Galicia: clamor popular contra la autopista del Atlántico

Nada o casi nada había despertado hasta ahora tanta inquietud social en Galicia. Desde Vigo a El Ferrol, siguiendo la diagonal gallega, ligeramente desviada hacia Occidente, parroquia tras parroquia tienen la mosca detrás de la oreja con respecto a la autopista.Dicen los de Autopista del Atlántico Concesionaria Española, SA, que detrás de las protestas está la mano de los políticos, En reiterados y extensos espacios publicitarios pagados a los periódicos gallegos intentan demostrar estos días que su idea autopistera es la panacea para que Galicia entre en la modernidad.

Y, efectivamente, Galicia necesita a todas luces ser dotada de comunicaciones adecuadas, pero no entre el Norte y el Sur, sino entre el Este y el Oeste y en todas direcciones. Los planes ejecutados últimamente por el Gobierno, durante los mandatos en Obras Públicas de Silva Muñoz, Fernández de la Mora y Calvo Sotelo, resolvieron su incomunicación secular con la meseta mediante la construcción de carreteras redia que abrieron las puertas del Bierzo tanto por la nacional VI, hacia Lugo, como por las dos entradas de Orense y las intercomunicaciones posteriores entre Orense y Santiago y Orense y Vigo. Quedó como estaba la red interior.

Pero ya años antes la iniciativa privada había encontrado una solución, que quedó reflejada en el Boletín Oficial del Estado del 18 de agosto de 1973, cuando se daba cuenta de la concesión administrativa otorgada por e 1 Estado para construir y explotarla autopista del Atlántico en régimen de peaje. « La importancia inmediata de la autopista del Atlántico -se pudo leer en el número 234 del Boletín de Información del Ministerio de Obras Públicas- reside fundamentalmente en que potenciará y acercará las zonas demográficas e industriales más desarrolladas, como son La Coruña y, El Ferrol, con Pontevedra y Vigo.

En total, 208 kilómetros de autopista con doce o trece puntos de peaje y no menos áreas de servicio que los más importantes grupos financiero se encargan en seguida de capitalizar. Cuatro cajas de ahorro gallegas (las de Vigo, Pontevedra, Santiago y Orense) y los bancos Pastor, Hispano,Noroesté y Bilbao, con participación menor de otras entidades bancarias, reparten las inversiones, reforzadas además con préstamos en marcos alemanes, dólares y pagarés en valor de dinares kuwaitíes. El Estado se encargaría de avalar buena parte de la inversión presupuestada que, si se le suman las tasas de inflación correspondiente, hace pensar en que los costes de la autopista pueden calcularse en la actualidad en más de 56.000 millones de pesetas.

Lo malo es que tal colaboración popular no llegó a producirse más que en la medida en que las divisas de los emigrantes, canalizadas por las Cajas, se destinaron a financiar parte de la autopista. Por el contrario, lo que sí se produjo claramente fue la oposición al proyecto.

Resultaba entonces que, tal como ahora empieza a reconocer en parte la propia empresa, la ocupación de terrenos se estaba llevando a cabo casi manu militari, ya que, sin pagar nada y, en muchos casos, sin levantar actas siquiera, las poderosas máquinas cortaban caminos, desviaban cauces de agua, demolían propiedades particulares o destruían vestigios artísticos o históricos, como quien tritura azucarillos para hacer mermelada.

El 27 de mayo de 1977 se constituyó, en Santiago, la Coordinadora Nacional de Afectados, que agrupa a las asociaciones culturales y de vecinos de todas las parroquias por donde atraviesa el trazado de la autopista y que canaliza la oposición a la misma. Para la Coordinadora, la autopista es -según explicó recientemente a los parlamentarios- un negocio capitalista que no responde a las necesidades reales de Galicia y que, por el contrario, actúa como un cuchillo que separa las parroquias y los núcleos de población por donde pasa.

El Colegio de Arquitectos también se opuso al proyecto, al igual que la mayoría de los partidos políticos (en la reciente manifestación de Pontevedra estuvo incluso un diputado de la UCD).

La última novedad sobre el asunto es la alternativa al proyecto del Centro de Información y Estudios Sociales de Galicia. «Queremos demostrar -dijeron sus promotores- que existen soluciones más baratas y mucho más eficaces para resolver la congestión de la nacional 550.» Se trataría, por un lado de modernizar la red ferroviaria gallega, mediante su total electrificación.

Por otro lado se construirían dos carreteras tipo redia que aprovecharían los trazados de las actuales y en parte la obra hecha para la autopista, que sería definitivamente desechada, incluso en el tramo Vigo-Pontevedra. «Todo ello -aseguran quienes promueven la idea- costaría, en total, 26.000 millones de pesetas, treinta mil menos que la autopista solamente. La capacidad de carga de las vías asi conseguidas sería tres o cuatro veces superior y, aparte de los costes económicos, los costes sociales, serían inmensamente menores también. Se ahorraría, además unas 2.400 hectáreas de terreno con respecto a la extensión ocupada o afectada por la autopista.»