Adolfo Suárez aprobó la reforma administrativa por simple decreto

El Gobierno, amparándoeé en el decreto-ley sobre medidas económicas de 8 de octubre de 1976 que autorizaba la reforma administrativa, siempre que se obtuviera una mayor economía en los gastos públicos-, aprobó un real decreto «por el que se reestructuran determinados órganos de la Administración central del Estado». En la ampliación oficial de la referencia sobre lo tratado en el Consejo de Ministros no se facilitó información sobre este tema. La reunión gubernamental, presidida por Adolfo Suárez en el palacio de la Moncloa, duró poco más de una hora.

El último Consejo de Ministros del Gobierno Suárez, que finalizó su tarea un año y un día después de la designación de Adolfo Suárez en sustitución de Carlos Arias, se inició a las once y media de la mañana en el palacio de la Moncloa. Europa Press apreció, a la llegada de los miembros del Gobierno, semblantes que mostraban seriedad o preocupación, y otros que sonreían.El primer miembro del Gabinete en llegar fue el vicepresidente segundo y ministro de la Presidencia -cesante-, Alfonso Osorio. Por su parte, el hasta ahora ministro de Información y Turismo -Cargo que desaparece-, Andrés Reguera, saludó sonriente a los informadores gráficos que se encontraban en el jardín de entrada al palacio, y que no fueron autorizados a acceder al interior.

El vicepresidente primero del Gobierno para Asuntos de la Defensa, teniente general Gutiérrez Mellado -que continúa en el Gobierno-, saludó asimismo a los informadores.

Antes de que concluyera el Consejo de Ministros, la misma agencia recogió de fuentes competentes que la reforma administrativa que en esos momentos aprobaba el Gobierno estructuraría el Gabinete de la siguiente forma: un presidente, tres vicepresidentes -político, militar y económico- y los quince siguientes Ministerios: Hacienda, Interior (antiguo de la Gobernación), Cultura y Bienestar (con las competencias del actual Ministerio de Información, incluídas radiotelevisión y prensa estatal), Relaciones con las Cortes (sin cartera), Sanidad y Seguridad Social, Obras Públicas y Urbanismo, Comercio y Turismo, Industria y Energía, Transporte y Comunicaciones, Trabajo (o Relaciones Laborales), Justicia, Asuntos Exteriores, Agricultura, Educación y Ciencia y Ministerio de las Regiones.

« Reestructuración »

En todo caso, la ampliación oficial de la referencia del Consejo de Ministros, facilitada a media tarde, no destacaba ni ofrecía detalles sobre el acuerdo más importante adoptado: la reforma administrativa, denominada oficialmente reestructuración.

Sin embargo, la información facilitada más tarde -Y de la que damos cuenta en estas páginas- confirma que la disposición que aparecerá en el Boletín Oficial del Estado sobre este tema se acogerá -según anticipó EL PAIS en repetidas-ocasiones y concretamente el 2 de julio último- a lo establecido en el decreto-ley de 8 de octubre de 1976, sobre medidas económicas. El artículo 26 del citado decreto-ley precisaba: «Con objeto de obtener una mayor economía en los gastos públicos y una mayor eficacia en la gestión de los servicios, el Gobierno, a propuesta de su presidente, podrá acordar la supresión, refundición o. reestructuración de los departamentos ministeriales y de los organismos y servicios de la Administración del Estado einstitucional, cualquiera que sea el rango de la disposición por la que fueron creados o están regulados. »

Con ello se obviaba la exigencia de la ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado -artículo tercero- de que «toda variación en el número, denominación y competencia de los diversos departamentos minilteriales, y la creación, supresión o reforma sustancial de los mismos se establecerá por ley».

El decreto-ley de 8 de octubre abría la posibilidad de realizar la reforma administrativa -que el Gobierno Arias no se atrevió a afrontar- por simple decreto, con lo que se obviaba la oposición antirreformista de las Cortes orgánicas.

Una vez transcurridos casi nueve meses desde aquel decreto-ley, el Gobierno Suárez, en sus postrimerías, y cuando ya existían unas Cortes elegidas democráticámente, decidió hacer efectiva aquella delegación legislativa. El Partido Socialista Obrero Español, y concretamente su líder, Felipe González, se opuso verbalmente a este procedimiento para la realización,de la reforma administrativa, que el PSOE estimaba que debía discutirse en las Cortes. Sin embargo, a partir de la entrevista que Felipe González mantuvo con Adolfo Suárez en la Moncloa el pasado 27 de junio, y tras asegurar el señor Suárez que se trataba de una mera reestructuración interna -si bien no se suavizó en realidad el carácter de reforma profunda que al fin ha sido aprobado-, la oposición del PSOE decreció hasta hacerse prácticamente insignificante, al tiempo que los funcionarios de la Administración Pública expresaron sus protestas y el propio Gobierno se apresuró a garantizar sus derechos adquiridos.

La referencia del Consejo de Ministros -de acusadas características como de trámite- destacó varios temas relativos a los departamentos de Gobetnación, Obras Públicas y Trabajo.

En lo relativo a Gobernación, el ministro informó sobre los expedientes de declaración de zonas catastróficas. En torno a las lluvias e inundaciones en el litoral cantábrico y en la zona del río Ebro del 11 al 13 de junio, dio cuenta de los daños sufridos, que determinaron la declaración de zonas catastróficas en comarcas de Alava, Burgos, Logroño, Santander, Vizcaya, Zaragoza, Navarra, Guipüzcoa, Barcelona y Santa Cruz de Tenerife.

Por último, el ministro de Trabajo saliente presentó un informe laboral sobre niveles de desempleo en la primera quincena del mes de junio. El paro registrado, según ese informe, fue del 3,82% sobre la población activa.