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Reportaje:

Los pesqueros regresan a sus puertos

Mientras el ministro de Asuntos Exteriores español, Marcelino Oreja, planteaba ante la Comunidad Económica Europea el problema provocado por la ampliación de las aguas pesqueras comunitarias, la casi totalidad de las flotas de Ondárroa y Pasajes regresaba a sus puertos de origen. Rechazados primero por Inglaterra y después por Francia, los pesqueros vascos se ven ahora obligados a abandonar su último refugio del Gran Sol, al sur de Irlanda, dando por finalizada la larga marcha errante que han protagonizado en los últimos meses.Todo parece indicar que se ha alcanzado el punto crítico. A la espera tan sólo del milagro, el ambiente entre los armadores vascos es totalmente pesimista. Unos 9.600 hombres, de los puertos de Ondárroa y Pasajes, pueden quedarse muy pronto en paro total, sin contar con otros miles que van a verse afectados de una u otra forma. Dos pueblos, Pasajes y Ondárroa, dependientes exclusivamente de tradicionales recursos pesqueros y con una población de 38.000 personas, se encuentran ya seriamente afectados. Sólo el puerto de Pasajes produce en lo que se llama primera venta una cantidad aproximada de 4.000 millones de pesetas anuales. Como decía un armador: «Ondárroa puede ser subastado públicamente en el plazo de seis meses, si no se soluciona el problema.»

Desde el punto de vista social, la paralización de la flota, además de no utilizar la elevada inversión de los 6.250 millones de pesetas, valor aproximado de los 238 barcos de los dos puertos, supondrá un incremento notable de paro y colocará en una situación comprometida a aquellas empresas de infraestructura del sector pesquero como almacenes, efectos navales, fabricantes de redes, fundiciones de piezas de recambios, etcétera.

Los armadores vascos exigen la adopción por parte de la Administración española de una serie de medidas de carácter transitorio que aseguren la actividad de la flota pesquera, antes de la consecución del llamado acuerdo marco con la CEE. Los armadores pretenden de esta forma una ayuda económica que subvencione de forma prioritaria al sector. Por otra parte, el acuerdo marco trataría de asegurar la supervivencia del máximo número de barcos posibles, mediante fórmulas adecuadas de reconversión a las modernas formas de pesca. El problema para algunos de estos barcos, ya viejos, es precisamente su incapacidad de reconversión, por lo que los armadores exigen también una indemnización por desguace de 120.000 pesetas por tonelada.

El otro problema grave es la propia distribución de las 57 licencias de pesca concedidas en su día por la Comunidad, correspondientes a los dos puertos vascos. Al parecer, el Mercado Común aceptó la negociación de un acuerdo marco con la condición de que el Gobierno español pidiera formalmente las licencias de pesca. La solicitud implica el reconocimiento de la soberanía de la CEE.

Según los armadores, los barcos con licencia vienen pescando durante los últimos meses cifras que sobrepasan el doble de lo que acostumbraban a pescar en temporadas normales. De otro lado, parte de ese pescado se está vendiendo precisamente a empresas exportadoras. Las posibles consecuencias parecen fáciles de prever: el pescado puede escasear y es muy posible que a corto plazo comience a subir en el mercado. Los armadores han anunciado ya su intención de no permitir la importación, que afirman parece ser la intención de las naciones europeas, especialmente Francia.

Coruña y Vigo

Tanto en La Coruña como en Vigo, e incluso en puertos de menor importancia, como el de Marín, la preocupación es enorme en los medios pesqueros. Los muelles aparecen abarrotados de barcos que llegaron durante las últimas 48 horas desde los caladeros del Gran Sol. La inquietud se extiende también al comercio de la pesca, y saltará sin duda muy pronto a los consumidores, ya que es probable que a partir del lunes próximo no se pueda siquiera conseguir pescado fresco.Según declararon portavoces de los patrones de pesca coruñeses, la decisión de volver a puerto fue tomada el domingo pasado después de que las autoridades irlandesas apresaran a un barco de Ondárroa. A través de la radio costera, se comunicaron entre sí y contactaron con Mister Cornello Donovan, intermediario de los patrones en Castletown, quien les informó que parecía seguro que las autoridades irlandesas iban a intervenir en los próximos días. En principio creyeron que el pesquero ondarrés podía haber sido apresado dentro de las cincuenta millas, ya que les extrañaba que Irlanda rompiese la tolerancia que parecía mantener para que se pescase entre las cincuenta y las doscientas, pero ante la información del intermediario, la alarma se extendió entre las tripulaciones.

«Sufrimos una verdadera guerra de nervios y pasamos verdadero pánico, pues "resultó incluso que barcos de guerra, seguramente en maniobras, no dejaban de patrullar cerca de nosotros.» El caso es que los pesqueros regresaron a puerto y su llegada no fue precisamente bien recibida por la mayor parte de armadores, que vieron con malos ojos la decisión tomada por los patrones, y se apresuraron a acusarles de indisciplina, amenazando con desenrolarlos.

«Desde donde estaban nuestros barcos -declaró un armador coruñés- se podía luchar por la consecución de licencias, cosa que no es posible con los barcos en puerto.» Todo hace suponer que los patrones fueron víctimas de una indudable confusión a la hora de tomar decisiones. «Se nos dice ahora que obramos a la ligera -contestó un patrón de pesca-, pero no se repara en que no se contó con nosotros para nada y ni siquiera se nos informó de cuál era la situación.» En los medios laborales del mar circula la hipótesis de que el Gobierno estaba interesado en que la flota se mantuviera en sus lugares de pesca, mientras negociaba en Bruselas la concesión de licencias. Según dicha fuente, portavoces oficiales declararon ante los organismos comunitarios europeos que no podría responderse de lo que hicieran quinientos barcos con más de 7.000 tripulantes, que se verían condenados al hambre si se les prohibía pescar en sus caladeros tradicionales.

Ayer por la tarde los patrones coruñeses trataron la situación en una asamblea y acordaron presentar a sus armadores las condiciones indispensables para que puedan volver a la mar. Exigen que, en case de apresamiento del buque, el armador se haga responsable de todo tipo de sanciones que puedan recaer sobre el patrón. También que se clarifique qué debe hacerse en caso de producirse a bordo alguna emergencia (avería, enfermedad, etcétera) y piden que durante el tiempo que pueda permanecer apresado un buque, la tripulación, excepto el patrón, reciba el mismo salario que si estuviera faenando. Otra condición es que no haya ningún tipo de represalias ni sanciones por la decisión de volver a puerto y que se escuche la opinión de los patrones como técnicos de la pesca que son, en las negociaciones que puedan llevarse a cabo con el Gobierno. «Si los armadores no acceden a esto -dijo ayer por la noche un patrón a EL PAIS- no volveremos a la mar y España tendrá que pensar en que es muy probable que dentro de pocos días no haya pescado fresco. »

Según el presidente de la Cooperativa del Mar de La Coruña, Jesús Etchevers, los armadores decidieron no aceptar las condiciones impuestas por los patrones, debido a que buena parte de los puntos que contienen están ya de por sí resueltos en la actual legislación.

El conflicto, por tanto, sigue estacionario. Hoy viernes, los armadores piensan llamar a los patrones para que reciban órdenes de salir al mar y si no lo hacen podrían venir las sanciones mediante el desenrole de patrones de pesca. En medios laborales persiste la impresión de que no todos los armadores se muestran intransigentes ante la situación.

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