"No se puede evitar la repercusión de la devaluación sobre todos los precios"
FUENTES QUINTANA: 1. Rigor en la gestión política. 2. Fiscalidad proporciorcional a la capacidad del contribuyente 3. Lucha contra la especulación y las posiciones de monopolio. 4. Ordenación justa de rentas del trabajo 5. Esfuerzo inversor y exportador 6. Apoyo a la iniciativa empresarial 7. Aumento de p roductívidad y empeño en el trabajo_
EL PAIS: En el momento de comenzar a materializar y concretar su programa de política económica, ¿cuál es el cuadro real que presenta la economía española?E. F. Q.: La situación de la economía española se ha dicho mil veces que es grave y compleja. Grave, por la caída en la actividad económica. Compleja, porque en ella se combina la defectuosa estructura heredada delpasado con nuestro empobrecimiento brutal frente al extranjero a consecuencia de la crisis energética. Ante una crisis tan grave y compleja lo único que no puede hacerse es desconocer sus dimensiones e ignorar sus consecuencias. Hay que afrontar incluso la impopularidad por reacciones superficiales ante las medidas indispensables para sanear la economía. Ahora bien, como he repetido con insistencia, la economía española, no se enfrenta a un caos irremediable. La solución no es la mentira piadosa que se ofrece a los enfermos incurables. Al contrario, hay recursos suficientes para superar la crisis y progresar, si todos afrontamos sus, consecuencias y colaboramos en su solución. Y hablo en plural, porque el primer deber del Gobierno es informar con claridad y aportar su esfuerzo, su decisión, para negociar democráticamente con los distintos grupos políticos, las decisiones que el país reclama. Pues nadie tiene soluciones fáciles, elementales y gratuitas para salir de la crisis.
La consecuencia de esa indispensable negociación es que resulta fundamental renunciar a los privilegios. Ningún grupo social tiene derecho a una situación preferente queje coloque en ventaja respecto de los demás. Hemos de proteger ante todo, dentro del esfuerzo común, los intereses de las clases más modestas y rentas más reducidas.
Esta llamada a la responsabilidad no se queda, en una proclamación general, sino que tiene una. serie de aplicaciones concretas:
1. Se gestionarán con el mayor rigor los fondos de la Administración Pública atajando despilfarros al prestar con eficiencia los bienes y servicios básicos, porque el Estado ,tiene que ser sumamente cuidadoso al administrar los fondos públicos (del pueblo). De ahí la importancia fundamental de que el presupuesto del Estado sea un presupuesto transparente, escrupulosamente meditado y dirigido.
2. Las distintas rentas habrán de contribuir en función de sus capacidades, para lo cual la corrección fiscal debe ser inmediata. Es decir, debe aplicársela en este año y ampliarla y mejorarla con más tiempo para el debate y la discusión, con el fin de contar desde principios de 1978 con un sistema tributario que esté en condiciones no sólo formales sino reales, para exigir a las distintas clases sociales el cumplimiento efectivo de sus obligaciones tributarias según sus rentas y capacidades.
3. Se cerrará cualquier alternativa abierta a la especulación y al aprovechamiento de situaciones monopolíticas, contrarias a la competencia activa del mercado.
4. Se ordenarán con criterios de justicia social las rentas de trabajo.
5. Se frenará la expansión incontrolada de consumos individuales y se transferirán rentas hacia la exportación y las inversiones.
6. Se apoyará al máximo la iniciativa de los empresarios, porque es urgente resolver su delicada posición y porque ellos son el motor del sistema y la palanca básica para superarla crisis.
7. Es preciso poner el mayor empeño de todos en el trabajo, cuya productividad juega un papel decisivo y cuyo esfuerzo puede reclamarse contando con la justa contraprestación de todos los demás para constituir la democracia económica y social que deseamos.
EL PAIS: ¿Qué papel asume el Ministerio de Hacienda, que encabeza Francisco Fernández Ordóñez, en el proyecto de reforma económica?
F. F. O.: El país tiene que abordar dos cambios fundamentales: una nueva constitución política y una nueva constitución real. Esta última afecta a lo que podríamos llamar la estructura institucional del Estado, donde se orientan las llamadas libertades reales. En otras palabras, no basta una nueva constitución política . para que las rentas se distribuyan con justicia, los recursos productivos se aprovechen correctamente, o para que exista un nivel digno de servicios decorosos. En este cambio de las estructuras reales debe inscribirse coooperación previa y necesaria la reordenación del sector público y la reforma fiscal. Estos dos aspectos son la clave de mi Ministerio.
