La banca extranjera

LA PRENSA se hizo eco, recientemente, de la posible instalación en España de bancos extranjeros. Se citó, incluso, las conversaciones del presidente Suárez en Nueva York con directivos de algún banco norteamericano como confirmación de la inminente llegada de la banca internacional al mercado financiero español. A los pocos días, funcionarios del Ministerio de Hacienda manifestaban que no era probable que esa entrada tuviera lugar en 1977 y que las autorizaciones se concederían caso por caso y nunca a título general.Admitidas estas premisas, el que la existencia en España de bancos extranjeros pueda suponer una amenaza para la economía nacional o, por el contrario, constituya un beneficio, dependerá de la forma de encauzarla. Según repetidas declaraciones del Gobierno Suárez y de sus antecesores, éste es un país organizado económicamente bajo el sistema de libre empresa. Y aun cuando esta declaración es violada frecuentemente por multitud de absurdos intervencionismos del propio Estado que la proclama, lo cierto es que el principio existe y, de hecho, guía la realidad económica de numerosos sectores de una nación que se cuenta entre las doce primeras potencias económicas mundiales.

Esta última circunstancia, combinada con otras de orden político, social y geográfico, ha funcionado como incentivo para una importante inversión extranjera en España. Aun cuando haya quien lo niegue, hoy en día sectores enteros de la economía nacional están prácticamente bajo control extranjero. Llegado el caso no sería difícil probar tal afirmación. Ello no debe sorprender dado la urgente necesidad de capital y tecnología foráneos implícita en un proceso de desarrollo tan rápido como el experimentado por el país en los últimos diecisiete años, así como la liberalidad con que el legislador español ha tratado la inversión extranjera.

La banca ha constituido la excepción más patente a esta línea de actuación. Año tras año, la coalición grandes bancos-Administración ha cerrado el camino a la entrada de la banca extranjera con el mismo éxito que mantuvo el statu quo bancario desde la guerra civil hasta el comienzo de los años setenta; eficaz cerrojo a la entrada de nuevas empresas en el registro de la profesión bancaria.

Además de la defensa de sus beneficios, razón básica que legitima el sistema de mercado, no están muy claras las razones que la banca nacional puede argüir para rechazar la implantación de colegas foráneos. Aun con sus peculiaridades, la banca es una industria como las demás, guiada por el motivo del lucro pero sujeta a los intereses generales de la comunidad.

Desde esta óptica, la carga de la prueba respecto a la entrada de bancos extranjeros debería recaer en quienes se oponen a ella. Aducir que el ahorro y el crédito son demasiado importantes como para dejar su control en manos extrañas constituye un argumento muy débil. En primer lugar, la industria farmacéutica, la de alimentación o la electrónica son igual mente Importantes y nadie parece haberse rasgado las vestiduras por su intensa dependencia exterior; en segundo lugar, no parece lógico pensar que un banco extranjero va a instalarse en España y comenzar a abrir miles de sucursales para captar recursos en competencia con los bancos nacionales instalados en el país desde hace un siglo.

La clave del problema es otra. Dejando a un lado el que el Gobierno Suárez -y su sucesor- es demasiado débil económicamente para resistir la presión de la gran banca extranjera -a lo cual se añade la imposibilidad de seguir manteniendo la actual legislación restrictiva si España entra en el Mercado Común-, lo importante es que las autoridades españolas se aseguren de que esos bancos vienen a competir. La experiencia de las numerosas empresas extranjeras, instaladas en sectores fuerteniente protegidos, es que dichas flirmas, a las cuales se les asegura una renta de situación, se sienten muy satisfechas con los saneados beneficios que una falta de competencia, que no existe en sus países de origen, les asegura y, claro está, no luchan contra esa situación. Si los bancos extranjeros entran en el club de los bancos españoles, debe temerse que no muevan un dedo por instaurar la competencia que este sector necesita, nadie tira piedras contra su propio tejado.

Precisamente en función de estas consideraciones el Gobierno debería poner en práctica de fórma inmediata un bien meditado plan para instaurar la competencia bancaria, comenzando por liberalizar totalmente los tipos de interés y el acceso a la profesión bancaria. Asegurado este clima de competencia y libertad, nada tendría que temer la economía nacional de la entrada de los gigantes bancarios extranjeros, al igual que sucede en la inmensa mayoría de las economías occidentales.

Que la venida de esos bancos se rodee de todo tipo de garantías nadie lo discute; a este respecto es vital que el Ministerio de Hacienda y el Banco de España se aseguren que los bancos extranjeros instalados en el país se constituyen como sociedades anónimas sujetas enteramente al derecho común español y a la legislación financiera específica. Si así se hace, no habrá temor alguno a esa colonización financiera que tan hábilmente manejan quienes desean seguir conservando, a costa del interés general, sus privilegios particulares.