La petición de amnistía, en consonancia con la línea del Gobierno"

«La petición de una amplia amnistía para los delitos políticos, tal y como se ha aprobado en las votaciones del Colegio de Abogados de Madrid, es quizá el tema de mayor relevancia en estos momentos, por su clara vertiente política», declaró a EL PAIS Antonio Pedrol Rius, decano del Colegio de Abogados de Madrid, tras conocer los resultados de las votaciones celebradas el miércoles en el Colegio de Abogados, sobre diversos temas de actualidad jurídica y social.

En la misma votación, en la que únicamente participó algo más de un 19 % del censo de colegiados de Madrid, se aprobó una propuesta por la que se pide la contemplación legal del divorcio, sin cortapisas al Derecho y en plano de igualdad para ambos cónyuges; otra propuesta a favor de la derogación de la institución jurídico-penal del adulterio y amancebamiento y la derogación, asimismo, de la ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (véase EL PAIS 9-6-77).Según interpretación del señor Pedrol, la aprobación de la amnistía supone, entre otras cosas, un apoyo a la política del actual Gobierno. Aunque éste practique hasta ahora una política de indultos parciales más que de amnistía, el Gobierno puede sentirse fortalecido porque esta petición se inscribe en el ámbito de unas medidas de generosidad que coincide con lo votado en el Colegio. Con esta medida, el Colegio ratifica también y aplica la línea marcada por el Consejo General de la Abogacía Española.

La tendencia divorcista expresada por los abogados madrileños indica también, ajuicio del decano del Colegio, una nueva mentalidad en este cuerpo profesional, que participa activa y comprometidamente de las preocupaciones de amplios sectores de la nueva sociedad española. El hecho, nuevo en España desde hace cuarenta años, de admitir legalmente la posibilidad del divorcio no planteará desde el punto de vista de los profesionales del Derecho graves problemas de adaptación a esta nueva especialidad. Algo parecido sucedió en la República española cuando se legalizó el divorcio. Los juristas de entonces pudieron afrontar sin dificultades más de 12.000 casos.

Entre las posibilidades de aplicación concreta de estas propuestas aprobadas por el Colegio de Abogados hay que contar con el procedimiento oficial y rutinario que se suele seguir en estos casos. Estos acuerdos los presentará lajunta de gobierno al Consejo General de la Abogacía. Si el Consejo los hace suyos, éste las elevará al ministro de Justicia. Este mecanismo se ha mostrado eficaz en otras ocasiones, por ejemplo, en el caso de la derogación de gran parte de la ley Antiterrorismo, contra la que el Consejo de la Abogacía fue el primer organismo de esta índole que se enfrentó.

Aunque el señor Pedrol se mostraba en general satisfecho por los resultados de esta votación, porque suponía un claro avance de la mentalidad media de los colegiados, estimaba que el índice de participación en las votaciones (no llegó al 20 %) había sido muy bajo.