de sindicación de los funcionariós, pidió colaboración a los diputados para evitar la corrupción denunciada, tanto en la Seguridad Social como en el seguro de desempleo, y estimó preocupante el tema de los laboratorios farmacéuticos.

Aceptó con reticencias la laguna la que le acusó Miguel Riestra (AP) por no ocuparse de los veterinarios; aludió a las dificultades técnicas de la Seguridad Social Agraria (contestaba a Justo de la Cueva, UCD), y aceptó para el futuro los criterios de territorialización aportados por los autonomistas Juan Paredes y Antonio Monforte. A Donato Fuejo le ofreció garantías de que no se duplicarán servicios. En general, el ministro aseguró que cuenta con criterios, aunque no con decisiones.