Don Juan Carlos y Tarradellas conversaron durante 45 minutos

En la mañana de ayer, el Rey recibió durante 45 minutos al presidente de la Generalidad de Cataluña, Josep Tarradellas, quien iba acompañado de Carlos Sentís, diputado de Unión de Centro Democrático por Barcelona. Según informó Frederic Rahola, colaborador directo de Tarradellas, el Rey y el presidente de la Generalidad sostuvieron una conversación animada «ellos dos solos» durante toda la entrevista.

La fuente mencionada afirmó que el diálogo entre Tarradellas y el Rey había sido «perfecto sobre puntos neurálgicos». Añadió que «son probables decisiones rápidas sobre Cataluña, posiblemente por vía de decreto-ley».Frederic Rahola manifestó que, según Tarradellas, «el Rey estaba muy bien enterado de las cuestiones catalanas, lo cual motivó que la conversación se centrara rápidamente en los temas de fondo».

Respecto a estos temas de fondo no hubo posibilidad de obtener ninguna precisión. No obstante, el criterio dominante ayer en todos los medios políticos catalanes era que Tarradellas pretendía obtener el reconocimiento legal de la Generalidad como órgano del autogobierno de Cataluña por vía de decreto-ley, a promulgar antes de que se constituyeran las nuevas Cortes.

En efecto, tanto ahora como en 1931, en Cataluña se sabe perfectamente que el poder legislativo español matizará hasta lo indecible -sea cual sea la correlación de fuerzas políticas- en reconocimiento del poder autonómico catalán. De ahí el interés en obtener resultados concretos en una negociación directa y previa con el poder ejecutivo y, en definitivo, con el propio jefe del Estado, es decir, el Rey.

Una vez más, la similitud histórica con los años treinta es obvia. Se trataría ahora, como antes, de obtener el reconocimiento previo de la institución máxima del autogobierno de Cataluña, la Generalidad, para luego proceder a enmarcar el contenido de sus poderes definitivos mediante la elaboración de un estatuto de autonomía. En el período de transición, los poderes de la Generalidad serían los propios de las actuales cuatro diputaciones catalanas.

Cuestión de tiempo

El futuro estatuto de autonomía seria elaborado por una comisión probablemente establecida por los parlamentarios catalanes, para ser posteriormente plebiscitado por el pueblo catalán y finalmente discutido y aprobado en las Cortes. Para este proceso es impensable un período inferior a un año. En los años treinta el mismo proceso duró diecisiete meses y, desde luego, costó innumerables esfuerzos -particularmente a Manuel Azaña- pese a que aquellas Cortes Constituyentes se situaban marcadamente a la izquierda de las que están en ciernes.

Por todo ello, lo que más se teme en estos momentos en Cataluña es, simplemente, la remisión del tema de la autonomía a las Cortes. Dado el grado de euforia y el optimismo reinantes ahora en Cataluña, una decisión de este tipo sin antes obtener una institucionalización de Cataluña podría iniciar un movimiento popular de carácter autonomista y de alcance desestabilizador imprevisible, no sólo a nivel catalán, sino a nivel de toda España.

La negociación ahora en curso y protagonizada por Josep Tarradellas sería, pues, de carácter «institucional». Por parte catalana se limitaría a requerir el reconocimiento legal de la Generalidad de Cataluña y el beneficio obtenido por parte gubernamental sería evitar que los problemas estructurales de Cataluña pusieran en cuestión la estabilidad de la Monarquía.