El "programa común" de Suárez

UNA CONSTANTE en el comportamiento político del señor Suárez ha sido, hasta ahora, su tendencia a descomponer los problemas globales de la gobernación del Estado en sectores parciales, a los que suele tratar de manera aislada y sin reparar en las implicaciones que pueden tener en el resto de la vida pública. Esa práctica le ha permitido alcanzar éxitos espectaculares en determinadas cuestiones y durante breve tiempo. Sin embargo, la factura que ha tenido que pagar por esos triunfos parciales y momentáneos, fruto de su innegable habilidad, ha sido, a la larga, muy elevada. Su imagen pública ha sufrido un impresionante deterioro en el último mes. Y no sólo el señor presidente del Gobierno ha salido perjudicado por ese estilo de hacer política. La gravedad de la situación económica en el otoño de 1977 se debe, en gran parte, al descuido con el que el primer Gobierno Suárez, concentrado injustificadamente en temas sólo políticos, trató las cuestiones económicas durante el año largo de su mandato. Y también es un hecho público que la enorme tensión producida en el mes de abril por la legalización del PCE en ciertos sectores de las Fuerzas Armadas se debió, en parte, a unas imprevisoras palabras pronunciadas en septiembre de 1976 ante altos mandos militares por el señor Suárez, preocupado en ese momento, sin reparar en el futuro, por ganarse la confianza del Ejército.Pero las elecciones del 15 de junio, la entrada en funcionamiento de las Cortes y el ejercicio de la libertad de expresión hacen ya imposible el mantenimiento de esas prácticas de Gobierno. La experiencia política adquirida bajo el franquismo, la capacidad para la maniobra a corto plazo o la descomposición en parcelas aisladas del conjunto de problemas con los que tiene que enfrentarse el Estado se hallan en las antípodas de las cualidades que se precisan para gobernar en una democracia. Y más todavía, en el caso de un Gabinete con un respaldo minoritario en el Congreso, una grave crisis económica por resolver, elevadas expectativas sociales de cambio en la vida cotidiana y una oposición activa y no amordazada.

En las pasadas semanas, las acciones del señor Suárez bajaron casi tanto como los valores bursátiles. No sólo en la Oposición sino incluso en el seno de la propia UCD ganó terreno la creencia de que el presidente del Gobierno que supo desmontar las instituciones del franquismo no lograría ponerse a la altura de las nuevas circunstancias de una España democrática.

No obstante, la invitación cursada por el señor Suárez los protavoces de todos los grupos parlamentarios para discutir los términos de un acuerdo a plazo medio para afrontar de manera solidaria los graves desafíos con que se enfrenta el país cambia la situáción. Las posibilidades de reconversión del presidente del Gobierno desde los hábitos del sistema autoritario cerrado a las costumbres de los sistemas pluralistas abiertos, aunque no parecen muy elevadas, tampoco son inexistentes. Evidentemente, lo que propone el señor Suárez es una fórmula casi calcada de la situación italiana de los últimos meses: un Gabinete monocolor -como el de Andreotti- encargado de ejecutar un programa de gobierno común negociado y suscrito por todas las fuerzas políticas del arco constitucional.

Los puntos a los que hace referencia el señor Suárez en su carta de invitación son indiscutiblemente pertinentes: la necesidad de sanear la economía y de liquidar todos los, vestigios del sistema franquista «incompatibles con el camino democrático emprendido». Está por ver, sin embargo, hasta dónde está dispuesto a llegar el partido del Gobierno en la democratización del aparato estatal y de la sociedad española. La reforma del Código Penal, un replanteamiento radical del orden público y el control de los medios de comunicación social del Estado -expresamente citados en la carta- pueden ser interpretados, tanto en su alcance como en su contenido, de formas muy distintas. En cuanto a las medidas económicas, la debilidad y las luchas intestinas de las centrales sindicales, fomentadas desde distintos niveles políticos, constituyen un formidable obstáculo para ese pacto social en el que los trabajadores, a cambio de la congelación de sus salarios reales, reciban dentro de las empresas los instrumentos de información y de participación que les permitan comprobar que sus sacrificios están justificados.

Por lo demás, tampoco es seguro que se den en España las peculiares condiciones históricas y políticas -fundamentalmente las presiones exteriores y del Vaticano contra la entrada en el Gobierno de un poderosísimo Partido Comunista- que hacen inevitable, en Italia, el Gabinete monocolor. La alternativa de un amplio Gobierno de coalición, con participación, al menos, de los dos grandes partidos, es hoy en España histórica y políticamente posible, por no decir deseable.

En cualquier caso, bienvenida sea la iniciativa tomada por el señor Suárez, aunque venga con retraso.