Expropiados por la siderúrgica de Sagunto intentan recuperar sus tierras

Los expropiados de la IV Planta de Sagunto desean hacer rentables de nuevo sus antiguas tierras, mientras no se determine el futuro del proyecto de la siderúrgica, calificada en su día de la mayor inversión industrial de la última década.

Asimismo, los expropiados están dispuestos a solicitar créditos para recuperar agrícolamente la superficie expropiada -unas 12.000 hectáreas anegadas-, si Altos Hornos del Mediterráneo no acomete la segunda fase. No descartan, incluso, la recuperación de la propiedad pagando un precio más bajo que el de expropiación (la media es de unas ochenta pesetas metro cuadrado), ya que los naranjales se han dejado de cultivar, e incluso han sido talados en parte.Durante el último año, recelosos de que se iba a llegar a la actual situación, solicitaron a Altos Hornos del Mediterráneo dejase continuar la actividad agrícola y que, en caso de necesitar el terreno expropiado antes de la recogida del fruto, la empresa abonase los gastos de su cultivo. La respuesta fue negativa, hecho que no impidió que los agricultores siguieran trabajando un 20% de la superficie.

Estos recelos se iniciaron en mayo de 1976 al pagar Altos Hornos el importe de las expropiaciones -el total se estima en unos novecientos millones de pesetas- con talones bancarios no conformes, correspondientes a cuentas de oficinas centrales de diversos bancos. Sin embargo, se percibió el importe por presión de los afectados sobre estas entidades. «No estamos en contra del desarrollo industrial de la,comarca, pero queremos que se realice racionalmente y sin abusos», manifiestan.

En relación a la posible nacionalización anunciada por el ministro de Industria, señor Oliart, la califican de expropiación forzosa, ya que el decreto que reguló el concurso de construcción y explotación de la planta -al que sólo concurrió Altos Hornos del Mediterráneo, con un capital social de cincuenta millones, cuando las previsiones de inversión alcanzaban los trescientos-, señala que el Estado se hará cargo de la factoría si no se cumple el pliego de condiciones, una de ellas realizar las fases del proyecto.

La junta de expropiados había solicitado a don Juan Carlos, en su visita al País Valenciano hace un año, el nombramiento de un juez que investigue todo lo relativo a la factoría. Consideran que diversos aspectos de la ley que reguló su adjudicación no se han cumplido, y corresponde a una época de autoritarismo político en que empresas privadas pudieron beneficiarse a costa del erario público, con bonificaciones y exenciones que han originado confinuos contenciosos, en este caso, entre el municipio saguntino y la empresa, cuya plantilla espera todavía cobrar los salarios de octubre.