Bombas contra la democracia

MIENTRAS EL proceso democrático se afianza a duras penas, mientras el pueblo español da lecciones sucesivas de serenidad, calma y voluntad democráticas, y la clase política se «recicla» en medio de maniobras, tensiones y equilibrios más o menos difíciles, el terrorismo insólito continúa. Del GARI al GRAPO, pasando por el GAPEL, minúsculos grupos de origen tan incierto como extraña composición, dan testimonio de una violencia irreductible que se niega a desaparecer.Los recientes atentados cometidos en Madrid, Barcelona y Valencia contra la prensa, el Metro, y oficinas estatales o Cajas de Ahorro han sucedido a los secuestrosy los asesinatos. Dejando aparte el caso ETA, el resto de estas acciones aparecen más como maniobras de diversión que como una rebelión. Luego se suceden los extraños comunicados, las llamadas a la prensa, los sucesivos desmentidos y esas presentaciones de sedicentes pruebas donde se niegan y se afirman estas tristes paternidades.

Una voz anónima hareivindicado, llamando a EL PAIS, los atentados del Metro madrileño, de la Caja de Ahorros y Pensiones para la Vejez, de Barcelona, y el atraco a las oficinas de pasaportes de la calle Doce de Octubre, también en Madrid. Según esta voz histérica, estos atentados serían la obra del brazo armado de la COPEL, la organización que reivindica la reforma del régimen penitenciario, y la amnistía para los presos co munes. Que a su vez amenaza con incendiar los penales de Ocaña, Carabanchel, Puerto de Santa María y Modelo de Barcelona. En realidad, es muy difícil distinguir dónde comienza la justa reivindicación y dónde termina la provocación. Es cierto que urge la reforma del régimen penitenciario español. Y que tal vez los citados penales y edificios carcelarios exijan, si no su destrucción, al menos unas profundas modificaciones que los adapten a un sistema penitenciario moderno y humano. Pero, ¿quién se aprovecha de las reivindicaciones?

Se han hecho demasiadas películas de espías y ha habido demasiados servicios paralelos en este país como para creerse a pies juntillas todo lo que el teléfono y las bombas nos cuentan. Hay que poner en tela dejuicio estas llamadas anónimas, estos papeles deliberadamente mal ortografiados, toda suerte de fotocopias pseudo políticas, que ya van cubriendo de embustes y confusión las salas de redacción. Todo se resume en una calificación, la de delincuentes, que requiere la rápida y eficaz acción de la policía y los tribunales.