Los cortes de luz, gas y teléfono pueden ser ilegales
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha emprendido una campaña contra la violencia, la coacción y los abusos de los vendedores, en especial los ocasionados, por los contratos tipo o de adhesión.Esta medida ha sido tomada ante el gran número de quejas verbales y escritas que dicha organización viene recibiendo desde todos los puntos del país, acusando, sobre todo, a las compañías suministradoras de energía eléctrica, gas y otros bienes y servicios de primera necesidad, entre los que, según la OCU, destaca el servicio telefónico. Los perjudicados señalan en tonos especialmente vivos y rotundos los cortes de suministro, que se producen, aun en casos en que el abonado rechaza o impugna, incluso por escrito, la facturación o el recibo.
La Organización de Consumidores afirma que algunas cláusulas de los contratos de adhesión carecen de valor y de fuerza, y no pueden amparar el abuso del derecho o su ejercicio antisocial, siendo un ejemplo destacado el corte de la luz, el gas o el teléfono. El Derecho español permite luchar eficazmente contra estas cláusulas llícitas en las que las compañías se fundan para realizar el corte de suministro. En algunos de estos contratos, que el usuario se ve obligado a firmar, se llega a pactar, en contra de las disposiciones terminantes de la ley, que el vendedor o suministrador puede llevarse hasta el contador y las tuberías cuando a la presentación del recibo no se les satisface su importe.
La acción de la OCU se apoya y fundamenta también en principios admitidos a nivel internacional. Tanto el Consejo de Ministros de la Comunidad Económica Europea como el Consejo de Europa han promulgado sendas leyes en contra de los abusos de los vendedores, limitando, sobre todo, los que puedan surgir de las cláusulas de los contratos.
En un escrito enviado a los medios informativos, la OCU se ofrece a sus afiliados y, en general, a todos los usuarios de nuestro país, para apoyarles en la oposición a estos abusos, e invita a todos los consumidores a poner fin a este estado de cosas y a darle un cauce legal ante las autoridades administrativas y ante los juzgados y tribunales. También hace un ruego a todos los profesionales del derecho para que aporten su decisiva colaboración en esta campaña.
