La agonía de la Universidad

Grupo AFE

El programa del nuevo Gobierno no se ha hecho eco, en su primera declaración, de los problemas de la educación. Es de esperar que esta cuestión sea abordada en las próximas semanas. No es el menos inquietante de todos ellos la Universidad, cuyo final de curso invita a la reflexión.

Son muchas las voces que vienen denunciando el deterioro creciente de su misión y de sus estructuras, y es, en muchos casos, visible la falta de responsabilidad de los estamentos discente y docente. No procede entrar aquí en el examen de las causas que han originado la situación en que nos encontramos. El hecho es que, en el último bienio, apenas hay facultad que haya cumplido sus programas docentes. Un año, huelga de escolares; otro, huelga de PNN. Y nadie puede garantizar que en el próximo no se produzca el paro de catedráticos y agregados. La incomprensión del franquismo hacia el quehacer universitario y el integrismo político e ideológico de muchos equipos ministeriales, al lado de la improvisación educativa de la etapa Villar, provocó, como es sabido, una intensificación de los conflictos estudiantiles y acentuó la represión y el dislocamiento de la Universidad. Las consecuencias de todo ello han sido profundamente negativas.

Demagogia y feudalismo en las cátedras

A fuerza de sufrir una autoridad represiva, los -estamentos -universitarios han tomado partido frente a todo tipo de tutela: los discentes frente a los docentes; éstos, frente a los decanos y rectores, y todos, crecientemente, frente al Ministerio La herencia de la sociedad anterior, donde la represión se entremezclaba con claras muestras de demagogia educativa, ha generado en muchos universitarios la convicción de que nadie puede pedirles cuenta de, su rendimiento y de su trabajo, como ocurre con todo tipo de trabajador. Quien lo hiciera sería descalificado inmediatamente, como un residuo más de la dictadura. Nadie se atreve, por ello, a señalar a un estudiante, a un «penene» o a un numerario que no cumple sus deberes o no desempeña eficazmente sus funciones, pero todos nos sentimos con derecho a criticar la baja rentabilidad social del «alma mater», sin creernos, ni individual ni colectivamente, responsables de esta situación.

Ministerio y profesores, todos, han abdicado de las dimensiones legítimas de una autoridad educativa basa da en el saber y en el testimonio del magisterio científico y no, por supuesto, en el privilegio de un grupo, de una ideología o de un cuerpo prestigioso. Y esta inhibición, nacida del temor a asumir la responsabilidades, a perder la imagen o la comodidad, se combina múltiples veces con formas de autoritarismo propias de una estructura docente de raíz medieval. No es difícil contemplar en nuestra Universidad -clases, claustros y despachos rectorales una curiosa y paradójica exacerbación seudo democrática con un fuerte rebrote de ancestral feudalismo de importantes sectores de los catedráticos. La forma de negociar desde los tribunales de oposiciones, el voto a favor del propio «vasallo» o del «vasallo» del colega, exigiendo o prometiendo la correspondiente contraprestación para la oposición siguiente, es una conocida prueba de ello, así como la resistencia a favor del nombramiento digital de los profesores no numerarios.

La dictadura del penenariado

La masificación de las aulas ha poblado de PNN la Universidad. En la de Madrid, esta clase de profesores tiene a su cargo, como es sabido, la mayor parte de las enseñanzas. Su presencia en las clases arroja un balance desigual, donde el activo supera fuertemente al pasivo. Sin ella la Universidad no hubiera sobrevivido los difíciles últimos años.

No obstante, en el seno de este estamento docente ha surgido también la improvisación, y no falta, sino abunda, la escasa preparación y la irresponsabilidad. Es indudablemente un resultado de la urgencia y el modo de reclutamiento dedocrático, practicado hasta ahora con la protesta exterior y la complicidad secreta de muchos PNN. La puesta en marcha del proceso de contratación, creado el curso pasado y basado, teóricamente, en un sistema de concurso público, no ha funcionado de hecho. En parte -como se ha dicho-, por el caciquismo de los jefes de departamento, y en parte -lo que no se ha señalado-, por la posición de los PNN, que en bastantes facultades tomaron el acuerdo de mantener en los puestos docentes a cuantos los venían ocupando, por este mero hecho, con independencia de su rendimiento científico. convirtiendo así en funciones permanentes los contratos administrativos temporales y falseando el sistema que ellos mismos habían reivindicado.

