¿Quién garantiza la negociación obrera?
La política salarial del Gobierno supone un reto de credibilidad a las centrales sindicales. Limitar el marco de la negociación colectiva a un porcentaje de incremento salarial tope comporta la negociación de un pacto social que garantice la aceptación por parte de los trabajadores de la carga de sacrificio que a ellos corresponda, dentro del plan de austeridad que representan las medidas económicas del segundo Gobierno de la Monarquía.Las centrales sindicales, como fuerza social organizada, presentan en la actualidad una pobre alternativa al vacío sindical que cuarenta años de verticalismo han propiciado. Tan sólo millón y medio de trabajadores -sobre una población laboral de trece millones, de los cuales nueve millones son asalariados- están afiliados en la actualidad a las centrales sindicales con presencia en el mundo laboral.
En estas condiciones, cualquier negociación de las centrales -empeñadas, por otra parte, en la recuperación de un patrimonio acumulado por el verticalismo (350.000 millones de pesetas) que necesitan para su conformación en auténticos sindicatos- podrá ser cuestionada por la masa obrera todavía sin captar sindicalmente.
El próximo otoño habrán de negociarse convenios colectivos que afectan a unos dos millones de trabajadores. ¿Quién puede garantizar la aceptación obrera de la limitación salarial impuesta por el Gobierno? Las centrales sindicales, desde luego, no. Otro dato: la patronal se presenta ya unida, mientras el panorama sindical ofrece una diversidad similar a la de los partidos políticos con los que se identifican las diferentes siglas sindicales.
Dos objetivos se hacen urgentes de alcanzar en estas circunstancias: la unidad sindical, al menos en cuanto a unidad de acción, de una parte, y la definitiva solución al problema del patrimonio sindical, de otra. Las centrales, sin dinero, no pueden ofrecer a su potencial clientela laboral otra cosa que no sea ideología. Y, además de ideología, para negociar se requiere la fuerza que da el respaldo de la afiliación posible, tan sólo, desde unas prestaciones sociales que requieren una fuerte infraestructura económica. Al Gobierno, a la oposición, a los trabajadores, a la patronal y a la sociedad en su conjunto, les interesan unas centrales poderosas con alta tasa de afiliación. Para ello, la regulación de la acción sindical en la empresa y el traspaso del patrimonio sindical, son condiciones previas inexcusables.
