Las elecciones

Miembro de la secretaría política del comité central del Partido del Trabajo de España.Candidato al Congreso de Diputados por la provincia de Burgos por el Frente Democrático de Izquierdas.

Estamos inmersos ya en el proceso electoral que culminará el próximo 15 de junio, de cuyos resultados, la gran mayoría de los ciudadanos hacen depender la resolución de los graves problemas por los que atraviesa el país. Unos problemas que se refieren, fundamentalmente, a la carencia de un marco de libertades políticas, y a la necesaria reconversión de un modelo económico que, puesto en práctica por la dictadura, ha llevado al país a una situación de crisis permanente cuyas consecuencias, en las condiciones actuales, los gobernantes hacen recaer sobre las espaldas de los obreros, campesinos, pequeños empresarios y el pueblo trabajador.

Sin embargo, a pesar de las esperanzas despertadas por estas elecciones, no puede ocultarse que la situación actual ofrece serias dificultades para que pueda abrirse, a corto plazo, una vía de solución real a tales problemas.

En efecto, van a darse en un marco político que no ofrece las mínimas garantías de imparcialidad de los poderes políticos. Es verdad que nunca, ni aun cuando la propia ley reconoce los mismos derechos a todos los ciudadanos, puede hablarse de neutralidad real del Estado y de los gobernantes en los procesos políticos, porque el Poder siempre se ejerce en favor de alguien, clases sociales o sectores de clase. Pero en el caso de estas elecciones, hay que referirse a otro tipo de parcialidades más evidentes y toscas.

Numerosos partidos obreros y populares continúan siendo legales; los sindicatos se han viste obligados a acogerse a una ley que limita enormemente sus posibilidades de actuación, y el derecho de huelga -genuino instrumento sindical- no pueden ejercerlo libremente; organizaciones feministas, asociaciones juveniles, cívicas y populares, siguen sin ser reconocidas por las leyes... Es decir, los cauces de intervención del pueblo en la vida política para defender sus intereses, continúan cegados.

La ley Electoral decretada por el Gobierno Suárez favorece escandalosamente el triunfo de las fuerzas políticas derechistas más directamente implicadas con los intereses del capital financiero y terrateniente, de las empresas multinacionales y los Gobiernos de otros países, cuyos ojos se centran sobre España, en unos momentos en que -dentro del marco favorable que presenta una situación todavía no consolidada- todos aspiran a mejorar sus posiciones para el futuro. Y para mayor abundamiento, a fin de asegurar su triunfo, el propio presidente marcha al frente de una coalición -la Unión de Centro Democrático-, poniendo a su servicio los medios materiales y los resortes políticos y propagandísticos del Gobierno.

Mentar siquiera otros nunierosos elementos de parcialidad que enturbian peligrosamente el proceso electoral que se abre, sería superfluo porque cualquiera de ellos empalidece ante los anteriores.

El triunfo de las fuerzas más conservadoras, agrupada; en Alianza Popular y Unión de Centro Democrático, ha sido minuciosamente preparado, y es indudable que ello daría paso a una situación en nada favorable para conseguir el establecimiento de una Constitución democrática y poner en marcha las medidas de Gobierno que den salida a la crisis económica a costa, fundamentalmente, del gran capital financiero y monopolista, directo responsable de ella. La primera coalición política está constituida, en sus cabezas más visibles, por ex ministros de Franco que representan lo más retrógrado y chanchullero del capitalismo español. La segunda está comandada por el propio presidente Suárez, y, cuenta por tanto con todo el respaldo gubernamental, circunstancias que obligan a pensar en la Unión de Centro como el punto de apoyo fundamental sobre el que la gran mayoría de la banca, los monopolios y las poderosas fuerzas económicas exteriores, hacen descansar la defensa de sus intereses. Unos y otros han dejado bien patente, en sus actuaciones desde los puestos clave que han ocupado en la Administración, de lo que son capaces, y es perfectamente deducible su comportamiento futuro, dados los intereses que defienden. Más aún si se tiene en cuenta que, con unas elecciones ganadas, tendrían unas posibilidades de actuación infinitamente más favorables que nunca, al contar con el respaldo formal de unos millones de votos; algo con lo que hasta ahora no habían podido ni siquiera soñar.

