El abandono del patrimonio artístico

El país reacciona ante los problemas del patrimonio artístico sólo cuando suenan las voces de socorro. Cuando parece que se cae la catedral de Burgos, cuando se descubre una obra de arte, exportada no se sabe cómo, en América; cuando se produce un descalabro tan grande como el de la catedral de Oviedo.Hora es que se deje esa actitud hipócrita y nos hagamos colectivamente conscientes de un problema mucho más grande y de más amplia dimensión: el gran abandono en que se encuentra, la parte del Estado y de la sociedad, nuestro extraordinario patrimonio artístico, y la absoluta necesidad de que reciba una atención y una protección de la que hasta ahora ha carecido.

Los que se rasgan las vestiduras cuando sucede una catástrofe como la de Oviedo tienen, en un sentido, plena razón. Es inadmisible qué tesoros de esa categoría, aún más artística que material, con ser ésta importante, no estén al abrigo de daños o de delincuentes. Delincuentes dos veces culpables, por lo que atentan a la propiedad ajena y por el daño que hacen a la comunidad empobreciéndola en su patrimonio colectivo. Pero ¿qué se ha hecho previamente para evitarlo? Conviene plantear el problema en toda su crudeza y no contentarse con las siempre fáciles acusaciones o lamentaciones tardías.

El problema es que sin una eficaz actuación del Estado y sin una delicada colaboración de la sociedad entera es imposible conservar, mantener y apreciar nuestro abundantísimo patrimonio artístico.

Este patrimonio, ya se halle en manos de la Iglesia, de los particulares, o de organismos oficiales, tiene un doble valor indiscutible. Junto a su carácter de propiedad privada tiene el aspecto de patrimonio o producto de todo un pueblo, y como tal cumple una función cultural a la que no puede sustraerse. Y ese doble carácter implica un tratamiento especial que es el que, sistemáticamente aplicado, puede preservarlo para los siglos sucesivos.

Ese tratamiento lleva consigo una nueva actitud que desde hace años venimos postulando un, cada vez más numeroso, conjunto de personas -escritores, periodistas, artistas, profesores, arquitectos, etcétera-, pero que no ha recibido todavía la respuesta adecuada, ni del Estado ni de la sociedad española.

Algunos organismos del Estado, como la Dirección General de Bellas Artes, u otros departamentos, han luchado con la incomprensión y la tacañería que les han negado la dotación y los medios para atender a algo tan insustituible, tan valioso y hasta tan rentable como es el patrimonio cultural español. Pero en esta lucha han tropezado con la escasez de recursos, la falta de sensibilidad o sencillamente la falta de cultura de órganos más responsables y poderosos. Ante ello han vivido siempre en una situación de estrechez, de penuria y de abandono que no les ha permitido hacer frente al gran tema de la defensa, promoción y utilización cultural del patrimonio histórico-artístico, y han tenido que ver impotentes, cómo se producían los daños, cómo se consumaban los expolios, o cómo no se frenaban los abusos de otras autoridades o de los particulares.

De otro lado, la sociedad española tampoco ha estado a la altura que de ella se podía esperar. Bien es verdad que han surgido asociaciones o fundaciones que han hecho lo que podían. Pero han sido pocas y pobres para lo que la sociedad podía y debía dar y exigir. Habrá que achacarlo a la falta de nivel y preocupación cultural o al egoísmo, pero también a una legislación insuficientemente protectora de esa labor, a una torpe actitud fiscal que ha negado a esas actividades el trato de favor que reciben en los países civilizados, de nuestra historia cultural, y que han ido hasta borrando, en la práctica y por disposiciones posteriores, los beneficios, ya escasos, que la sabia ley de 1933 consiguió introducir para la defensa de la cultura.

Nuestro patrimonio artístico es uno de los más importantes de Europa y una de las grandes riquezas. de España. Como creación de la cultura hispánica a través de los siglos, pertenece a los pueblos de España, e incluso al acervo cultural de Europa y del mundo; lo recibimos de otras generaciones y lo debemos usar, conservar y estudiar para transmitirlo, en las mejores condiciones posibles, a las generaciones que nos van a suceder. Su derroche o su deterioro es una grave responsabilidad ante la historia y la cultura, y hay que decir, serena, pero claramente, que estamos incurriendo en ella. En todo lo que va de siglo, a pesar de los esfuerzos hechos por algunos y de las muchas normas dictadas, nos tememos que el saldo es profundamente negativo. El patrimonio se ha deteriorado. Las ciudades históricas no han sido respetadas, los viejos cascos han visto alterado su ambiente y su carácter, los pueblos y la arquitectura popular han sido maltratados, nobles edificios y aun barrios enteros han desaparecido, sin que nadie los haya defendido; jardines históricos han sido destruidos, iglesias y lugares de culto de pueblos, hoy casi abandonados, yacen en la ruina y el olvido, yjoyas, tallas, cuadros y otras obras de arte han sido vendidos con desconocimiento o desprecio de las normas que intentan defender los derechos de la comunidad.

Aunque somos bastantes los que desde hace mucho tiempo hemos pedido responsabilidad al Estado y a la sociedad ante esta situación, han sido muchos más los sordos a estas llamadas, o los que han despreciado este lujo de la conservación y cuidado de ese patrimonio.

Para conseguir cambiar esa situación hemos dicho, muchas veces, que era indispensable, como primera medida, la creación de un Ministerio de Cultura. Tras clamar durante años por él, al fin existe y en él tenemos puesta una gran conflanza. La tarea de ese Ministerio es enorme y trascendente. Es obvio que la conservación del patrimonio artístico es sólo una de sus facetas. Pero en España, por su abundancia e importancia, es una faceta muy notable. En sus pocas semanas de existencia ha demostrado a través de sus representantes más calificados, una indudable sensibilidad para el problema y eso nos hace concebir grandes esperanzas.

Pero la tarea es gigantesca, y no sólo del Estado, sino también de toda la sociedad, de todos los españoles, que deben sentirse llamados a participar en la conservación y disfrute de lo que de alguna manera es de todos: del patrimonio cultural de todo un pueblo. Y es no sólo del Ministerio de Cultura, sino también de otros departamentos y especialmente del de Hacienda.

En un momento de reforma fiscal nada sería más erróneo, más perjudicial y más empobrecedor que olvidar la función que cumplen los objetos artísticos, su doble carácter de propiedad privada y de función pública, y tratar a esos bienes como si fueran objetos privados e indiferentes para la colectividad. Y al contrario, una política fiscal inteligente y culta es el mejor apoyo para la conservación de ese patrimonio y para el encauzamiento de muchas fuerzas sociales por ese camino, que colabora así con el Estado en el mantenimiento y difusión del tesoro artístico.

El reto está ahí. Es el momento y la ocasión histórica. Por primera vez tenemos, simultáneamente, un Ministerio de Cultura y la oportunidad de una reforma fiscal que pretende una mayorjusticia social, mejor calidad de vida y una sociedad moderna en la que la cultura alcance el nivel que le corresponde. Es el momento de conseguir, entre todos, una. legislación de verdadera protección del patrimonio artístico y cultural que haga imposible, o muy difícil, que vuelvan a ocurrir sucesos como el de Oviedo. Se trata de remediar a tiempo par a no tener que lamentar cuándo ya se ha producido el daño.