Crece la crisis laboral en Argentina

Un dirigente sindical muerto por las fuerzas militares, el estallido de una bomba y cientos de obreros despedidos era el saldo, hasta ayer, de nueve días de huelga en los ferrocarriles argentinos, que se ha convertido en la peor crisis laboral desde que los militares tomaron el poder en Argentina, en marzo de 1976.

Según un comunicado militar, el dirigente resultó muerto por «fuerzas legales» cuando incitaba al cese de actividades en la plaza de la Constitución, en el centro de la ciudad.

El miércoles pasado, el Ministerio de Economía ordenó a la empresa estatal ferroviaria que procediera al despido de los huelguistas. De acuerdo con la ley de seguridad dictada por las Fuerzas Armadas, los despedidos no recibirán indemnización alguna y pueden ser condenados a diez años de prisión.

Tras esta medida, los dirigentes de los trabajadores ferroviarios, que reclaman aumentos de sueldos de hasta el 100 %, paralizaron las negociaciones que habían iniciado el lunes con las autoridades. Las conversaciones volvieron a reanudarse ayer. El Gobierno fijó un tope máximo de aumentos del 40 %. La resistencia más activa a la oferta se concentró en la Unión Ferroviaria, el principal de los tres gremios que agrupan a los obreros ferroviarios.

Los paros, realizados en forma alterna, han puesto fuera de funcionamiento a cinco de las seis líneas de trenes suburbanos de Buenos Aires, y a la mitad de los servicios del metropolitano bonaerense.

Las protestas contra los salarios bajos (el sueldo medio de un obrero ferroviario es de 4.500-5.100 pesetas) se ha extendido a otros sectores de las ciudades industriales de Santa Fe y Rosario. Ayer, por primera vez en seis días, los trenes subterráneos de Buenos Aires, que transportan a cinco millones de personas por día, prestaron algunos servicios.