No es, por ello, extraño que existan, en el seno de un departamento, profesores, repetidamente suspendidos en su etapa de alumnos, en asignaturas que forman parte del mismo. Ni tampoco que tengan a su cargo disciplinas quienes son incapaces de enseñarlas con mínimo rigor y dignidad. Lógica consecuencia, por lo demás, de la penuria con que son contempladas estas plazas de PNN por el presupuesto universitario, que está provocando, cada vez con mayor intensidad, la deserción de muchos buenos profesionales de la carrera docente.

La situación trata de superarse la utopía de que todos los profesores son iguales. Bajo el «fuera oposiciones y tesis doctorales» subyace una firme hostilidad a todo tipo de control del acceso a los niveles docentes y la oculta esperanza de perpetuar el cargo alcanzado por la vía del amistoso privilegio.

Desorganización y corruptelas

No puede esperarse que, hoy por hoy, la solución de estos problemas provenga del aparato burocrático de la Universidad. Su incapacidad y desorganización para hacerlos frente son, desde hace años, suficientemente notorias. Quien por razones profesionales haya de entrar en contacto con los resortes administrativos de la Complutense sabe hasta qué punto cuanto escribo es una realidad. Difícilmente puede encontrarse un ente estatal más lento e inoperante. La existencia de una Junta de Gobierno que mantiene una fuerte lucha por las dotaciones y la distribución del presupuesto, objetivos fundamentales de ciertos decanos, parece olvidar que sus aulas han permanecido durante el curso vacías, y no se han impartido en muchas disciplinas la docencia necesaria, es una buena prueba de ello. Un órgano de Gobierno que se ha mostrado claramente incapaz de resolver el conflicto y la huelga del PNN y casi de hacerse cuestión de ella, debiera haber presentado su dimisión. Sin embargo. permanece y tolera, como en otras etapas, las corruptelas características de la vida universitaria.

También en la Universidad anida la inmoralidad bajo esta forma. A fuerza de padecerla, contemplarla y hacer su crítica, ha acabado por dejarse impregnar de ella, si es que no ha sido, en todos estos años, una de sus fuentes más vergonzantes. Se incumplen las dedicaciones e incluso las exclusivas se hacen compatibles con altos puestos en la Administración central o institucional, lo que prohibe la ley. Se abandonan las clases. Se propician las huelgas. Se sugieren aprobados generales. Se magnifican pequeños trabajos como tesis. Se nombran profesores a los hijos de los amigos o a los graduados que garantizan un nuevo perfil político a quien tiene un pasado que ocultar.

Con tales antecedentes no es fácil un buen funcionamiento de la Institución Universitaria. La escasez de efectivos resulta así un resultado de las corruptelas más que un hecho real. Cuando decanos y rectores reclaman mayor número de enseñantes, ¿han intentado previamente una redistribución de los recursos humanos de que disponen? ¿Por qué no publican el número de profesores con sus dedicaciones que tiene cada Universidad o facultad y las asignaturas a las que corresponden. para que se conozca realmente la relación profesor alumno oficial, medida en horas de docencia?

Una Universidad democrática tendrá que reordenar estas cosas y planear el mejor aprovechamiento de sus recursos humanos y materiales. Una Universidad democrática tendrá que exigir a sus alumnos el rendimiento imprescindible. Y habrá de replantearse si el gasto en muchos profesores ineficaces y en muchos alumnos que no se hacen acreedores a la ayuda pública recibida, puede justificarse en un país con un sector público tan insuficiente para satisfacer las verdaderas necesidades educativas de la sociedad. ¿Una Universidad democrática puede comportarse de igual modo que la Universidad del franquismo?