La formación del nuevo Gobierno
LA DEMOCRATIZACION de la vida política y de la sociedad españolas no se va a producir de la noche a la mañana. Será un proceso más o menos rápido, pero, en cualquier caso, dilatado. Y no sólo porque todavía conservan poder, dentro del aparato del Estado, los enemigos de la soberanía popular y el pluralismo. También porque el sistema requiere un aprendizaje de los usos y costumbres democráticos y la formación de una mentalidad cívica, única manera de que la normativa legal encarne en regularidades de comportamiento y aceptación compartida de valores.La formación del nuevo Gobierno ofrece un buen ejemplo de los errores que, por acción o por omisión, derivan del insuficiente rodaje democrático de nuestras instituciones y que sólo podrán ser subsanados por una más larga experiencia y por el ejercicio de la crítica.
Es anómalo que el presidente del Gobierno haya pre sentado su dimisión al Rey antes de que se conozcan oficialmente los resultados de las elecciones y antes de que se reúnan las nuevas Cortes. La premura de esa decisión, a falta de datos electorales ciertos, podría malinterpretarse corno una maniobra dirigida a privar de operatividad ante la opinión al recuento de los sufragios realmente obtenidos por cada partido, tanto a escala nacional como en las grandes ciudades. Porque sólo después de que esa dimisión «protocolaria» fuese presentada, los medios de comunicación privados, ante el condenable silencio de RTVE, pusieron en evidencia que el partido del Gobierno había obtenido como medía nacional tan sólo el 34 % de los sufragios emitidos y porcentajes todavía inferiores en las grandes capitales. De otra parte, el respeto a las normas constitucionales habría exigido que el señor Suárez presentara su dimisión cuando la formación de las nuevas Cortes y la elección del nuevo Consejo del Reino, cuyo dictamen es preceptivo para la revocación o designación del presidente, mientras no sea modificada la legislación vigente, permitieran el normal desarrollo de los trámites previstos.
Por lo demás, las invitaciones al palacio de la Moncloa han tenido hasta ahora, como principales destinatarios, a los responsables de los diferentes grupos y partidos que, a lo largo de la campaña electoral, se arripararon bajo la figura del señor Suárez y aceptan su indiscutible liderazgo. Puede ser altamente desorientador para la opinión pública que estas charlas de familia entre amigos políticos, o entre el jefe de la coalición y sus colegas subordinados, sean confundidas con las negociaciones que, en un país democrático, suele iniciar la persona encargada de formar Gobierno con los dirigentes de otras formaciones políticas cuando aquél no dispone de mayoría parlaffientaria.
Se dirá, y con razón, que una interpretación literal de nuestra normativa constitucional permite al presidente del Gobierno formar su Gabinete y administrar el poder ejecutivo sin necesidad de refrendo de las Cortes. Pero es ya un valor entendido que el señor Suárez está dispuesto a aceptar los usos parlamentarios que hacen inexcusable ese apoyo. Tampoco se equivocarían quienes adujeran que el desproporcionado número de escaños que la ley Electoral ha dado a los votos obtenidos por la UCD sitúa al señor Suárez a unos pocos pasos de la mayoría absoluta. Pero también ese argumento toma demasiado al pie de la letra unos dispositivos jurídicos que reciben su significación de la realidad política e histórica en la que se insertan.
Porque tan cierto como que la UCD va a contar con 165 escaños en el Congreso y 106 en el Sertado es que sólo un tercio del pueblo español le ha entregado su confianza a través de sus votos. Esta mayoría relativa, suficiente para formar Gobierno en un período de normalidad, dista mucho de suministrar el masivo respaldo que las tareas del inmediato futuro -Constitución, estatutos de autonomía, plan económico, dernocratización de la vida municipal exigirían. Parece un elesnental deber democrático el que el presidente del Gobierno se interese oficialmente por las opiniones de los dirigentes del resto de las formaciones políticas representadas en el Parlamento, estudie sus ofrecimientos e incluso les haga llegar sus propuestas. Entre otras cosas, porque hay dos tercios de ciudadanos españoles que no le han votado el pasado 15 de junio; porcentaje éste que se eleva todavía más si se toman en cuenta los abstencionistas, los emigrantes y los jóvenes de dieciocho a veintiún años.
El señor Suárez tiene derecho a formar Gobierno. Pero que éste sea monocolor o de coalición no puede ser una decisión unilateral del presidente, sino el resultado de unas negociaciones con los demás partidos, de cuyos planteamientos, desarrollo y conclusiones debe estar plenamente informada la opinión pública. En este sentido, la visita del señor Carrillo al Pallacio de la Moncloa entra de lleno en los hábitos democráticos que suelen preceder a la constitución de un Gabinete. Es de esperar que no se demoren demasiado las entrevistas con los dirigentes de los demás partidos ajenos a la coalición vencedora en las elecciones, en especial la que tendrá como protagonista al señor González. Y a unos y otros cabe exigirles que proporcionen a sus respectivos electores una información suficiente de los temas tratados y de las ofertas y contraofertas eventualmente intercambiadas.
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