Las centrales y su responsabilidad

Las centrales sindicales reanudan hoy las conversaciones con el Gobierno, para llegar a un acuerdo sobre materia laboral y sindical que sirva de presupuesto básico al compromiso que reclaman los elementos de la producción para hacer frente a la crisis económica.Si, en definitiva, el fantasma de la involución tan sólo desaparecerá del panorama político español una vez superada la grave crisis económica que hoy nos afecta, es fácil comprender la trascendencia de este encuentro entre las fuerzas obreras y la Administración. Se trata de la primera etapa en la cadena de compromisos que deberán establecerse entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno para garantizar, de una parte, la paz social, y de otra, el equitativo reparto del esfuerzo para salir de la crisis.

En esta tesitura histórica para las incipientes centrales democráticas, no resulta muy alentadora la imagen con las que éstas, se presentan a la negociación con el Gobierno. La solicitud de éste para que los sindicatos presentaran un proyecto unitario sobre la acción sindical en la empresa (punto de arranque para conformar un panorama sindical auténtico y serio, en el que debatir cuestiones de interés nacional para el mundo de la producción y, en definitiva, de la economía) no ha obtenido eco entre las centrales, que, empeñadas en sus particulares intereses de captación de clientelas y aferradas a sus propias estrategias, acuden a la reunión de hoy con planteamientos enfrentados sobre cuestiones tales como la definición y facultades de los órganos de representación obrera en la empresa y la normativa electoral para cubrir dichos órganos.

La gravedad de la situación hace presagiar, incluso, a algunos miembros de determinada central que la reunión de hoy podría ser la última. Ello, además de triste, sería extremadamente grave, pues supondría una vuelta al divorcio entre la legalidad y la realidad, además de hacer imposible el necesario diálogo entre los elementos de la producción y, consecuentemente, impedir la salida de la crisis. En este supuesto, el fantasma de la involución dejaría de ser una amenaza y, a lo peor, tomaba cuerpo, dando al traste con la esperanza de normalización política.

No entiendan los sindicatos que se les pide la aceptación de los planteamientos gubernamentales con la invocación de peligros desestabilizad ores. Se trata de algo más digno y responsable por parte de los dirigentes obreros: aunar criterios y presentar a la Administración un proyecto común de actuación sindical. Si la unidad sindical es deseable y la unidad de acción ha sido posible, ahora es urgente un planteamiento unitario que fuerce al Gobierno a dictar una normativa sindical que, definitivamente, adecue la legalidad a la realidad.

Si, como parece probado, el Gabinete Suárez no dispone de un programa claro de actuación política -lo laboral no parece una excepción-, un frente común de los sindicatos bien puede imponer la adopción de medidas que, aun transitoriamente, sirvan para cubrir el vacío sindical en que hoy se debaten los trece millones de españoles que integran la población laboral del país.