Los afiliados a la "Obra 18 de Julio", sin asistencia

El Instituto Nacional de Previsión está anunciando a los afiliados de la Obra 18 de Julio la rescisión obligatoria de los contratos que les unían con los servicios asistenciales de un organismo que teóricamente depende, desde 1971, de la Seguridad Social. Con estas medidas, y dado que no se han arbitrado otro tipo de asisteiricias inmediatas, el INP deja desasistidas a un buen número de personas que desde los tiempos del Movimiento Nacional habían elegido el citado organismo (o habían sido obligados a integrarse en él) para poder disfrutar de unos servicios sociales y asistenciales. Tanto en Madrid como en distintas provincias la medida ha producido reacciones en contra que, según los casos, van a contratarse en acciones de protesta y de planteamiento de alternativas a tal medida.Este malestar se ha manifestado especialmente en los jubilados adscritos a la Obra Asistencial 18 de Julio, quienes en Madrid han programado para mañana, lunes, una manifestación delante del edificio del Instituto Nacional de Previsión.

El problema de los afiliados a la Obra 18 de Julio, cuya incorporación total a la Seguridad Social se ha retrasado más de lo marcado por la ley, por razones burocráticas, y que ha prodiacido el consiguiente perjuicio para los asociados, se había visto agravado en los últimos tiempos a causa de que debían hacer efectivas sus cuotas -cuyos totales oscilan entre trescientas y seiscientas pesetas- en una sola oficina de Madrid (cerca de Legazpi), por no estar admitido domiciliar el pago en ninguna otra agencia del Instituto, entidad bancaria o Caja de Ahorros.

Parecido problema se ha planteado en la incorporación del personal no sanitario de la Obra del 18 de Julio, personal que debía haber pasado, según la ley, a depender del Instituto Nacional de Previsión. Desde el 1 de abril de 1971, fecha en que por decreto ley se integré la Obra del 18 de Julio en la Seguridad Social y en el que se daba un año de plazo para su cancelación total, el personal no sanitario de estos centros se vio particularmente perjudicado, ya que carecía de bases o estatutos y el INP no ha sabido cómo integrar a estas personas, que se han visto perjudicadas.

A finales de febrero de 1977 el personal no sanitario todavía no estaba integrado en la plantilla del INP a pesar de sus múltiples peticiones de incorporación. El personal no incorporado había denunciado también que la absorción total había reportado hasta entonces tres problemas concretados en una determinada clase de enfermos, generalmente los incurables, en la carencia de asistencia social y en la escasez de medios.

A estos centros llegaban en su inmensa mayoría los enfermos que se consideraban sin posibilidad de recuperación o bien los que tenían problemas socioseniles. La concentración de este tipo de enfermos producía serias dificultades al personal, máxime cuando los centros carecían de asistentes sociales, cuyas funciones las asumía por motivos humanitarios el personal no sanitario.