"La «ley de la selva» la razón al más poderoso"

Antonio García Pablos, abogado de profesión, ha sido el primer presidente del Consejo de Consumidores, que fue un organismo asesor de la Administración dependiente del Ministerio de Comercio, cargo del que dimitió a los seis meses de haber sido designado. En la actualidad es el presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), de la que es también promotor. La OCU es uña asociación no gubernamental, privada, para la mejora cualitativa y cuantitativa de las condiciones de vida de los consumidores y usuarios de toda clase de bienes y servicios.

En este problema del pan, el señor García Pablos ha presentado en nombre de la OCU una denuncia en el Juzgado de Instrucción número diez de los de Madrid por un delito de estafa, aumento indebido de precios y coacción al consumidor, contra los fabricantes. Además, como experto en temas de consumo, ha sido consultado por la Administración sobre algunos aspectos de la crisis.EL PAIS. ¿Cómo ve usted la situación actual del conflicto del pan?

ANTONIO GARCIA PABLOS. El problema no es nada fácil de solucionar. A corto plazo no se sabe cuál será la salida. Y ello es debido a que se ha hecho un problema de orden público de los que o bien es una cuestión de juzgado de guardia -porque se ha infringido el código penal- o porque es una cuestión de economía de mercado, puramente técnica, y por tanto las partes han de negociar sin coacciones ni amenazas, sobre todo cuando, como en este caso, resultan perjudicadas terceras personas, es decir, el consumidor. Sin embargo, a estas alturas el tema se ha politizado, tanto por parte de los fabricantes como por parte de la Administración, al haberse hecho objeto de varias competencias de esta última, sobre todo de la de Gobernación.

EL PAIS. Los fabricantes son los promotores y protagonistas de este conflicto, ¿cuál es, en su opinión, la parte de responsabilidad de este sector en el problema?

AGP. La postura de los fabricantes de pan en este asunto me parece absolutamente intolerable, por las mismas razones que también me parece intolerable la postura de los fabricantes de cualquier otro artículo de primera necesidad que deciden por sí mismos su producción o no producción. Nadie puede imponer a otro su propia voluntad en la producción de artículos de primera necesidad. La ley de la selva, que es la que han empleado los productores de pan, no es sistema, porque da siempre la razón al más poderoso. Pero no hay que olvidar que la misma culpa que tienen los empresarios del pan la tienen también en otro orden de cosas, aunque siempre relacionadas con el perjuicio al consumidor, los empresarios del transporte, hostelería, café... De cualquier manera, las medidas que han tomado los empresarios del pan -rebajar el peso y subir el precio indebidamente- entran dentro de la órbita de lo penal, por lo que no es extraño que se hayan presentado contra ellos varias denuncias.

EL PAIS. ¿Cómo ve planteado usted el tema desde el punto de vista de la Administración?

AGP. La Administración no está libre de responsabilidad en cuanto que debía haber previsto estas situaciones o, mejor, evitarlas, y ya que se ha llegado a ellas, no debía haber dejado el mercado de pan desabastecido. Quizá porque los empresarios de pan se creían fuertes, apoyados por las estructuras de una situación anterior (nunca ha actuado el Gobierno contra ellos) y porque la Administración no esperaba estas consecuencias tan funestas, el problema no se ha resuelto con celeridad y eficacia suficiente. Por otra parte, da la impresión que la Administación no actúa con la suficiente coherencia entre los diversos órganos competentes que llevan este asunto. Fundamentalmente, este tema del pan es un problema de tensión en los precios , por lo que debe resolver se desde el ministerio o los ministerios competentes, pero no desde el ministerio de orden público. Si este problema llega a resolverse desde esta última perspectiva de orden público, se sentaría un pésimo precedente en otros sectores de empresarios que quisieran seguir el ejemplo de los panaderos.

EL PAIS. ¿Qué repercusión puede tener esta crisis del pan en un tercer sector, el más numeroso, el de los consumidores?

AGP. El consumidor, en éste, como en todos los conflictos del mismo tipo, sale siempre el más perjudicado, porque está siempre indefenso ante unos y otros y a las resultas de las tensiones entre la Administración y los empresarios. El consumidor es quien sufre ya no sólo la carencia de pan, sino también las incomodidades de las colas y los aumentos de costes de los sucedáneos del mismo. Es una contradicción que quien paga la producción y los impuestos del pan (los impuestos del pan se trasladan al consumidor; también la Seguridad Social. forma parte de los costes del precio) no pueda participar en la toma de decisiones sobre productos de primera necesidad. El único recurso que le queda es acudir a la denuncia judicial. Por otra parte, algo que me ha llamado la atención, es que ningún partido político se haya pronunciado sobre este problema del pan. Sí lo han hecho algunas centrales sindicales, a pesar de que los obreros no están implicados en el conflicto (porque los obreros quieren seguir trabajando en la producción normal de pan).