El Gobierno indio exige la fórmula de la Coca-Cola

Después de guardar su más preciado secreto durante casi un siglo, la Coca-Cola se enfrenta ahora a la exigencia de revelar la fórmula de su composición.La orden, dictada recientemente por el Gobierno de la India, pone a la empresa norteamericana en la disyuntiva de explicar cómo fabrica el famoso brebaje efervescente de color marrón o cerrar sus veintiuna plantas embotelladoras en aquel país.

Para el Gobierno indio el conseguir la fórmula puede suponer la creación de industrias nacionales con mayor número de puestos de trabajo, pero la Coca-Cola no está dispuesta a contribuir a ello, porque lo cierto es que la producción en la India es sólo un 1 % de la obtenida en los miles de plantas de Coca-Cola.

Este imperio económico, con ramificaciones políticas, se construyó precisamente en base a mantener en el más absoluto secreto la composición de esta bebida, inventada en 1886 con fines medicinales por John Pemberton, un farmacéutico del estado de Georgia.

En ese casi un siglo, la compañía Coca-Cola creció hasta contar, tan sólo en Estados Unidos, con 750 plantas embotelladoras

Pero mientras se mantiene el secreto de su composición, ya no lo es el del poder de esta empresa norteamericana que se extiende a Estados Unidos y todo el mundo.

Griffin Bell, actual secretario de Justicia norteamericano fue consejero de la firma con base en Atlanta, y Charles Kirbo, padre espiritual del presidente Carter, continúa ocupando su puesto de consejero de la Coca-Cola.

La influencia de la empresa llega anotarse en lugares tan privilegiados como la Casa Blanca, donde durante los mandatos de Nixon y Ford se consumía tan sólo Pepsi-Cola, pero con la llegada de Carter se pasó a tomar Coca-Cola, hasta en las máquinas automáticas instaladas en la puerta de la mansión presidencial para refrescar a los turistas que la visitan.

Pero incluso los políticos de otros países no se escapan a la influencia de la Coca-Cola, que recientemente confesó que en los últimos seis años realizó pagos ilegales a dirigentes y políticos extrapjeros por valor de 1.300.000 dólares.