Vizcaya solicitará la declaración de zona catastrófica

El Gobierno Civil de Vizcaya solicitará del Gobierno la declaración de zona catastrófica para la provincia por las inundaciones sufridas el pasado día 13 de este mes, que han provocado daños que se estiman en varios miles de millones de pesetas.En los últimos días, tanto el Gobierno Civil de Vizcaya como la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao han realizado llamadas continuas a los ayuntamientos de las localidades afectadas y a las hermandades de labradores y ganaderos para que remitan cuanto antes al Gobierno Civil de la provincia la valoración de las pérdidas sufridas.

Se calcula que han resultado seriamente dañados, al menos, 35 de los 96 ayuntamientos de la provincia, calculándose los daños, en una primera estimación aproximativa, entre los 2.500 y 3.000 millones de pesetas.

Los daños producidos por las inundaciones de hace dos años (12 de junio de 1975), ascendían entonces a 2.684 millones, según datos elevados al Consejo de Ministros, que declaró zona catastrófica a Vizcaya.

En esta ocasión, las zonas más afectadas por las inundaciones han sido Guernica, Amorebieta, las localidades costeras de Bermeo -se calculan quinientos millones de pérdidas-, Baquio -trescientos millones-, Plencia, Sopelana y, fundamentalmente, la zona de Galdácano y Bilbao, en donde los puntos más dañados fueron el casco viejo y el mercado y los barrios de La Peña y Recaldeberri.

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, en una nota hecha pública ayer, estima que las ayudas del Gobierno pueden consistir en créditos totales o parciales por las pérdidas sufridas, en condiciones ventajosas; moratorias fiscales y de las cuotas de la Seguridad Social e indemnización con cargo al seguro de desempleo, por paro forzoso ocasionado por la catástrofe.

El problema se espera surja luego, con los retrasos en el pago de las indemnizaciones. Los afectados por las inundaciones de 1975 no comenzaron a cobrar las ayudas hasta noviembre de 1976. Aquel mes, el Gobierno Civil de Vizcaya repartió entre aquéllos cincuenta millones de pesetas. Hasta abril de este año no se había entregado ninguna nueva indemnización. Una orden del Ministerio de Hacienda autorizaba créditos por un valor de 1.050 millones de pesetas, con intereses del 8%.