Editorial:Editorial
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Un momento de esperanza

DESPUES DE ignorar durante meses los graves problemas -económicos del país, el presidente Suárez parece haberse decidido a otorgarles la atención que merecen. El nombramiento del señor Fuentes, Quintana como vicepresidente para Asuntos Económicos, la creación de una Secretaría de Estado de Coordinación y Programación, el acuerdo sobre los temas básicos que parece presidir las relaciones del señor Fuentes con el ministro de Hacienda, Señor Ordóñez, así como las prolongadas reuniones de trabajo que ambos han mantenido con sus colaboradores durante los últimos días, todo hace pensar que, por primera vez en muchos años, el Gobierno de la nación va a contar con un equipo coherente, dotado de pericia técnica y decidido a poner en práctica las medidas necesarias para enderezar una situación ciertamente crítica.Es de esperar que muy pronto, acaso hoy mismo, el Gobierno dé a conocer su declaración programática y sea posible juzgar con exactitud cuáles son sus intenciones en el campo económico. No resulta aventurado, sin embargo, adelantar una visión esquemática de las que podrían ser las líneas maestras de ese plan económico.

Las tendencias que han dominado la coyuntura económica durante el último año y medio no pueden continuar. El margen de confianza que es preciso depositar en el equipo económico del Gobierno necesitará del respaldo de enérgicas medidas en los puntos claves que hoy atenazan nuestro desarrollo. Entramos así en el terreno de la jerarquía de los fines de la política económica. Evidentemente, la inflación ocupa un lugar prioritario en esa ordenación; hay que cercenar de una vez para siempre todos los factores que contribuyen a la creencia popular de que mañana los precios serán más elevados que hoy.

Para lograr ese fin no faltarán medios. Desde el manejo selectivo del arancel hasta la puesta en práctica de una política monetaria moderada, pasando por una mayor competencia industrial y una adecuada información a empresarios y trabajadores de cuáles son los límites exactos que el estado general de la economía impone a sus pactos sobre precios y rentas, el nuevo equipo no carecerá de un arsenal bien dotado. Si en un plazo corto se lograra detener el ritmo de crecimiento de los precios, para iniciar posteriormente un descenso, la economía contaría con una base sólida para enfrentarse con el agudo problema del paro. Ambos están estrechamente ligados y, como bien saben los nuevos rectores de la economía, la inflación no soluciona el paro, sino que lo agrava. Unicamente cuando el equilibrio de costes y precios se haya restablecido, comenzarán a apreciarse sus efectos sobre la política de empleo.

Si el Gobierno capitaliza el crédito de que hoy aparece rodeado, en este terreno, los resultados en el sector exterior de una política realista podrían ser espectaculares. No nos estamos refiriendo únicamente a la buena disposición que los medios, financieros internacionales muestran ante la España de la democracia, sino á los rápidos efectos que sobre la competitividad de nuestras exportaciones de bienes y servicios tendría la moderación del actual ritmo inflacionista. Es más, un plan económico riguroso podría reducir considerablemente el margen de depreciación de la peseta, preciso para ajustar su capacidad adquisitiva; y ello aminoraría la inevitable repercusión que este tipo de medida tiene sobre los precios interiores.

Como indicábamos, no serán medios técnicos los que falten si existe voluntad política para aplicarlos. Los señores Fuentes y Ordóñez, por no mencionar el programa económico de la UCD, han insistido una y otra vez en la necesidad de realizar la reforma fiscal-, y ello no sólo como medida de estricta justicia equitativa, sino como instrumento de negociación con los sindicatos de una política de rentas aceptable para éstos. Igualmente perentoria es la necesidad de una remodelación de la actividad del sector público, destinada a racionalizar el gasto, a incrementar y modernizar su financiación, y dotarle de una estructura presupuestaria sencilla e integrada que facilite su fiscalización por el Congreso de Diputados.

El otro gran campo donde se precisarán reformas a fondo es en el del restablecimiento de los necesarios grados de competencia que la economía española requiera y que todo bizantino aparato de sectores protegidos, requisitos previos, exenciones aranpelarias y tipos de interés artificiales había enquistado en el cuerpo, esencíalmente sano, de la economía española.

En una palabra, el nuevo equipo- económico se va a enfrentar con tareas acuciantes; lo hará, sin embargo, contando con una actitud inicial de confianza por parte de la opinión pública, que más de una vez adoptará tonos críticos, a fin de que acometa una tarea difícil, pero de vital importancia para el definitivo asentamiento de la joven democracia española.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 05 de julio de 1977.

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