Los partidos de izquierda, las Cajas y la política económica del Gobierno

El decreto aprobado el viernes por el Consejo de Ministros por el que se regulan los órganos de gobierno y las funciones de las cajas de ahorro, con lo que ello trae, al menos en su enunciado, de democratización de los consejos de administración de estas entidades, ha sido recibido por los partidos de izquierda con la artillería pesada que estos grupos guardan sólo para las grandes ocasiones.Ni un voto mínimo de confianza ha sido ofrecido por el PSOE y PCE al intento del Gobierno de la UCD de estructurar la representatividad de impositores y trabajadores en los órganos decisorios de las cajas de ahorro, y ambos grupos se han negado. de entrada y sin encomendarse a nadie, la posibilidad de que el actual equipo económico estuviese dispuesto a poner fin a la oligarquía financiera que a lo largo de los últimos lustros ha guiado, los destinos de unas entidades financieras que acumulan unos recursos superiores a los dos billones de pesetas y que con regularidad han sido las directas culpables de los desequilibrios regionales que de forma tan alarmante existen en España.

Analizando detalladamente el articulado del decreto -que no decreto-ley- aprobado por el Gobierno, es fácil encontrar un cierto tufillo electoralista que sin lugar a dudas tiene que molestar a la izquierda, que se considera a sí misma única depositaria de los tradicionales valores capaces de facilitar el cambio económico en nuestro país y de terminar con el status privilegiado del capitalismo español.

Que el Partido Comunista denuncie violentamente los métodos antidemocráticos de una reestructuración de los órganos de gobierno de las cajas nos parece incluso bien, ya que la historia no obliga, pero que el Partido Socialista Obrero Español utilice los mismos juicios, aunque con cuatro días de retraso sobre el PCE, parece, cuando menos, incongruente, ya que en este caso la historia pesa y los dirigentes del PSOE deberían haber ,recordado que el Estatuto de Cajas de Ahorro actualmente vigente data de marzo de 1933 y que precisamente dichos estatutos vieron la luz mediante un decreto firmado por el entonces ministro de Trabajo, señor Largo Caballero, y fue respaldado igualmente por el Consejo de Ministros presidido por Manuel Azaña. siendo presidente de la República el señor Alcalá Zamora, todos ellos demócratas y habituales usuarios de la fórmula del decreto.

Otra de las fórmulas contempladas en la reforma de los consejos de administración de las cajas ha sido la del sorteo para elegir una asamblea de corripromisarlos cuyo número estuviese en relación con el de impositores de cada caja. Tal medida ha sido tachada de franquista e injusta. Las contrapropuestas ofrecidas por el PSOE y PCE han sido las de elección de miembros de una asamblea jeneral de la Confederación de Cajas de Ahorro. Lo que se les ha olvidado a los miembros de los grupos parlamentarios de ambos partidos es la fórmula para arbitrar unas elecciones en las que se vería afectado el 98 % de las familias españolas, o lo que es lo mismo, 27 millones de impositores.

La oposición tanto del PSOE y PCE a ciertas medidas que está adoptando el, actual equipo económico del Gobierno reflejan, fuera de la simple anécdota, el seguimiento de una política económica por parte de los dos máximos responsables de dicho equipo, Enrique Fuentes (independiente) y Francisco Fernández Ordoñez (socialdemócrata), que tiene muy poco que ver con una gran parte de la masa electoral de la UCD y que entra de lleno en las premisas económicas de los partidos de izquierdas.