EL PAIS: ¿Creen ustedes que esta será la oportunidad para materializar esa reforma fiscal que es punto común en el programa de todos los partidos?
F. F. O.: Los españoles pagamos menos impuestos que nuestros vecinos europeos, y además no los pagamos, según criterios de justicia, sino con fórmulas arrastradas por la inercia histórica. Tampoco ha penetrado en la sociedad la idea de lo que significa como deber ético el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Yo he dicho muchas veces que antes de la reforma fiscal en el sentido clásico, era necesaria una especie de «ruptura fiscal» consistente en una sacudida moral importante que nos colocara ante un plano distinto. La supresión del mecanismo de sociedades interpuestas con fines defraudatorios y la implantación del delito fiscal como expresión de la repulsa social para las in fracciones de mayor transcendencia están en esta línea. Con la posibilidad de investigación fiscal de las cuentas bancarias, y el reforzamiento de los efectivos humanos de la inspección, lo que se pretende es iniciar un camino de seriedad y no de pura demagogia en este terreno que es por donde empieza a definirse un Estado moderno.
No podemos olvidar que el sisterna tributario cumple un papel instrumental. Necesitamos hoy más recursos para financiar una accion enérgica contra el paro, para atender necesidades clamorosas de vivienda, de educación, de servicios mínimos. Tenemos que atacar un cuadro de distribución de rentas que es radicalmente injusto. El sistema fiscal es lo que Olaf Palme llama una estructura de rectificación. Yo dliría que es, además, una de las piezas que permiten legitimar éticamente a una economia de mercado. Podemos defender el sistema le la economía libre a condición de que.funcione bajo el principio de solidaridad.
EL PAIS: ¿Cuáles han sido las razones que aconsejaron la inmediata devaluación de la peseta hace una semana? ¿Qué consecuencias seguirán a la devaluación, sobre todo para los consumidores?
E. F. Q.: El Gobierno se ha encontrado con una situación económica que no admitía demora alguna en su tratamiento y en particular con una situación exterior insostenible. España tenía un tipo de cambio de la peseta que todos (y subrayo todos) consideraban unánimemente arbitrario y sobrevalorado. Un tipo de cambio arbitrario produce cuatro efectos negativos fundamernales en una economía:
1. Frena y castiga las exportaciones disminuyendo la capacidad competitiva de nuestros empresarios en el resto del mundo.
2. Anima y estimula toda clase de importaciones.
3. Concede una prima a la especulación, asegurando su realización efectiva.
4. Es una sangría de las reservas indispensables para la continuidad histórica y los proyectos de progreso en el futuro.
Y, sobre todo, al primar las importaciones y castigar las exportaciones el arbitrario tipo, de cambio limitaba y disminuía el nivel de empleo interno y las posibilidades de la ocupación agravando el problema del paro, que es preocupación fundamental del Gobierno.
Cierto que siempre resulta impopular un nuevo cambio realista de la peseta, pero todos debemos comprender lo que se persigue con ello. El objetivo es hacer más competitivos nuestros bienes y servicios de exportación, al mejorar sus precios exteriores y, a la vez, encarecer los productos y servicios extranjeros para reducir su demanda.
De ese objetivo, propio de toda devaluación, se siguen dos consecuencias básicas:
Primera, que ha de aceptarse el encarecimiento de los bienes y servicios extranjeros reconociendo nuestro empobrecimiento relativo frente al resto del mundo, pero procurando repartirlo con la máxima justicia mediante nuestro sistema fiscal y los programas de gasto público. La depreciación es absolutamente inevitable y no cabe evitar sus repercusiones sobre iodos los precios mediante una política de subvenciones, porque entonces estaríamos imposibilitando que la depreciación ejerciese sus efectos. Pero sí deben y pueden impedirse, mediante el gasto público, repercusiones desfavorables del mayor coste de las importaciones sobre los precios de los bienes utilizados por los niveles más modestos y, sobre todo, hay que atajar toda repercusión abusiva.
La segunda consecuencia es que, para que la depreciación del cambio contribuya eficazmente a corregir nuestro desequilibrio exterior, es necesario que no reaccionemos frente al encarecimiento de precios que implica, defendiéndonos mediante aumentos de rentas y costes que busquen anular toda reducción posible de nuestra capacidad de compra en términos de los bienes y servicios extranjeros. Porque si reaccionamos así, los precios de los bienes y servicios nacionales acabarán encareciéndose tanto como los extranjeros; y entonces habremos perdido toda ventaja relativa. Por eso han de aceptar todos lo inevitable de la devaluación y la justicia social que debe encauzar sus repercusiones.
