Vida privada, eschuchas telefónicas y servicios de informacion

LOS ESPAÑOLES vamos a tener derecho próximamente a la inviolabilidad de nuestra vida privada. Ha sido un portavoz oficial de la Presidencia del Gobierno quien ha anunciado la buena noticia, que debe colmarnos de satisfacción. El suspiro de alivio de 36 millones de personas que no tenían vida privada jurídicamente reconocida e inviolable ha debido ser directamente proporcional a una historia de cuarenta años o veinte siglos de carencia de tan elemental derecho.El tema ha saltado a la luz pública merced al turbio problema de las escuchas telefónicas. Tema que no es privativo de España, desde luego, pues aparece en las páginas de la prensa occidental con lamentable fuecuencia. Recientemente, otro portavoz de Presidencia afirmaba que el asunto debería ser regulado porque dados los adelantos técnicos en la materia «cualquier ciudadano podría controlar las conversaciones telefónicas de otro cualquiera». ¡Caramba!

Sin embargo, en todas partes del mundo, y España no es una excepción, quien interviene preferentemente los teléfonos de los ciudadanos es precisamente el Gobierno, o, mejor dicho, la Administración. El caso de las escuchas telefónicas de particulares se reduce al nivel simple del delito común -el más frecuente el del espionaje industrial- cuyo tratamiento legal es relativamente sencillo. Basta tipificar el delito y castigarlo con las penas adecuadas.

Pero la cosa se complica cuando son funcionarios del Estado quienes efectúan estas intervenciones telefónicas. Intervenciones que sólo en casos muy concretos podrían estar justificadas, y sólo mediando la decisión de un juez.

Pero, dada la sencillez oficialmente reconocida y la impunidad de los procedimientos técnicos empleados, los escuchas tienden a extenderse, nos tememos que sin límites.

La centralización de los servicios telefónicos de los países en compañías nacionales, controladas por el Poder y la clandestinidad de estos procedimientos facilitan su utilización por los diversos servicios de información con una frecuencia directamente proporcional a su impunidad. De hecho, son los Gobiernos en todo el mundo quienes se muestran más proclives a la utilización abusiva de las escuchas telefónicas. El presidente Suárez, que en su día ocupó el cargo de delegado del Gobierno en la Compañía Telefónica, está sin duda en situación privilegiada para conocer bien la magnitud del problema en el caso español.

Lo más frecuente es también que no sean los propios Gobiernos los más culpables, a no ser por tolerancia, o mejor dicho por «no beligerancia», con relación a sus múltiples y diversos servicios de información. Son estos servicios, las policías oficiales o paralelas, quienes usan y abúsan de estos procedimientos ambiguos, que rozan la delincuencia común. Para estos casos, para frenar estos excesos, en los países civilizados y democráticos se utilizan varias loluciones, casi todas ellas basadas en el poder de control de la autoridad judicial y de los parlamentos.

Sólo un juez, nunca un ministro y mucho menos un comisario o eljefe de un servicio de espionaje,debe poder dar permiso para intervenir un teléfono.

Ante la noticia de que el Gobierno prepara una ley que garantice la inviolabilidad de la vida privada, las reflexiones se acumulan: en primer lugar, este debe ser un derecho inscrito en la Constitución, que en su día será aprobada por las Cortes. Aunque el tema de las escuchas telefónicas sea regulado por una ley de rango inferior. En segundo lugar, es el Gobierno, sus servicios de información, quienes deben dar el primer ejemplo. Señor presidente: no necesitamos proyectos de ley. Bastaría con que diera usted la orden de que por el momento no nos escuchen más.