La inflación se acelera

EL AUMENTO de los precios al consumo en el mes de julio, establecido en el 3,1 %, sitúa la tasa de inflación que padece la economía española, en lo que va de 1977 -un 31 % a tasa anual- como la más elevada del conjunto de países de la OCDE, con alguna probable excepción de -Islandia- que no hace sino subrayar la abismal diferencia que nos separa de los países que constituyen nuestro entorno económico.Es necesario no minimizar la importancia del alza de los precios con consideraciones sobre los efectos de la depreciación de la peseta. decretada el 12 de julio. Toda medida devaluatoria origina una elevación del nivel de los precios interiores, pero en nuestro caso dichas subidas han empezado a sentirse fundamentalmente a partir de mes de agosto (si bien no cabe negar una cierta incidencia de las expectativas que dominaron la economía española en las semanas anteriores a la depreciación de la peseta). No puede perderse de vista, con todo, que el grupo «alimentación, bebidas y tabacos» haya registrado un alza doble de la del índice general; precisamente se trata de un grupo cuyos componentes no tienen un elemento importado demasiado considerable y reflejan, sobre todo, tensiones internas.

Hay que considerar la gravedad de la inflación en su verdadera medida: la pervivencia y aceleración de un clima interior de expectativas inflacionistas. De la continuación de ese clima somos culpables, del Gobierno abajo, todos.

El Gobierno es responsable porque no sólo sus múltiples ministerios, organismos autónomos y empresas siguen en la práctica políticas de precios frecuentemente incoherentes entre sí y a menudo contradictorias con el objetivo general de dominar la inflación, sino porque está, acaso, perdiendo un tiempo precioso en definir su actitud en el tema del control de precios, y la negociación de acuerdos de moderación salarial de la financiación de la Seguridad Social, la lucha contra los intermediarios abusivos, y, sobre todo, de la aplicación de medidas restrictivas a través de los instrumentos clásicos de política económica, y los empresarios y asalariados también lo son por cuanto no acaban de traducir en hechos sus buenas intenciones de estabilizar precios y salarios en un esfuerzo de cambiar su política sectorial por una visión general más generosa. Los consumidores, por último, son responsables porque. atrapados en la lógica invernal de decidir que todo será más caro mañana, están convirtiendo en realidad sus temores.

Estos rasgos dibujan un panorama de innegable gravedad. Pero precisamente por ser tan amplías y profundas sus raíces, no se van a erradicar recurriendo al expediente preferido de los españoles: hacer recaer la culpa de la subidas de precios sobre los «otros» sectores económicos y, preferiblemente, sobre el Gobierno. En la actual situación, o todos tenemos conciencia de la necesidad de un sacrificio colectivo, o nos hundimos todos. La lucha contra la inflación requiere una toma de conciencia colectiva. España es hoy un país que no puede gastar, que necesita un riguroso plan de austeridad, al menos de un año. Todavía hoy, en una sociedad con gran fuerza de trabajo y grandes recursos, se puede y se debe conjurar el riesgo de ruina nacional.