El canciller Helmut Schmidt, en el banquillo de los acusados

El Tribunal de Garantías Constitucionales, con sede en Karisruhe, Corte Suprema de Justicia en la República Federal de Alemania, ha dictado sentencia contra el canciller Helmut Schmidt, tras un largo proceso a instancias de la oposición democristiana. El tribunal estima que el entonces ministro de Finanzas y el Gobierno de Bonn incurrieron en contrafuero al destinar 4.500 millones de marcos, no incluidos en el presupuesto de 1973, a diversos capítulos sin formular consulta previa al Parlamento de la República. La Corte Suprema, cuyo principal cometido es el de velar por el cumplimiento de las leyes constitucionales, estima que Bonn cometió una grave falta al permitir que el entonces ministro de Finanzas «introdujese por su cuenta una corrección del plan económico general». Los destinatarios de esta ayuda especial fueron los ferrocarriles alemanes (1.350 millones de marcos), Instituto de Crédito para la Reconstrucción (480 millones), Asociación de Empresarios Industriales, SA (cien millones) y la empresa siderúrgica Salzgitter,SA (cien millones da marcos).El jefe de lo oposición democristiana Helmut Kohl, ha interpretado la sentencia del tribunal de Karlsruhe como «un triunfo del Parlamento y del contribuyente sobre el Gobierno». La decisión de la Corte Suprema significo que, a partir de ahora, cualquier alteración presupuestaria deberá ser sometida previamente al dictamen del legislativo. Por su parte, el Gobierno se ha justificado a través de su portavoz, Klaus Boelling, Insistiendo en que «nadie podrá atribuir a Helmut Schmidt y al Gabinete de entonces el haber destinado la suma en litigio a fines inadecuados». Según el portavoz, la ampliación del gasto se justificaría teniendo en cuenta las secuelas de la crisis del petróleo de finales de 1973.

Discrepancias en la coalición

Que tal atribución no solucionó mucho parece confirmarlo el que los ferrocarriles se hayan visto obligados a prescindir de varios miles de kilómetros en su red viaria, por resultar antieconómicos, y que los tres organismos patronales citados continúen sin resolver el problema del paro, a pesar de los privilegios impositivos y de los «estímulos a la inversión» de que disfrutan. La sentencia del tribunal de Karisruhe parece haber actuado también como freno en el Gobierno, que estudia un nuevo programa en favor del pleno empleo. Durante una sesión que ha durado todo un día, los ministros de Trabajo y Finanzas han llegado a una tensa confrontación dialéctica. El primero, Herbert Ehrenberg, socialdemocrata, ha pedido un nuevo programa coyuntural para combatir el desempleo. Su colega de Finanzas, Friderichs, liberal, es partidario de mantener la actual tónica caracterizada por la concesión de nuevos estímulos a la inversión privada. Cualquier opción de amplio alcance incrementaría, según , el déficit presupuestario, calculado en 10.000 millones de marcos.