La gran novedad del programa que el Gobierno ha propuesto a este respecto va a consistir justamente en llamar a ese esfuerzo necesario a las rentas más elevadas utilizar y
la fiscalidad con la máxima rapidez y la máxima justicia, complementando y secundando las medidas de política monetaria.
El equilibrio exterior no solamente necesita la fijación de un tipo de cambio realista de la peseta, sino, como ha expuesto múltiples veces, otras acciones complementarias que se están articulando. Conozco la situación de las balanzas energéticas y agrícola que recIaman una programación a plazo medio, pero cuyo éxito sería imposible sin partir de esta flotación realista de la peseta que el Gobierno ha establecido. También es obvio que el fomento de la exportación necesita poner a punto y mejorar sus ya adecuados instrumentos actuales, pero que esta política no será factible sin fijar un tipo de cambio realista de la peseta, y que la necesaria moderación de las importaciones no podrá conseguirse tampoco sin partir de esa misma. base de un tipo de cambio realista.
Las medidas complementarias de la devaluación tratan de incorporar, por tanto, en este Caso, un comportamiento fiscal del que hemos carecido en el pasado que se considera una base indispensable para situar la ne-
"No se puede evitar la repercusión de la devaluación sobre todos los precios"
gociación de Ias rentas en un nuevo marco y en una nueva circunstancia.EL PAIS: En la declaración programática se apunta la necesidad de una política de rentas. ¿Cómo se plantea esa política de rentas?
E. F. Q.: Como me dirijo a todos y quisiera ser bien comprendido, permítame llamar a la política de rentas por una expresión menos técnica, que es la distribución del producto social, el reparto de lo que producimos entre todos los españoles. ¿Cómo debe hacerse? Ante todo de una manera justa, con una remuneración equitativa del esfuerzo de cada uno; y la manera de garantizar esa justicia es ordenar la distribución mediante una auténtica participación.
Dicho de otro modo, la política de rentas debe ser negociada entre todos, pactada y no impuesta: en una palabra, democráticamente. Como vengo repitiendo, la superación de la crisis exige la participación general en el esfurzo y eso no puede exigirse si no hay también una equitativa participación en el producto.
Al subrayar la necesidad de una política negociada entre todos, se afirma también que la distribución del producto no debe concebirse como el resultado de una lucha entre dos bandos, sino en un proceso mucho más complejo. No existen sólo en la colectividad, el empresario y los trabajadores. Hay pensionistas y jubilados, hay rentistas modestos, cuya vida depende de ahorros difícilmente creados, hay, además, una faceta consumidora en todos nosotros encarnada en las amas de casa y en sus afanes de cada día. El reparto social es complejo y el Gobierno tiene en él un triple papel.
1.ª faceta. Una información detallada, clara y neutral para que cada participante conozca las posibilidades globales, se defienda con energía, perosin recelos.
2.ª Practicar un arbitraje sereno y decidido que, si alguna vez se inclina de algún lado, sea en favor de los más débiles en la negociación.
3.ª Y, sobre todo, actuar el mismo corno eficaz redistribuidor, premiando las aportaciones al producto, compensando las situaciones inferiores y corrigiendo con sentido social las facetas negativas del sistema de mercado. No basta la justicia tributaria en los ingresos y la eficacia económica en los gastos. También la justicia social ha de presidir este último aspecto de la actividad pública.
En definitiva, la política de rentas debe ser equitativa y responder a las aportaciones de cada cual. Si no reina la justicia en el reparto, no habrá clima moral de convivencia ni auténtica participación en el esfuerzo. Y eso es indispensable para superar ahora la crisis y para seguir progresando después.
EL PAIS: ¿No creen ustedes que faltó cm la declaración del Gobierno una reférencia al empresariado más amplia? ¿No creen que es un elemento importante en el proceso de reforma y de salida de la crisis?
E. F. Q.: Quiero afirmar, ante todo, que la empresa ha estado presente en la declaración del Gobierno y en mis palabras televisadas, como es fácil comprobar. ¿Cómo olvidarla, si es el motor del sistema, si su plena activi dad es la medicina contra el paro y si su inversión es la palanca del progreso? Por eso, si no resultaron demasiado evidentes las referencias a la empresa, fue quizás por parecer nos innecesarias ante la trascendencia del sector privado.
En efecto, la empresa no es sólo un elemento importante, sino decisivo, y el Gobierno ayudará a su actividad por todos los medios, principalmente los siguientes:
1º Desbrozando todo lo que en la situación pasada era intervencionismo caprichoso o interesado, arbitrismo, coacción o trabas para la iniciativa. En aquella legislación había demás iados obstáculos para el funcionamiento del mercado, demasiado monopolismo innecesario y un interés común a veces mal entendido agarrotando el sistema. Hay que cambiar esas estructuras porque, si bien,es indispensable la protección social contra los abusos en el mercado, no es posible estrangular la fuente de las iniciativas.
