"No exigimos responsabilidades a las fuerzas del orden, sino al Gobierno"

Felipe González, primer secretario del PSOE, fue el primer diputado de este partido en defender la moción que presentaron, en la que se pide la dimisión del ministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, y del gobernador civil de Santander. El señor González rechazó la argumentación desarrollada el día anterior por el señor Martín Villa, y afirmó concretamente que «no estamos exigiendo responsabilidades a las fuerzas de orden público, y mucho menos a los números concretos que las componen, sino al Gobierno y sólo a éste, concretándolo en las autoridades directamente responsables del funcionamiento y orientación de las fuerzas de orden público».

«Debo comenzar por lamentar -empezó el señor González- que siendo tan graves y agudos los problemas económicos y sociales por los que' pasa nuestro país, sea el ministro del Interior el primer miembro del Gabinete que, tras la fecha histórica del 15 de junio, comparece ante el Congreso para cuestiones referidas al orden público. Pero estas cuestiones de orden público simbolizan y expresan más que ninguna. otra la verdadera dimensión del cambio político producido en nuestro país.»Felipe González mostró su satisfacción y gratitud por el comportamiento pacífico del pueblo español en la difícil operación de tránsito que significó la confrontación electoral del 15 de junio, y al mismo tiempo llamó la atención de que esa voluntad popular pacíficamente demostrada tenía el significado profundo de querer superar la etapa histórica dura y amarga que nos ha tocado vivir, y superarla definitivamente.

Esta interpretación de la voluntad del pueblo no ha sido, a juicio de Is socialistas, entendida por el actual Gabinete, «mezcla de un pasado sin liquidar y un presente aún por construir». Resaltó el hecho de que el Gobierno, apoyado por la UCD, se resista permanentemente a que el Parlamento asuma su función controladora y fiscalizadora sobre la actuación del poder ejecutivo, y puso igualmente de manifiesto su obstinación en, no tener en cuena la necesidad inmediata y urgente de una amnistía total para los delitos de intencionalidad política.

Tras afirmar que el problema del diputado Jaime Blanco no es más que una de las muestras reveladoras de la falta de adecuación al actual momento político de toda una filosofía del orden público, el portavoz del grupo socialista afirmó que no era en absoluto necesario que el señor Martín Villa pusiera de manifiesto la necesidad de fuerzas de orden público para el desenvolvimiento democrático.-

Acusó al ministro de haber intentado plantear un enfrentamiento entre parlamentarios y fuerzas del orden público -enfrentamiento que calificó de «error de planteamiento»- y se preguntó si es que se pretende que sean fuerzas extraparlamentarias de la extrema derecha las que sigan gritando Viva la policía y Abájo la democracia para perpetuar la filosofía que ha inspirado la actuación de estas fuerzas durante cuarenta años.

«Nosotros concebimos y defendemos la existencia de las fuerzas de orden público», afirmó textualmente. «No pretendemos, como se hizo en los comienzos del régimen franquista, ni supresiones ni creaciones de cuerpos generales distintos. Simplemente queremos que las fuerzas de orden público se n en e pape que es corresponde, es decir, en el papel de defensores de la legalidad democrática, que en definitiva es la voluntad emanada de la mayoría del pueblo. »

Estudió después Felipe González la parte del discurso del ministro del Interior donde se refería a las nuevas normas emanadas del Gobierno para actualizar el funcionamiento de las fuerzas de orden público y destacó que sigue plenamente vigente el reglamento de la Policía Gubernativa de 1975 en el que se encomienda a la Comisaría de Orden Público el control y la vigilancia de las actividades lícitas que deban ser objeto de «atención permanente».

Según Felipe González, en este reglamento se legaliza la actividad disfrazada, es decir, sin uniforme, de los integrantes de las fuerzas de orden público, y se les puntúa en función del acatamiento a los principios del Movimiento, al mismo tiempo que se sustrae de la competencia y responsabilidades de los tribunales la defensa y restauración del orden jurídico en la investigación del delito, y se conculca sin derogarla * la propia ley de Enjuiciamiento Criminal, suprimiendo de hecho la policía judicial. Asimismo, se otorga a las autoridades policiales facultades de imponer verdaderas penas, como la expulsión del territorio.Seguidamente Felipe González dijo que «en nuestra función de parlamentarios no estamos exigiendo responsabilidades a las fuerzas de orden público, y mucho menos a los números concretos que las componen. Nuestra acción de exigencia de responsabilidades se dirige al Gobierno y sólo a éste, concretándolo en las autoridades directamente responsables del funcionamiento y orientación de las fuerzas de orden público».

Expresó después el reconocimiento, a unas fuerzas de orden que, educadas e instruídas para la represión de la libertad y de la democracia, son capaces de adaptarse a una nueva situación y obedecer en su mayoría las instrucciones que en el sentido de la defensa de los valores que antes atacaban pueden recibir hoy. Asimismo se refirió a la necesidad de que estas fuerzas actúen con reglamentos claros que en su propio seno eliminen cualquier comportamiento arbitrario, y que se reconozcan sus derechos y sus facultades, que actúen en definitiva al servicio del pueblo, para el pueblo.

Rechazó la justificación del mininistro del Interior en el sentido de que la agresión física al diputado había sido hecha por un policía armado cuando acababa de llegan al lugar de los hechos, y dijo a continuación: «La autoridad en democracia nada tiene que ver con el autoritarismo ni con instrucciones paralelas y no conocidas. La autoridad nace de la fuerza moral que da el contribuir al desmantelamiento de la dictadura y al fortalecimiento de la democracia. A partir de este principio de autoridad todos nos sentiremos obligados, las fuerzas de orden público aliviadas del peso que suponen las grandes contradicciones normativas por las que se rigen y la dudosa actitud democrática de algunos de sus responsables; los ciudadanos protegidos y amparados en el ejercicio legítimo de sus libertades públicas; los incontrolados o los violentos aislados del contexto social y el Parlamento empezará a ocupar el lugar que le corresponde en un régimen democrático.»