Toda la izquierda de Sevilla, contra la revisión del Plan de Ordenación Urbana

Ocho partidos políticos de izquierda y sesenta personalidades sevillanas del mundo laboral, profesional, universitario y ciudadano han presentado en el Ayuntamiento un escrito solicitando que se suspenda el concurso para la adjudicación de los trabajos de adaptación, y primera fase de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla y se abra un período de amplio debate público sobre las directrices que deben informar su revisión.El escrito impugnatorio señala que la decisión municipal, de adjudicar dichos trabajos no puede entenderse desconectada de la política de la actual Corporación, que, como sus antecesoras, «sigue inspirándose en una concepción de la ciudad y modo de administración que en nada difieren de la propia a la anterior etapa autoritaria».

Entre las deficiencias de la gestión urbanística de los últimos ayuntamientos se denuncian que los planes parciales no han sido nunca desarrollados mediante los correspondientes proyectos de urbanización; que la hacienda municipal ha recibido cantidades ridículas en concepto de cesión obligatoria para escuelas y jardines en las zonas cuyo uso ha sido cambiado, favoreciéndose así la especulación, del suelo; que se ha incumplido la obligación, recogida en la anterior ley del Suelo, de consignar el 5 % del presupuesto anual para formación e incremento del patrimonio municipal del suelo, y que no se han impuesto sanciones en numerosos casos de indisciplina urbanística.

Recuerda el escrito que en agosto el diputado Manuel Benítez, en nombre del PCE, presentó una impugnación a la primera convocatoria del concurso, hecha sin publicidad, denunciando su carácter inoportuno, extemporáneo, antidemocrático, injusto y, presumiblemente, malversador de caudales públicos. Esta denuncia determinó la anulación de aquella convocatoria inicial y la realización de otra.

No obstante, el procedimiento seguido en esta segunda ocasión «pone nuevamente de manifiesta el carácter antidemocrático de la actuación que se pretende, en contradicción clara con la nueva situación política», ya que no se han arbitrado mecanismos de participación de las asociaciones de vecinos, partidos políticos y entidades culturales, quedando ésta limitada a los estrechos cauces de la fase de información pública.

Por último, los impugnantes analizan la convocatoria en sí y estiman que, al no haberse confeccionado un baremo objetivo para examinar los méritos alegados en el concurso, la adjudicación puede caer en manos de empresas con intereses ya determinados con anterioridad.