Estamos saliendo de un período negro de nuestra historia, casi cuarenta años de dictadura que nos han supuesto un irreparable drenaje de energías vitales, pero (te tal forma, que las mismas fuerzas económicas que han dormido el país durante ese tiempo, están marcando el alcance y el ritmo de los cambios, asegurándose así las condiciones más propicias para satisfacer sus intereses. El problema radica en que sus intereses son exactamente los contrarios a los del conjunto de los pueblos de España. Para la clase obrera, los campesinos, la mujer y la juventud; para los pueblos de las nacionalidades que aspiran a ver reconocidos sus derechos autonómicos, hasta hoy no cumplidos; para el pequeño empresario y el pueblo trabajador, la solución a sus problemas más candentes pasa por otros derroteros.

Necesitamos una Constitución democrática, y eso significa que ha de garantizar el ejercicio de las libertades políticas a todos los ciudadanos sin discriminación, el derecho del pueblo a organizarse en forma múltiple para la defensa de sus intereses; el derecho a que se planteen las opciones políticas e ideológicas con total libertad; a que el conjunto de los ciudadanos, mediante consulta, sean quienes determinen las futuras instituciones políticas del país y la forma de Gobierno, sin que nada ni nadie, situándose por encima de la soberanía popular, pueda poner en ello vetos arbitrarios; el derecho de las nacionalidades y regiones a dotarse de órganos autónomos de Gobierno si así lo desean, pues ello, siendo justo, redunda en beneficio de la libre unión de los pueblos de España. Sólo así podrá darse fin a las discriminaciones permanentes y a las patentes de corso, práctica corriente en situaciones anteriores que aspiramos, precisamente, a superar, y la incorporación de todos los ciudadanos a la toma dedecisiones, convirtiéndose en protagonistas activos de su propio futuro será una realidad.

Necesitamos medidas de Gobierno eficaces para salir de la crisis económica sin deteriorar aún más la situación de las clases trabajadoras; medidas que inequívocamente suponen el control de la banca y los monopolios y la reforma fiscal que extraiga los fondos públicos, fundamentalmente de los sectores acaudalados. Porque sólo con unas medidas de este tipo será posible no sólo impedir el empeoramiento de las condiciones de vida del pueblo trabajador, sino mejorar sustancialmente los ingresos de los obreros y los campesinos, abordar la solución del problema del paro, y sentar las bases para la remodelación del modelo económico.

Las próximas elecciones van a ser una batalla desigual, no ya porque las fuerzas democráticas, obreras y populares están sometidas a severas restricciones en su actuación, y cuentan con una disponibilidad de medios irrisoria, comparada con el derroche del que están haciendo gala, ya desde hace meses, las derechas más conservadoras, sino porque en una situación tan desfavorable, esas fuerzas no hayan sido capaces de unirse en un frente democrático electoral común, única forma de cerrarle el paso a quienes han venido haciendo de este país coto privado durante los últimos cuarenta años. Una vez más, la ocasión se ha perdido; el sectarismo y la mezquindad han vuelto a imponerse sobre el interés supremo de dar una salida posible y realizable que abriera el camino para satisfacer las asociaciones populares.

Pero, a pesar de todo, la batalla electoral sigue revistiendo una gran importancia. No será posible desbancar a la derecha, porque las fuerzas democráticas, en su gran mayoría, han renunciado a formar ese frente común; pero sí podrá llevarse hasta las Cortes a hombres y mujeres que defiendan desde ellas los intereses de las clases trabajadoras y de los pueblos de España. Será posible si las masas obreras y campesinas, la mujer, el pequeño empresariado, la juventud, todo lo que conforma la mayoría, los sectores más oprimidos, apoyan con su voto a aquellos que, lejos de presentar opciones ideológicas abstractas o utopías sin sentido, ofrecen soluciones políticas y económicas materializables de inmediato y en forma satisfactoria a los intereses de las masas trabajadoras. Conseguir llevar hasta las Cortes a esos representantes populares será una pequeña victoria de las fuerzas democráticas y progresistas; las fuerzas económicas que han venido dominando a nuestro pueblo, continuarán haciéndolo, pero ya no podrán gobernar de la misma manera. Habremos comenzado a ganarles terreno, y eso, hoy, resultará enormemente positivo. No tanto porque los diputados que defiendan los intereses populares vayan a convencer con sus propuestas y argumentaciones a los representantes de la banca y los monopolios que, por el contrario, bostezarán de aburrimiento bien arrellanados en sus sillones parlamentarios. Sino porque sus palabras se escucharán en toda España, y, convertido el viejo edificio de la Carrera de San Jerónimo en cámara de resonancia, llegarán a miles de hombres y mujeres sacudiendo sus conciencias. Ese es el primer paso para poner en movimiento a un pueblo; la liberación de las masas oprimidas por el gran capital, es una batalla prolongada, y el futuro es nuestro.