La Constitución reducirá los poderes del Rey
La Constitución que ha comenzado a elaborar el Congreso de Diputados incluirá, a juzgar por la actitud de los partidos representados en la ponencia, que se reunió por primera vez el pasado lunes y que hoy proseguirá sus trabajos, una reducción en las atribuciones del Rey, según las informaciones recogidas por EL PAIS en fuentes parlamentarias oficiosas bien informadas, a pesar del silencio mantenido por los ponentes y que, probablemente, hoy se decida romper.
La reunión citada, a pesar de la cordialidad con que se desarrolló, según el presidente de la Comisión Constitucional, Emilio. Attard, registró duros enfrentamientos entre las posiciones de Unión de Centro Democrático y de los restantes partidos, si bien las discrepancias se polarizaron de diferente manera, de acuerdo con los temas tratados. El propio representante de Alianza Popular. Manuel Fraga, mantuvo una actitud que, en algunos casos, se alineó con las posiciones más progresivas de la ponencia.En todo caso, uno de los puntos importantes sobre el que parece existir consenso entre los distintos grupos parlamentarios representado en la ponencia es el del nombramiento del presidente del Gobierno, cuya elección, por representación mayoritaria de las Cámaras, sería refrendada por el presidente de las Cortes sin que el Rey pueda negar su beneplácito, si es que prospera este criterio inicial.
El tema más sobresaliente en el primer debate sobre la Constitución fue el de la forma de gobierno. Mientras que UCD intentó que, desde el primer artículo se aludiera a la Constitución de la monarquía democrática y social, la mayor parte de los restantes ponentes prefirieron que el texto constitucional se refiriera a la Jefatura del Estado, sin prejuzgar su investidura, a fin de no entrar necesariamente en el debate sobre la forma de gobierno, en cuyo caso al menos el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y otras fuerzas de izquierda mantendrían su criterio -aun a sabiendas de que no va a prosperar- favorable a la forma republicana.
Respecto a las atribuciones de la Jefatura del Estado, los ponentes de izquierda, y concretamente el PSOE, defendieron un recorte drástico de las atribuciones de su titular, en oposición a las propuestas de UCD, que, según nuestras fuentes, dibujan más una monarquía presidencialista que constitucional.
Sobre el carácter revisable del texto constitucional, UCD mantuvo que algunos temas fueran intocables, entre ellos la forma monárquica de gobierno, a lo que se opusieron prácticamente todos los demás ponentes, incluido el señor Fraga, quien señaló que la Constitución debe adaptarse a los tiempos en todos sus puntos.
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Hacia una Constitución breve y cerrada
(Viene de la página primera)La extensión de la Constitución fue otro de los temas debatidos y polémicos. Mientras que UCD prefería un texto breve en el que la enunciación de los derechos ciudadanos, las autonomías y otros temas políticos fundamentales se enunciaran sin entrar en detalles, los sectores de izquierda se mostraron partidarios, aun sin defender una gran extensión de la ley, deuna suficiente especificación de las grandes cuestiones políticas que afectan a los ciudadanos y a las instituciones del Estado, así como a la estructura territorial del mismo.
Una de las materias que suscitó controversias en el seno de la ponencia constitucional fue su carácter abierto o cerrado. La decisión mayoritaria que se acordó fue que se trate de un texto cerrado, es decir, una única ley con rango constitucional, a diferencia de las todavía vigentes Leyes Fundamentales franquistas. En este punto, el discrepante fue Manuel Fraga, quien defendió una Constitución abierta, basándose para ello, entre otros argumentos, en un artículo publicado en EL PAIS el pasado 30 de junio por el letrado de las Cortes Francisco Rubio Llorente (del PSOE), en el que, analizando los diversos modos de hacer una Constitución, señalaba sobre la fórmula franquista: «Aunque este último ejemplo invita poco a la imitación, creo que hay razones abrumadoras para pensar que en las circunstancias actuales éste debería ser el modo de proceder. »
La ponencia que hoy, a las diez de la mañana, proseguirá los trabajos legislativos preliminares sobre la Constitución, está integrada por Miguel R. Herrero de Miñón, José Pedro Pérez Llorca y Gabriel Cisneros (los tres de UCD); Gregorio Peces-Barba, del PSOE; Jordi Solé Turá, del PSUC, comunista; Manuel Fraga, de Alianza Popular, y Miguel Roca Junyent, de la minoría vasco-catalana.
Sobre el pacto de silencio en torno a los trabajos de la ponencia constitucional, hoy puede replantearse el tema, a instancias especialmente de los ponentes de izquierda, concretamente el comunista Jordi Solé Turá y el socialista Gregorio Peces-Barba. Según recoge Cifra de fuentes que califica de fidedignas, fue este último diputado y el representante de la minoría vasco-catalana, Miguel Roca Junyent, quienes se opusieron a la propuesta de silenciar la marcha de los trabajos de la ponencia.
En todo caso, según pudo saber EL PAIS de fuentes de entera solvencia, no se produjo votación, contra lo que se ha publicado en algún medio sobre este tema, si bien el compromiso fue aceptado por todos los ponentes.
Fuentes oficiosas próximas a la Mesa del Congreso nos manifestaron ayer su discrepancia con la decisión adoptada, al tiempo que aseguraron tajantemente que las reuniones de la Comisión Constitucional de la Cámara baja se celebrarán en presencia de los periodistas. Respecto a la decisión de guardar silencio sobre los trabajos de la ponencia, las mismas fuentes consideraron conveniente que sobre los citados trabajos se informe a la opinión pública.
Sobre el plazo que tardará en tramitarse la Constitución, la sorpresa registrada en algunos medios parlamentarios por la afirmación del presidente del Congreso, Fernando Alvarez de Miranda, de que podría ser de dos años, encontró ayer reflejo en Antonio Hernández Gil, presidente de las Cortes -figura cuya supresión fue precisamente solicitada ayer por el grupo de senadores progresistas y socialistas independientes-, quien declaró a Radio Nacional que existe el propósito y la necesidad, social y política, de «contar con una Constitución en el plazo más breve posible».
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