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El presidente portugués urge a los partidos a un compromiso

«No quiero ni debo sustituir a los partidos políticos en la responsabilidad que ellos tienen de encontrar, por vía negociada, la solución política adecuada. ( ... ) Pero si la negociación fracasa, existen en nuestro sistema constitucional otros medios que serán utilizados, en caso necesario, para salvaguardar la democracia y el proyecto constitucional, dentro del marco histórico del período de transición hacia la democracia socialista, en plena libertad y respeto de la voluntad popular, expresada a través del voto.»Con estas palabras, el presidente Eanes ha concluido su intervención en la sesión solemne de inauguración del nuevo año parlamentario, el segundo de la legislatura.

El jefe del Estado llamó la atención de los partidos sobre la «crisis generalizada» en que el país se debate, crisis que constituye la «principal amenaza contra la democracia portuguesa» y que él definió a tres niveles: crisis política, manifestada por un clima de inestabilidad y falta de seguridad en las soluciones políticas adoptadas; crisis económica, expresada en la necesidad del recurso al crédito externo, y crisis social, nacida de una «crisis de confianza de los agentes económicos, desde los trabajadores hasta los inversores» y que impide una movilización de todas las energías nacionales.

Para combatir esta triple crisis, Ramalho Eanes preconiza el acuerdo negociado: acuerdo político y contrato social.Con un riguroso equilibrio, muy distante de anteriores intervenciones suyas, el jefe del Estado ha atribuido a cada una de las fuerzas, naturalmente confrontadas, su parte de responsabilidad en la situación y en la búsqueda de soluciones: si no es legítimo rehusar el acuerdo político frente a una crisis, la oposición tiene que presentar «alternativas reales, medidas concretas»; si los trabajadores deben comprender que la hora no es propicia a reivindicaciones demagógicas, los empresarios deben también asumir riesgos y, sobre todo, «aceptar la transformación estructural de la organización de la producción»; si a las Fuerzas Armadas se les asegura un «estatuto dignificado y al margen de las manipulaciones partidistas», éstas, en contrapartida, deben «aceptar incondicionalmente el régimen democrático prometido por la revolución del 25 de abril».

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