El Gobierno y la oposición alemana, de acuerdo en no ceder a las exigencias terroristas

Desde el martes pasado no se ha recibido ningún comunicado de los secuestradores del presidente del patronato alemán, Hans Martin Schleyer. Este silencio ha adquirido carácter de tensa espera, sobre todo a raíz de la declaración de Gobierno del canciller Schmidt ante el Parlamento y de las intervenciones posteriores a cargo de representantes de los demás partidos políticos mayoritarios. La posición de Gobierno y oposición, claramente presentada ante el legislativo de la República Federal de Alemania, puede precipitar el desenlace del secuestro, que comenzó el lunes de la semana pasada.

La declaración de Schmidt, al comienzo del año político, debería haber versado fundamentalmente sobre, las nuevas perspectivas económicas derivadas de la reforma impositiva que ya ha comenzado a discutir el Bundestag. Sin embargo, toda ella muy breve, se ha limitado al fenómeno del terrorismo. Lo mismo ha ocurrido con la del jefe de la oposición democristiana, Helmut Kohl. La exposición de ambas tan sólo ha durado en conjunto 35 minutos. Schmidt y Kohl han estado de acuerdo en no provocar ahora un debate sobre el problema.El Estado de derecho como límite

El canciller ha atacado indirectamente a «algunos» medios de prensa al decir que «casi todos los medios informativos han cooperado en la búsqueda de una solución del caso Schleyer», y ha insistido en que este secuestro no va contra una persona, sino que «va dirigido contra todo el orden de libertad y contra cada ciudadano». El Gobierno progresará «sin omisiones ni hipotecas» en la lucha contra el activismo, a la que invita a políticos, periodistas y ciudadanos en general. Una vez más el canciller ha repetido un compromiso contraído hace dos años, tras el atentado contra la embajada alemana en Estocolmo: «Iremos hasta los mismos límites que nos permita el Estado de derecho.» Al tiempo ha justificado los contactos con los secuestradores, a través del abogado ginebrino Denis Payot como «un medio para evitar nuevos derramamientos de sangre». Una vez más Schmidt ha vuelto a referirse al discutido problema de los «simpatizantes con la escena terrorista», según fórmula muy usada en estos días, y les ha pedido que abandonen su actitud. La situación es, según Schmidt, de «peligro agudo contra todos los ciudadanos», y reclama «un firme autodominio para que la situación no se deteriore». Parece sintomático, pues los únicos aplausos dispensados al canciller hayan sonado al hablar éste de los simpatizantes y al terminar con una verdadera declaración de guerra contra los activistas, anticipando que no se cederá.

A pesar de la rara uniformidad entre los partidos, a duras penas mantenida por la fuerza de la situación, fuera del Parlamento prosigue la polémica sobre causas y responsabilidades políticas en torno al fenómeno. Los ideólogos de la izquierda, como Böell, Dutschke y Marcuse, se han apresurado a delimitar su postura respecto al terrorismo. La Democracia Cristiana insiste, sin embargo, en colocar todas estas posiciones en el mismo cajón en que sitúa a los terroristas. Golo Mann, que hace unos días veía a la RFA envuelta en un clima próximo a la guerra civil, ha expresado sus temores de que el país, so pretexto de lucha antiterrorista, transforme sus leyes liberales en base de un Estado autocrático.

La actitud expresada en el Parlamento concede un nuevo valor al último plazo fijado por el «comando Siegfried Hausner» para que se cumplan sus condiciones. El Gobierno no parece dispuesto a conceder la libertad de los once militantes de la Fracción del Ejército Rojo, y los secuestradores han anticipado que a la medianoche del resolverían sobre la vida de Schleyer.