2.º Creando posibilidades nuevas, comola exportación, o forzando la capacidad de compra del mercado interior, que se defenderá además debidamente contra dependencias económicas demasiado poderosas Para la potencia media de nuestras empresas.
3.º Facilitando servicios generales más eficientes, que mejoren la productividad general del sistema y, con ello, ofrezcan economías externas a los empresarios. En este aspecto hay líneas de acción tan trascendentales como la infórmación y la orientación a las empresas, las mejoras de la investigación y la técnica y, sobre todo, la propia productividad del sector público, que debe someterse a una gerencia eficaz, en la que el funcionario aparezca como cooperador del empresario y no unicamente como su fiscalizador y su adversario.
Y en todo ello, además, quiero subrayar que la pequeña y la mediana empresa merece un trato especial. No sólo por la inferioridad de condiciones en que lucha frente al mercado, sino porque en ella actúa el hombre mismo con su inventiva, su capacidad creadora y con unas posibilidades potenciales facilitadas por su flexibilidad organizativa. En la pequeña y mediana empresa existe ilusión personal y está él semillero de los grandes empresarios futuros: por eso el sector será apoyado decididamente.
Como puede verse, el Gobierno no olvida a los empresarios. Ahora bien, rechaza -como estoy seguro de que la empresa lo rechaza también- un paternalisnio mal entendido del pasado, que trataba a los empresarios como a menores de edad, cuando, en su campo de acción, se han mostrado tan maduros como el pueblo se mostró maduro en las recientes elecciones.
Hemos vivido unos tiempos de cambio profundo en los que ha tendido a extenderse una actitud hostil hacia la figura del empresario. Nuestra sociedad debe revisar esta actitud y reconocer el papel social importante que corresponde al empresario en su ámbito propio, Una sociedad moderna no puede funcionar si no acepta voluntariamente unos principios mínimos de disciplina. Debemos caminar rápidamente hacia una sociedad más próspera y más justa; pero esto sólo será posible si practicamos formas odenadas de resolución de los conflictos que no entorpezcan gravemente el normal desarrollo de las actividades productivas. La economia española necesita superar con urgencia el grave deterioro que ha venido sufriendo la productividad. Empresarios y trabajadores deben entender esto como una tarea conjunta de la mayor importancia en estos momentos, para conseguir una sociedad dinámica creadora y justa.
Creo que es desde esta perspectiva corno hay que contemplar la economía: como otra forma de creación humana. Nada grande se hará en economía (ni, por tanto, en política) si se piensa sólo en términos monetarios. Hay satisfacciones y valores más altos; motivos más poderosos para la acción. Por ejemplo, la creación de una gran firma industrial en los empresarios o en el Gobierno, la satisfacción de servir a los españoles, llevándolos hacia un futuro de progreso.
En esos valores y en esos motivos se apoya nuestra confiada esperanza. Es seguro que superaremos la crisis económica, porque hay recursos suficientes, si creemos en nuestro esfuerzo común y quelemos de verdad compartir el producto social con todos, puesto que entre todos lo producimos.
En conclusión, el cambio, democrático no vendrá del regateo, ni la inhibición, sino del esfuerzo y la confianza. Sólo así habrá cambio, pero sólo si el cambio es democrático (por todos y para todos), llegará a ser verdadera la esperanza.
EL PAIS: En la declaración programática se aludía a estímulos fiscales para la promoción de puestos de trabajo. ¿Cómo se ha planteado esta política?
F. F. O.: Existe un nivel de desempleo. producido directamente por los devastadores efectos de la inflación, pero es indudable que el modelo de crecimiento de nuestra economía ha inducido un fenómeno de paro estructural muy profundo, no fácilmente remediable en un plazo corto.
Aparte de la acción prevista a través del sector público en las zonas más afectadas, y del esfuerzo por aliviar la estructura de costes de las empresas desplazando a medida que sea posible la carga de la seguridad social hacia el presupuesto, vamos a presentar a las Cortes un proyecto de ley de apoyo fiscal al empleo donde se invierte el signo clásico de los incentivos fiscales en una dirección más coincidente con los verdaderos problemas de está hora. Según este proyecto de ley, las empresas podrán deducir de las cuotas de sus Impuestos una determinada cantidad por cada uno de los puestos de trabajo en que incrementen sus plantillas.
La relación capital-empleo en España presenta una intensidad de capital por puesto de trabajo muy elevada, y es necesario
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