Madrid: tres reclusos se cortan las venas ante el tribunal que les juzgaba

Tres presos comunes, pertenecientes a la Coordinadora de Presos Comunes de España en Lucha (COPEL) se han cortado las venas en presencia del Tribunal que les estaba juzgando. Se trata de Daniel Pons Martín, Carlos Iglesias Fernández y Eusebio Sánchez González, cuya causa se vela en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Madrid, en la mañana de ayer. Están acusados de un delito de robo a mano armada en la sucursal del Banco Español de Crédito en Majadahonda, Madrid.

Este intento de suicidio público, que fue realizado con cuchillas de afeitar, es el último de una serie de actos de denuncia por parte de los presos comunes, a partir de marzo de 1 977, fecha en que el decreto de indulto para delitos políticos, exacerbó las protestas que los comunes venían protagonizando en las prisiones españolas, especialmente en la de Carabanchel.Efectivamente, y tras más de cuatro años de prisión preventiva, en espera de un juicio suspendido ayer por cuarta vez, Daniel Pons Martín, Carlos Iglesias Fernández y Eusebio Sánchez, comparecían ante la Audiencia Provincial de Madrid para responder del robo a mano armada de 1. 127.800. pesetas, cometido el 22 de diciembre de 1972, en la sucursal de Banesto en Majadahonda. La petición fiscal. era de diez años de presidió para Pons e Iglesias, y seis años de cárcel para Sánchez González. El juicio comenzó con normalidad, fue interrogado primeramente Carlos Iglesias. Cuando le correspondió declarar a Daniel Pons, intentó leer un manifiesto, en que recusaba el tribunal y aducía falta de garantías durante su proceso, denunciando asímismo represalias de que había sido objeto en Carabanchel y refiriéndose a la situación de los presos, y particularmente los de COPEL. Considerada no pertinente su exposición por el presidente del Tribunal, Antonio Avendaño, fue interrumpido varias veces. En ,uno de esos, momentos de confusión, en que el procesado continuaba leyendo su manifiesto, el presidente hacía sonar la campanilla, y el fiscal -según la agencia Logos- también intervenía, los tres procesados, puestos en pie, alargaron los brazos, y, esposados como estaban, se cortaron las venas con sendas cuchillas de inyección.

Tras un momento de estupor, los procesados fueron sacados de la sala, dejando un reguero de sangre, y conducidos, tras los primeros auxilios, al Hospital Penitenciario; mientras, el centenar de asistentes, prorrumpía en gritos de libertad y fascistas, dirigidos al tribunal, hasta que la sala fue desalojada por la policía.

La revuelta de los comunes

Según ha manifestado el señor Ortiz de Urbina, defensor de Eusebio Sánchez, su patrocinado llevaba diez días internado en celdas de castigo, y provenía de la Rotonda, lugar de la prisión donde están confinados e incomunicados los presos considerados pertenecientes a COPEL. Según denuncias anteriores, estos presos están sometidos a un reglamento particularmente duro, impidiéndoseles la salida a otras galerías, con lo cual se les priva de elementos necesarios en la vida carcelaria, como es el patio, el economato y los talleres. Por otro lado, un grupo de presos, llamados a sí mismos anti-COPEL, y que al parecer son en su mayoría distinguidos con diversos servicios dentro de la cárcel, han iniciado la acción contra los miembros de la Coordinadora, apaleando recientemente a varios de ellos en la prisión de Carabanchel.Coincide la acción de estos grupos con la de la propia institución carcelaria, y con la conducta de los funcionarios respecto a estos presos, que parece destinada a la disolución de COPEL.

COPEL engloba actualmente a más de un centenar de presos, repartidos por todas las cárceles de España, aunque, inicialmente comenzara en Carabanchel. Y los hechos de ayer coronan una serie de medidas desesperadas ante una situación conflictiva y difícil.

La asociación nace de los mismos presos, sin influencia de grupos políticos ni asociaciones similares no españolas, y en torno a reivindicaciones referidas a la vida en la prisión. Tras una primera etapa de organización y coherencia, pasaron a la acción directa a raíz de los traslados de presos a otros centros penitenciarios en marzo del año pasado. Gonzalo Martínez Fresneda, abogado, declaró a EL PAIS que estos traslados, y el mantenimiento de los presos en penales como Ocaña o Puerto de Santa María, entre otros, son ilegales, pues, tratándose de presos preventivos son mantenidos en centros de cumplimiento de condena, para los cuales, es necesario pasar antes por un tribunal. La cárcel de Carabanchel es, en cambio, un centro de detención. Y los trasladados estaban todos ellos en espera de juicio.

Por su parte, EL PAIS ha podido saber que los cuarenta presos no trasladados y pertenecientes a COPEL en Carabanchel, son mantenidos juntos y aislados del resto de la prisión, en régimen muy duro, en el que se castigan hechos tolerados para el resto de los presos, como tener un transistor o tomar alcohol. En los penales en que hay pocos presos de COPEL, se les mantiene aislados entre sí (como es el caso de Cartagena).

Hay que añadir que, desde el domingo pasado, y a raíz de una ,visita del director general de Instituciones Penitenciarias al pena¡ de Ocaña, los quince presos recluidos en este penal se han declarado en huelga de hambre.