La obligación del Gobierno

HAN TRANSCURRIDO los diez días fijados en el comunicado conjunto gobierno-partidos políticos, facilitado al término de las primeras conversaciones de la Moncloa, sobre el plan económico de urgencia. Desde aquel fin de semana se han registrado, sin embargo, diversas opiniones respecto a la acogida que el plan ha tenido entre grupos y personalidades económicos destacados, tales como sindicatos obreros y confederaciones patronales, al tiempo que el curso de los acontecimientos se encargaba de desvelar en qué factores confía el gobierno para asegurar el éxito de su empeño.La primera reacción provino de Comisiones Obreras. En una sincronía casi perfecta con el Partido Comunista, Comisiones adjetivó de "histórico" y "positivo" el acuerdo de la Moncloa, sin que ello fuera óbice para considerar insuficientes los fondos destinados a luchar contra el paro e inaceptable el tope del 22% para el crecimiento de la masa salarial en 1978. Tratándose de un sindicato obrero, la reacción debe calificarse de moderada y muestra una notable madurez de juicio económico, no exenta de riesgos en el terreno sindical. Todo parece confirmar que Comisiones Obreras acepta el argumento de que no existe pero enemigo del empleo que la inflación y que, para asegurar una nueva era de prosperidad económica general, es imprescindible aceptar momentáneamente una congelación salarial.

Si la postura de Comisiones podría definirse como de si, pero, la de la Unión General de Trabajadores es de no, pero sí. El sindicato socialista denuncia su ausencia de las conversaciones y, después de aceptar la existencia de una situación grave, afirma que no permitirá un plan basado en la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

La reacción empresarial, expresada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. no ha constituido tampoco una sorpresa. El mismo día en que se iniciaban las conversaciones de la Moncloa. la Confederación Patronal lanzaba a la opinión pública una especie de manifiesto en el cual se recogían los puntos básicos de su análisis sobre las causas y remedios de la presente crisis económica. Las opiniones de los empresarios eran comprensibles: algunas afirmaciones no del todo exactas, otras que podrían interpretarse torcidamente por parte de la opinión pública y juicios de puro sentido común, como el de la necesidad de la libertad de despido en una economía que se titula de libre mercado. En todo caso es de dudosa justificación el que la Confederación dé la sensación de que niega su colaboración al plan económico del Gobierno por el hecho de no haber sido consultada previamente. Este tipo de argumento. que ha sido manejado también por los sindicatos, pone de manifiesto un enfoque que nos parece en cierta medida equivocado. Resulta comprensible que los sindicatos exijan un estatuto legal claro, el derecho de huelga sin cortapisas legales desfasadas y medios financieros para organizarse, empezando por la devolución del patrimonio sindical, al tiempo que reclaman un seguro suficiente de paro. Las patronales, por su parte, hacen bien en pedir la libertad de despido y, consecuentemente, la desaparición de una legislación laboral que es producto más del corporativismo franquista que de exigencias del momento actual.

Ahora bien, la aceptación de estos razonamientos no implica en modo alguno admitir que sindicatos y patronal gocen de una especie de derecho de veto sobre la acción del Gobierno. Este es emanación de la voluntad popular, elegido para llevar a cabo un programa político y responsable ante un parlamento. La consecuencia lógica de estas premisas es que el Gobierno debe trazar las líneas generales de lo que considera la solución para la actual crisis económica y poner al servicio de esa solución los instrumentos de política económica clásica -política fiscal, política monetaria, política arancelaria, política de empleo, etcétera-. Y es dentro de ese marco general, trazado por el Gobierno, donde los agentes económicos deben desenvolverse con las tensiones, acuerdos y enfrentamientos propios de toda sociedad industrializada moderna.

Dicho en otros términos, esto significa la responsabilidad primara del Gobierno es gobernar y no sumirse en la inacción si sus designios no obtienen el beneplácito de parte de las fuerzas sociales. el Gobierno Suárez parece que tiene un plan para solventar la grave situación económica del país. Si es así, está obligado a presentarlo al Parlamento y ponerlo inmediatamente en funcionamiento. Si la oposición, los sindicatos y la patronal están de acuerdo en todo o en parte será, desde luego, mejor; de otro modo, que cada uno asuma sus propias responsabilidades ante el país. Dirigir un Estado no quiere decir contar con su aprobación en todo momento, ni democracia significa ausencia de conflictos. En lugar de formar siete comisiones, que recuerdan extrañamente los viejos procedimientos de los planes de los sesenta, el Gobierno debe empezar cuanto antes a dictar medidas concretas. Suárez ha perdido ya demasiado tiempo y el país tiene necesidad de saberse gobernado. Ahora no lo está.