A teléfono armado

Acabo de leer, en unas declaraciones del admirable y combativo señor Antonio García de Pablos -que tanto está luchando en favor de los consumidores españoles- que en numerosos países es un delito privar al consumidor de un servicio o del objeto ya comprado -como es el teléfono- por el mero hecho de no pagar una letra. Apoyo rotundamente su afirmación de que son claramente abusivas las cláusulas de algunos contratos -concretamente el de la Compañía Telefónica Nacional de España-, por las que la empresa puede cortar el suministro de estos servicios.Es vergonzoso condenar a un ciudadano al corte de un servicio tan urgente y necesario muchas veces como el teléfono simplemente porque un mes no llega la cuenta a tiempo y muchísimas veces por errores de la propia Compañía Telefónica -que nunca se equivoca en su contra-, cuya ironía mayor es que se apellide empresa «Nacional». ¿Qué es una empresa «nacional»? ¿Algo al servicio de la nación -del pueblo- o quizá un arma más del Poder para oprimir al pueblo, para amordazarle? Volvamos a la primera historia: cuando la Telefónica corta el servicio, y no devuelve inmediatamente el «paquete de billetes» que cobró por ponerlo, ¿no nos estará timando a teléfono armado?